No ha terminado de transcurrir el primer mes del año, y ya un informe sobre femicidios -registrado por el Observatorio Mumalá- da cuenta de la existencia de 23 casos durante el 2021. Asistimos a un femicidio cada 22 horas, los cuales en un 76% fueron perpetrados por parejas o exparejas de la víctima. A su vez, el 63% de estos crímenes fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en vivienda compartida. A estas cifras alarmantes se le suman 16 intentos de femicidios en todo el país.

Existe un hilo de continuidad con el 2020 en esta materia, año en el cual se llevaron adelante 192 movilizaciones por justicia al grito de “paren de matarnos”. El confinamiento, sumado al incremento de la carestía, convirtió al hogar en una verdadera cárcel para las mujeres que padecían violencia de género, dando lugar a que se ejecutaran 298 femicidios (a razón de 1 cada 29 horas), según un informe del Observatorio “Ahora que si nos ven”. En un 44% fueron llevados a cabo por parejas de las víctimas, mientras que el 20,5% por ex parejas. Al igual que este año, el grueso de los asesinatos sucedieron al interior de la vivienda de la víctima (en un 65,1%). Las provincias que encabezaron el ranking de crímenes por motivo de género durante el 2020 fueron Jujuy, donde se registraron 4,37 casos cada 100 mil habitantes mujeres, y Santa Cruz, donde se presentaron 3,76 casos cada 100 mil habitantes mujeres.

Revictimización y encubrimiento estatal

Un aspecto contundente que pone de relieve la responsabilidad del Estado en los femicidios, es el hecho de que en muchos de los casos las víctimas habían denunciado previamente al agresor, sin que esto redundara en una verdadera protección de las mismas, y de esta forma, poder evitar un desenlace fatal. En el 2020, 54 de las mujeres asesinadas habían hecho la denuncia, mientras que 19 ya tenían medidas judiciales. Este año, el 19% de las mujeres víctimas de femicidio ya habían realizado la denuncia.

Evidentemente, todos los dispositivos estatales destinados a “abordar” la violencia de género, no tienen la finalidad de brindarles una asistencia real a las mujeres, sino depositar la responsabilidad en la víctima a través de herramientas que se han mostrado inocuas a la hora de evitar femicidios, tales como las órdenes de restricción o los botones antipánico. La desestimación de las denuncias, la dilación y la revictimización son moneda corriente en las comisarías y fiscalías, como lo demuestra el informe sobre femicidios ocurridos en el 2020 citado anteriormente, del cual se desprende que 35 víctimas habían recurrido a estos espacios y no recibieron medidas de ningún tipo. Sin lugar a dudas, consiste en un mecanismo que desalienta que la víctima denuncie, puesto que ya de por sí para llegar a esa instancia la mujer tuvo que haber roto con mandatos sociales fuertemente internalizados de la defensa de la familia a cualquier costo o de naturalización de la violencia, tarea para nada sencilla.

Como vemos, la capacitación en perspectiva de género en las dependencias estatales, que establece la Ley Micaela, no ha colaborado en revertir este panorama. Finalmente, no es posible despatriarcalizar el Estado capitalista, dado que se trata de un andamiaje que tiene como objetivo perpetuar la subordinación de las mujeres como condición necesaria para explotar al conjunto de la clase obrera.

El rol de las fuerzas represivas -ligadas al poder político y empoderadas por los gobiernos de turno- en el asesinato de mujeres se puede ver muy claramente en los llamados “femicidios territoriales”, que son aquellos que no ocurren en el marco de un vínculo íntimo, sino como fruto del entrelazamiento de la policía y los negociados de la trata y el narcotráfico. Por citar ejemplos recientes, todo indica que el caso de Florencia Romano de Mendoza pertenecería a esta categoría, teniendo en cuenta que el encubrimiento policial con el que contaron los femicidas fue alevoso: no se le dio curso a la denuncia cuando fue recibida a través del 911, el rastrillaje fue tardío y las movilizaciones por justicia culminaron en represión. Lo mismo vale para la desaparición seguida de femicidio de las jóvenes Cecia Reinaga y Iara Rueda en Jujuy, a quienes la policía nunca atinó a buscarlas.

“En los casos de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban. Después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarlas”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy (Mu-La Vaca, diciembre 2020).

Falta de asistencia y reproducción de la misoginia

La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, luego de protagonizar un negacionismo rampante en torno al incremento de femicidios, sosteniendo que “las cifras están estables” frente a la Banca de Mujeres del Senado, se vio obligada a rectificarse a finales del 2020 a la luz de los hechos y admitir en una entrevista en “Intratables” que la “tasa” había aumentado. Sin embargo, explicó esta “variación estadística” como un mero producto del aislamiento social, que tendería a estabilizarse.

Le faltó mencionar que el seno del hogar se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres, en un contexto donde se condena al colectivo femenino a percibir ingresos de hambre, imposibilitando que las mujeres desarrollen su proyecto de vida de manera autónoma, lejos del agresor. Datos del Indec reflejan que el 25% de la fuerza laboral femenina está hundida en la informalidad y el 12% se encuentra desocupada. A su vez, las mujeres con un empleo precario perciben en promedio $12.800 por mes; mientras que aquellas que cuentan con un trabajo en blanco tienen una media de ingresos de $26.200 (menos de la mitad de la canasta de pobreza). Sin ir más lejos, el Ministerio de Trabajo ha fijado una paritaria ruinosa para el gremio de trabajadoras de casas particulares, compuesto por 1.4 millones de mujeres, dejando el salario del sector en la miserable suma de $21.600. El gobierno de Alberto Fernández, subordinado a las patronales, permite que escale la inflación mientras se pulverizan los ingresos de la clase trabajadora a partir de paritarias a la baja y que gane terreno la desocupación, la crisis habitacional y el trabajo informal; afectando particularmente a las mujeres y generando un escenario propicio para que se extiendan los femicidios.

 

El feminismo gubernamental ha dado respuestas “low cost” -propias de una gestión supeditada a las directivas del FMI- frente a esta realidad. Ha pasado de sugerir el uso de barbijos rojos en caso de estar padeciendo violencia doméstica, a impulsar la iniciativa del Plan Acompañar, que dispone la suma de $16.000 por seis meses para personas en situación de riesgo por violencia de género, cifra completamente insuficiente para alcanzar una independencia económica. A todas luces, las prioridades oficiales van en sentido contrario a resolver este flagelo, teniendo en cuenta que el monto mencionado anteriormente contrasta abruptamente con los $700.000 millones que han recibido los bancos en concepto de pago de intereses por Leliqs y pases en el 2020.

La falta de recursos que destinan los sucesivos gobiernos en asistir a las víctimas de violencia de género se ve plasmado en la escasez de hogares de protección integral (casas refugio). El último informe al respecto señala que en todo el territorio nacional existen tan solo 83 refugios, cuando la población femenina alcanza los 22 millones de habitantes. Incluso, provincias como Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego no cuentan con ningún hogar de estas características (Chequeado, septiembre 2018). Esta cantidad aparece como irrisoria cuando reparamos en que sólo en el 2020 se realizaron 70.702 llamados a la línea 144 y 127.812 al 911 por motivos de violencia de género. Es preciso aclarar que en manos del Estado, las pocas casas refugio existentes distan de ser espacios de contención, y en su lugar, se convierten en dispositivos hostiles y revictimizantes para las mujeres que acuden en busca de un resguardo que estos lugares no garantizan en su totalidad. Sin ir más lejos, el femicidio de Fátima Acevedo, en Entre Ríos, ocurrió cuando ella se encontraba viviendo en la Casa de la Mujer.

Por otra parte, la subejecución presupuestaria en este terreno ha sido política de Estado. Tal es así, que la creación de centros de abordaje integral por razones de género en las provincias, que prometió el gobierno actual cuando lanzó su Plan 2020-2022 enmarcado en la Ley de erradicación de la violencia de género, jamás se concretó.

Otro elemento a mencionar que retrata la precarización de la asistencia a las víctimas, es el hecho de que las trabajadoras de la línea 144, encargadas de brindar contención y asesoramiento a las mujeres inmersas en una situación de violencia, se encuentran realizando su tarea en la más absoluta informalidad laboral. Son trabajadoras que padecen violencia laboral por parte del propio Estado: se hallan tercerizadas, su salario ronda los $25.000 pesos y no han recibido el plus salarial por desempeñarse en una tarea considerada esencial.

A fin de cuentas, es el propio Estado el que promueve la misoginia en todos los ámbitos, ya que es funcional para la subsistencia de un régimen de explotación. La existencia de un femicidio por día no puede deberse a desviaciones de tipo individual, sino que responde a un sistema que educa en la discriminación hacia las mujeres en función de dividir a la clase obrera, disciplinar a las mayorías y sostener una doble opresión sobre las trabajadoras, las cuales padecen las peores condiciones en el mercado laboral sumado a que cargan sobre sus espaldas el peso del trabajo doméstico, junto con el mandato de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que el capital impone un ordenamiento social basado en pautas de sometimiento y roles de género puestos al servicio de incrementar las ganancias de la burguesía. Como contrapartida, en el marco de las alianzas que el gobierno mantiene con el clero -garante ideológico de la doble opresión- no existe en el país una educación sexual que fomente vínculos no coercitivos y relaciones simétricas entre los géneros.

Infancias huérfanas por femicidios y el reclamo de las familias

Tal como establece la “Ley Brisa”, lxs hijxs de víctimas de femicidios deben recibir una reparación económica hasta los 21 años equivalente a una jubilación mínima. Sin embargo, los límites en su aplicación son enormes. Según describe un informe realizado por el Observatorio “Lucía Pérez”, el cual ha registrado 320 infancias huérfanas por femicidio durante el 2020, “el acceso a la reparación garantizada por la Ley Brisa es difícil, engorroso y lento, principalmente porque el inicio del trámite es el inicio de un juicio; es decir: para poder hacer el pedido de la reparación económica se requiere el inicio de un proceso penal, lo que implica tener recursos para poder contratar un abogado o esperar a tener un abogado oficial, que hoy demora varios meses”.

La reparación económica, junto con el derecho a recibir asistencia jurídica y psicológica, y sin dudas, el reclamo de justicia frente a la impunidad generalizada son puntos destacados en el pliego de reivindicaciones que impulsan Familias Sobrevivientes de Femicidios. Este colectivo ha presentado un puñado de petitorios dirigidos al Poder Ejecutivo, sin recibir mayor respuesta que una reunión virtual con funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad donde no hubo ningún avance en torno a sus demandas. Sus integrantes resumen el desamparo estatal denunciando que recae sobre ellos “pagar el ataúd de sus hijas, el abogado, el yogur de lxs nietxs y llevar adelante el pedido de justicia”.

 Vamos por un Consejo Autónomo de Mujeres

Como se ha visto, no emergerá del Estado y sus partidos medidas para poner fin a los femicidios. Terminar con las violencias que se descargan sobre las mujeres está en manos de la movilización callejera que emprenda este movimiento de lucha –el cual se acaba de anotar la conquista del aborto legal– de manera independiente a quienes nos gobiernan, junto a los sectores populares, con la perspectiva de acabar con todas las formas de opresión. Barrer con la cultura de la violencia, impartida por la clase dominante y exacerbada en la actual etapa de crisis de un capitalismo en decadencia, implica la organización revolucionaria del conjunto de lxs explotadxs para transformar de raíz este régimen social.

Peleemos por la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres, cuyas representantes sean electas por mujeres a partir de los 13 años, con cargos revocables. El mismo deberá disponer de partidas presupuestarias independientes y adecuadas que permitan resolver nuestras demandas. No hay “ni una menos” sin mayor asistencia a las víctimas y casas- refugio que garanticen una real protección, sin acceso a la vivienda, sin salario igual a la canasta familiar y prohibición de despidos, sin educación sexual laica y científica, sin una verdadera socialización de las tareas de cuidado. En definitiva, un programa en defensa de la vida de las mujeres, que no será obra de un Ministerio feminista al interior de un gobierno ajustador aliado a las iglesias, por el contrario, será arrancado por medio de la lucha.