Este viernes 23 de junio, al mediodía, la Asamblea Ni Una Menos-Córdoba (Anum), junto a familiares y víctimas de violencia, llevarán adelante una concentración y radio abierta frente al Polo Integral de la Mujer (ministerio provincial), para manifestarse por el crecimiento sostenido de la violencia y los femicidios, exhibir un pliego de reclamos y solicitar una audiencia con la ministra Claudia Martínez.

La convocatoria da continuidad a la lucha por Ni Una Menos, luego de la masiva movilización del pasado 2 de junio en Córdoba. No es para menos, nacionalmente fueron 175 femicidios en 2020, se agregaron 256 en 2021, llegando a 332 en 2022. Asimismo, llevamos 145 femicidios en lo que va de este año, y 9 de esas víctimas pertenecen a nuestra provincia: Anahí Bulnes, Rocío Lezcano, Sofía Bravo, Valeria Oviedo, Felisa Paulina De lo Santo, Cledy del Valle Oviedo, Jesica Gómez, Milagros Bottone y Evelia Zarate.

Recordemos que en 2020, en el marco de la pandemia por Coronavirus, este movimiento fue empujado a romper el aislamiento y ganar las calles frente a casos aberrantes como el de Cecilia Basaldúa, Flavia Saganías o Nora. Y ya en aquel entonces se presentó ante el Ministerio de la Mujer con un reclamo formal, alertando sobre el crecimiento de estas violencias, expresadas además en el incremento del 400% de las llamadas al 0800 de dicho organismo.

Sin embargo, frente a la grave situación que atraviesan las mujeres y disidencias, el gobierno no dispuso de ningún presupuesto especial, ni dio respuesta a las demandas que se expusieron. Por el contrario, tanto en 2021 como en 2022 en la provincia hubo una caída del presupuesto en cuanto a los programas que están dentro de la órbita del Ministerio de la Mujer, mientras se sostuvo y acrecentó la precarización laboral en todas las áreas de esta administración, situación que es denunciada por lxs propixs trabajadorxs.

Del mismo modo, desde la Red Municipal de Departamento Punilla y Cruz del Eje se puso de manifiesto la ausencia de presupuesto y la extrema precariedad en la que se montan las políticas de género del gobierno de Juan Schiaretti en el interior, siendo que la mitad de las denuncias provienen de allí.

Otro indicador es el aumento sostenido de la cifra de botones antipánico entregados por diferentes organismos estatales: desde 2020 a esta parte su uso creció un 75%, alcanzando en 2022 su pico con 6.298 medidas de excepción. De ese total, el 70% fue entregado solamente en la ciudad de Córdoba en diferentes instancias judiciales. Al respecto, desde hace más de una década el gobierno sostiene una política que prácticamente descarga la protección de la víctima en sus propias manos, mediante dispositivos que muestran en reiteradas oportunidades su malogro, mientras se desatienden el resto de las aristas de esta problemática.

Como bien lo señala el documento que se presentará, la violencia de género tiene raíces profundas en las dificultades de las víctimas para romper con los condicionamientos materiales, que en infinidad de casos las atan al agresor. La falta de acceso a un trabajo estable y a la vivienda revela la profunda feminización de la pobreza en nuestra provincia. Del mismo modo, el acceso a trabajos informales, flexibilizados o con salarios menores, y la carga extra de trabajo que se muestra en el cuidado excluyente de los hijxs y el sostén de los hogares. El documento también denuncia la exclusión social, educativa, familiar y laboral que continúa padeciendo el colectivo travesti-trans.

A todo esto se suman las restricciones al acceso a la ILE, IVE y la anticoncepción gratuita, impulsadas por los antiderechos, que tienen el visto bueno de todo el arco político patronal, que ya pasó por el Arzobispado de la provincia ratificando los estrechos vínculos con el clero de cara a los próximos comicios.

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Las demandas que se presentan ponen en jaque la orientación capitalista, misógina y clerical de los gobiernos provincial y nacional. Porque exigen la colocación de los recursos económicos al servicio de las necesidades de las mujeres y disidencias, y porque plantean que la aplicación de nuestros derechos debe ser controlada por organizaciones independientes del poder de turno. También revelan las responsabilidades políticas que existen alrededor de crímenes evitables, como el de Milagros Bottone o Evelia Zarate; al tiempo que plantean la revocabilidad de los jueces y fiscales que no cumplan con sus funciones, así como su elección por el voto popular.

“Desde el año 2015 la Anum viene siendo una herramienta de visibilización y prevención de la violencia, contención de víctimas y canal de organización colectiva en el reclamo de justicia. Este movimiento de lucha ha estado durante los últimos 5 años en las calles y fruto de ello muchas conquistas se han arrancado, pero la violencia no cesa porque hunde sus raíces en un régimen social, político y económico que nos relega al último lugar de una cadena de opresiones”.

Hoy los saltimbanquis del PJ, del kirchnerismo, del radicalismo y de Juntos por el Cambio, así como Milei, dan muestras firmes que a la hora de reprimir salvajemente, como en Jujuy, o de encubrir y ser parte de crímenes, como en Chaco, no hay grietas; porque se enmarcan en el ajuste y los negociados, alrededor del Fondo Monetario Internacional. Está planteada, más que nunca, la necesidad de construir una alternativa política capaz de superar el actual estado de las cosas, sobre nuevas bases sociales. En ese camino están el Plenario de Trabajadoras, con el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda Unidad.

 

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