Las vísperas de este 8M están marcadas por la ola de femicidios que sacude como nunca antes a nuestro país, por enormes movilizaciones y un plan de lucha del movimiento piquetero porque el hambre no se aguanta más, y por una gran agitación política gubernamental en torno a la reforma del Poder Judicial.

El incremento de los femicidios, que hasta este 8 de marzo ascienden a 66 de acuerdo al Observatorio “Lucia Pérez”, se produce en un momento de feroz ataque a las masas, con un empobrecimiento creciente y sin medidas de asistencia y control de parte de ningún poder del Estado.

En general cobran más repercusión los casos en los que la víctima había denunciado previamente frente al Poder Judicial, y aunque asistimos atónitos a los relatos de quienes pidieron a gritos literalmente ayuda y no la recibieron, nunca conocemos que se implemente algún castigo contra jueces, fiscales, policías o funcionarios. La corporación judicial cuenta con el aval de la corporación política para preservar su impunidad.

El caso más resonante de los últimos tiempos en materia de protección política a jueces ha salido del riñón del propio gobierno nacional. La aceptación de la jubilación por parte del gobernador de Tucumán y exministro de Cristina Kirchner, Luis Manzur hacia su socio en el poder judicial, el juez Juan Pisa, quien desoyó múltiples denuncias de Paola Tacacho, finalmente asesinada. Lo cierto es que nadie ve ni en el Consejo de la Magistratura ni en el Senado ningún trámite que represente algún castigo o crítica a la actuación de los jueces.

Tanta alaraca para con los jueces que sus gobiernos colocan en el poder, contrasta con la ausencia de jueces destituidos. Manzur, protege al Juez Pisa y Alberto ni mu. Su Consejo de la Magistratura, ni una causa iniciada contra los jueces que habilitan femicidios. https://t.co/wGn6YE66X2

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 6, 2021

Sólo el 20 o 25% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente frente al Estado y la invisibilización que sufre ese otro 75% es completa. La hoja de ruta del conjunto de los femicidios llevan a la responsabilidad de los gobiernos y de todos los poderes del estado sin atenuantes.

Alrededor del 20% de los femicidios son cometidos por integrantes de fuerzas represivas del Estado. Cuando esto ocurrió en el caso de Úrsula, en el que no sólo el ejecutor fue un policía sino que los suyos lo encubrieron y luego dispararon a la cara de las amigas que se manifestaban, Sergio Berni apoyó a los policías. La Ley Micaela de la Bonaerense es la línea que baja Berni, de realce del machismo en la fuerza, de prepotencia y violencia contra los débiles y por sobre todas las cosas de encubrimiento de los más de 6.000 efectivos denunciados por algún caso de violencia de género. Luchar para que se vaya Berni resulta básico si queremos enfrentar esta realidad brutal.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más concentrado del país, donde en un territorio reducido existen infinidad de servicios, una mujer que necesita una asistencia integral, no encuentra los Centros Integrales de la Mujer abiertos, no hay turnos con profesionales, ni tampoco suficientes profesionales para hacer seguimientos y atender la demanda. El gobierno de Larreta tercerizó buena parte del sistema de asistencia y con eso lo único que logró es que algunas ONGs amigas cuenten con financiamiento pero de ninguna manera se mejoró la atención en la Ciudad, que como el resto de los distritos, precariza a las trabajadoras que deben asistir a otras. No hay grietas tampoco en este rubro.

Encontraríamos así que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales o municipales no hicieron nada para revertir este cuadro y mucho para generarlo. La estructuralidad del problema del que tanto hablan en estos días, pero sobre el que poco desarrollan,- principalmente las voces que intentan con esta afirmación absolver a los gobernantes actuales- condena también a los gobiernos que no han hecho más que profundizar esa condición “estructural” de la violencia de género.

El 70% de la población más pobre son mujeres, el 25% de las mujeres más jóvenes sufren los niveles más alto de desocupación, un millón y medio de mujeres trabajadoras de casas particulares fueron discriminadas por el gobierno y obligadas por decreto presidencial a cobrar como máximo un salario inferior al salario mínimo. La mayoría de quienes deben soportar el recorte de las jubilaciones son mujeres. Las que prometen revalorizar las “tareas de cuidados” mantienen a las que cuidan en la semiesclavitud y sin recursos de ningún tipo. El feminismo de clase que anida en el Estado sirve de maquillaje para mejor pasar el ajuste, lo contrario a resolver los problemas de las mujeres, discurso con el que ocuparon esos cargos.
Las trabajadoras han perdido licencias, jardines “maternales” y vieron recortados infinidad de servicios que en el pasado colaboraban con la socialización de los cuidados.

En la estructura del problema se supone que está a la cabeza la formación política y social que se brinda desde el propio Estado capitalista, el gran organizador de las relaciones humanas vigentes.

Sin embargo desde los millones de bits escritos sobre este problema en estos días no hay rastros de intentar bucear en la condición “estructural” del problema, ni siquiera una línea al respecto de la subejecución del presupuesto correspondiente al Programa de Educación Sexual en los diferentes niveles educativos, por parte del ministro Trotta, ni impugnación a la ideología reinante que fomenta el machismo y que hunde sus raíces en principios impartidos por el credo católico unido al Estado argentino desde su propio nacimiento.

Tampoco se habla de cómo el Estado educa en la vulneración cotidiana de los derechos de las mujeres, en sus ingresos, en la consideración que tiene un gobierno sobre las mayorías de las mujeres cuando una gran parte de ella es sometida al hambre y otra a las peores pautas salariales que la condenan al sufrimiento de los máximos niveles de vulnerabilidad. Ni una reflexión al respecto de que millones de chicxs son educados en instituciones confesionales que han sido liberadas de cumplir ninguna regla que el estado imponga, porque a nivel educativo la Iglesia Católica constituye un Estado dentro del Estado. Sin tocar las cuestiones de fondo, la estructura, no hay forma de modificar los efectos.

Lo concreto es que el foco excluyente sobre el Poder Judicial, un poder revictimizador serial de mujeres, no explica el fenómeno de conjunto, deja por fuera las historias de miles de mujeres que no tuvieron a mano ningún dispositivo que las defendiera, invisibiliza así al 75% de las asesinadas, y por sobre todas las cosas, aporta una operación política al objetivo de encubrir las responsabilidades de los gobiernos y en este caso el de Alberto Fernández.

Reforma judicial, sin propuestas para enfrentar los femicidios

Una respuesta inmediata concreta sería cambiar la forma de selección de jueces y crear fueros especializados en violencia de género. Establecer que toda denuncia de una mujer deba ser concentrada en un sólo trámite común, en un juzgado. Con jueces electos y con cargos revocables y con fueros únicos una parte del atropello que viven las mujeres cuando recurren al Estado se evitaría. Pero de las organizaciones gubernamentales y del propio gobierno no surge ninguna propuesta de cambio más que lamentarse de que la Corte Suprema les haya planteado que la formación en materia de género de lxs integrantes del poder judicial corre por su cuenta.

La reforma del poder judicial propuesta por el gobierno fue presentada en julio de 2020 por el presidente y de ella en particular se está hablando en estos días a partir de la decisión de convertir dicho tema en eje de su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias. Esta reforma refiere a la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias. Los delitos que se tramitan en ella son los de corrupción, narcotráfico, trata de personas, delitos económicos y otros rubros. Es importante destacar que en esa instancia judicial no se tratan delitos referidos a la violencia de género.

La violencia de género y los delitos que se derivan de ella se tratan en la justicia ordinaria y en la propuesta gubernamental no hay ninguna propuesta de modificación de dicha instancia judicial ni del abordaje de dicho delito.

En aquella presentación, tanto en la versión escrita de la propuesta como en la alocución presidencial de media hora a través de la cual la presentó frente a magistrados y otros funcionarios, ni siquiera se menciona la cuestión del padecimiento de las mujeres y el problema de la justicia y los femicidios, temática a la que hoy han incorporado en su alocución varios funcionarios.

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En ninguna instancia el gobierno ha presentado ningún proyecto que aliviane la revictimización en la que incurre el poder judicial en materia de violencia de género. Esta acción se materializa en agresiones cuyo fundamento ideológico está marcado la formación histórica del Estado argentino basada en los principios católicos de subordinación femenina, anteposición de la familia aunque en ella se viva violencia y en la idea de que la mujer es la que provoca esa violencia con su desobediencia o incumplimiento de sus mandatos.

Esta ideología tiene extremos que se manifiestan de manera muy cotidiana en fallos aberrantes de revinculaciones de hombres violadores con sus hijos violados, en desatención de denuncias de mujeres, en la justificación de la pedofilia y otros tantos derivados de estos principios reaccionarios de disciplinamiento social al servicio del capital, la defensa principal y última que motiva al Estado capitalista y al servicio de la cual se desprenden el resto de las vulneraciones.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró en una reunión que mantuvo con el padre de Micaela García, hoy funcionario del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que “el 50% de las muertes por violencia de género en la Argentina se pueden evitar” (!), que “cuando la justicia es lenta, hay femicidios” y llamó a “fortalecer la capacitación de todas las fuerzas del Estado porque el mecanismo que nos brinda el servicio de justicia en muchos casos en deficitario”. Otras expresiones similares tuvo Vilma Ibarra. Por su parte, el tema apareció también en el alegato de la vicepresidenta por la causa del dólar futuro. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género” señaló.

La indignación de Cristina Kirchner sobre los jueces y los femicidios y otras menciones de los últimos días en su alegato por el juicio que le siguen por la causa del “dólar futuro” no representan más que un acto de pirotecnia verbal sin ningún acompañamiento en los hechos. En una conferencia de prensa del Ministro Eduardo de Pedro con la Ministra de las Mujeres y Diversidades, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, el gobierno volvió a anunciar lo mismo que ya había anunciado hace 6 meses, construcción de Centros Integrales Territoriales, totalmente insuficientes, bajo la gestión de gobiernos que ya hoy revictimizan y no ofrecen asistencia, sino más padecimiento para las mujeres.

Estas palabras no se compadecen ni con la actitud política de un espacio que se llama a silencio cuando sus aliados encubren a jueces responsables de femicidios, como ocurrió con Manzur, ni cuando son sus senadores los que navegan en la impunidad que le ofrece el poder judicial. Lo cierto es que la ausencia de cualquier modificación concreta del sistema judicial para un abordaje adecuado del tema habla por sí mismo del interés que tienen. Hay un problema de formación pero no se animan a tocar los programas universitarios de la corporación. Hay problemas de proceso pero no tocan la estructura actual. Siguen dejando que las mujeres deban deambular entre diferentes fueros y para medir la capacidad en esta materia de una juez o jueza que debe intervenir, nos dicen que todo tiene que seguir como hasta ahora.

Con mayoría propia en el Consejo de la Magistratura no han sido capaces de desempolvar denuncias o promover otras para castigar a los jueces femicidas, más que la forma de prometer conformar un “registro” de denuncias, aunque cueste creer que el organismo no tenga tal cosa. El gobierno aprieta por el lado de los femicidios en el discurso, para hacer obtener dentro del poder judicial apoyos para otras reformas del poder judicial federal, que es lo que realmente le interesa.

Frenar los femicidios es posible, siempre que esa política quede en manos de quienes combatimos la violencia y no en manos de quienes la promueven.
Recuperar las calles, como lo haremos este 8M, es condición fundamental para poner en pie este proceso. Esta es la gran enseñanza que nos deja la victoria del aborto legal en nuestro país. Colocar por delante la defensa del programa de las mujeres antes que la defensa de los gobiernos también es fundamental para que nuestra lucha obtenga sus resultados.

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