Pasado un mes, la Justicia dio a conocer los fundamentos por los cuales absolvió a Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. El crimen ocurrió en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte en abril de 2020, durante el estricto aislamiento obligatorio.

El eje fundamental de la absolución se basa en que la única “prueba” que había en contra del acusado fue la declaración de policías de la comisaría de Capilla del Monte, que indicaron que Bustos confesó el crimen cuando fue trasladado a la sede policial como testigo. Esto fue considerado inválido jurídicamente y está cuestionado el proceder policial y judicial.

Cabe remarcar que los únicos testigos son dos agentes a quienes Lucas denunció por torturas y luego de ese hecho -ya en sede judicial- el joven negó haber sido el autor del femicidio.

Pese a que no había ninguna prueba en su contra, el día de la sentencia el Fiscal de Cámara, Sergio Cuello, sostuvo la acusación contra Lucas Bustos y pidió la prisión perpetua. El peón estuvo durante dos años preso en la cárcel de Cruz del Eje, por orden de la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm.

A su vez, durante buena parte del juicio se intentó instalar la idea de que Cecilia era “una loquita” que le daba confianza a todo el mundo. Esta versión la colocó desde un primer momento Mario Mainardi, el dueño de la casa donde se alojaba la joven mochilera. Justamente, las líneas de investigación de la querella que apuntaban a Mainardi y su entorno -incluyendo los vínculos que tiene con la policía de Capilla del Monte- fueron desestimadas; pese a que en la casa de este sospechoso se detectaron once rastros de sangre con las pruebas de luminol (elementos probatorios que quedaron sin analizarse en el juicio).

Se trató de una causa armada de principio a fin, y por eso la familia de Cecilia pide un juicio político para la fiscal Kelm y su destitución.

Recientemente, en un juicio abreviado, el exsubcomisario Ariel Daniel Zárate, pieza clave en la investigación por el femicidio de Basaldúa, fue condenado a seis años de prisión tras ser imputado por violencia de género. La pena es por un hecho de amenaza calificada, dos hechos de abuso sexual con acceso y tres hechos de coacción, robo reiterado y lesiones calificadas con privación ilegitima de la libertad, todos delitos en el contexto de violencia de género.

Cabe considerar que la familia Basaldúa desde un primer momento señaló al ex funcionario policial por manipular la información y desviar la investigación. Recordemos que Zárate fue la persona a quien los familiares de Cecilia le confiaron, entre otros datos, todos los mensajes que habían intercambiado con ella. Esa información apareció de manera muy sesgada en el expediente, para sostener la argumentación del brote psicótico.

Zárate tenía rango de acción en Capilla del Monte, Cosquín, La Falda, entre otras localidades. Una zona donde se destacan los jefes policiales denunciados y apartados. El comisario Diego Bracamonte era el jefe de la departamental Punilla Norte y fue desplazado tras la muerte de Jonathan Romo en la comisaría de La Falda; y el comisario Adrián Lúquez, jefe en Capilla del Monte, fue separado del cargo tras denuncias por violencia de género.

Cecilia Basaldúa estuvo durante 20 días desaparecida hasta que encontraron su cuerpo sin vida en un campo ubicado cerca del basural de Capilla del Monte. El responsable de la búsqueda era el por entonces director de Defensa Civil y jefe de bomberos de la zona, Diego Concha, quien semanas atrás efectuó declaraciones a los medios desde la cárcel.

Este hombre que durante años recibió todo tipo de reconocimientos y jugosas partidas presupuestarias por parte del gobierno de Juan Schiaretti, se encuentra preso desde diciembre de 2021 por amenazas de muerte a su esposa y recientemente fue imputado por homicidio con abuso sexual con acceso carnal calificado, por el suicidio femicida de Luana Ludueña, la joven bombera que lo denunció por abuso y luego se quitó la vida.

En su defensa mediática, Concha señaló que “nadie puede matar a alguien estando detenido”. El exfuncionario se olvida de Sathya Isaurralde, quien se quitó la vida a sus 19 años, tras las graves consecuencias psicológicas que le generaron los abusos que había sufrido por parte de su progenitor. Walter Emanuel Insaurralde fue condenado a cadena perpetua por “homicidio con motivo de abuso sexual” y el caso sentó precedente en la Justicia; la perspectiva sostiene que hay un nexo de causalidad “entre el ataque sexual y el impacto psicológico, el shock postraumático, el profundo estado depresivo” de la víctima.

A través del crimen de Cecilia Basaldúa, puede verse cómo el charco de la descomposición salpica a todos los poderes de un régimen nutrido por violentos y abusadores. Sin ir más lejos, durante los primeros seis meses de este año, 218 uniformados de la provincia fueron apartados de su trabajo por sumarios abiertos. Y según indicó el Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba, en la gran mayoría de los casos los desplazamientos fueron por denuncias de violencia de género y familiar.

Con la absolución de Lucas Bustos se ha dado un importante paso hacia la verdad y justicia por Cecilia. Solo la firmeza del movimiento junto a los familiares puede deshilachar toda esta red de encubrimiento y lograr que paguen los verdaderos culpables.

Es momento de colocar en las calles todos los reclamos que no son atendidos por los gobiernos. La Justicia no puede ser un elenco de funcionarios garantes de la impunidad, sus cargos deben ser electos y revocables, mediante voto popular. A los jueces y fiscales con fallos revictimizadores y destratos hacia las víctimas les corresponde la remoción.

Asimismo, las mujeres y diversidades necesitamos un Consejo Autónomo, también con cargos electos y revocables por nosotras y nosotres, que cuente con presupuesto para luchar contra la violencia y poner fin a los femicidios. A contramano del congelamiento de la planta del Estado, que avanza en la caída de los contratos precarios de trabajadores que desarrollan tareas urgentes para la población, en espacios donde se evidencia la falta de personal y no el sobrante. En efecto, urge la creación de centros integrales de asistencia a las mujeres y diversidades en cada barrio, con personal profesional bajo convenio y con horarios extendidos para la atención y resolución de estas problemáticas.

Tenemos que organizarnos de manera independiente de los gobiernos para luchar por todas nuestras necesidades y demandas. El 35º Encuentro Plurinacional de mujeres y diversidades, que se realizará en el mes de octubre en San Luis, será una gran oportunidad para colocar la agenda que levantamos en las calles todo el año contra la violencia, el ajuste y el sometimiento del país al Fondo Monetario Internacional.