A 13 años de la desaparición de Yamila Cuello, se llevó adelante una nutrida marcha impulsada por la Coordinadora por la aparición con vida de la joven y la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba.

La manifestación se desarrolló el pasado viernes 28, por General Paz, desde Colón hasta el Bv. San Juan. Allí tomaron la palabra las hermanas de Yamila, así como familiares de diversos casos que afectaron a la provincia, como el de Paola Acosta y Jorgito Reyna. También dijeron presente los familiares de Nora y de B. En todos coincide la responsabilidad del Estado: por acción siendo parte del delito, encubriendo; como por omisión, cuando no aplicó el protocolo de búsqueda, cuando no investigó.

La hipótesis más firme de la familia de Yamila Cuello es que fue secuestrada y entregada por su exnovio Néstor Simone, a una red de trata. Simone está imputado por el delito de homicidio agravado y su hermano de crianza, Palacios, por el delito de homicidio y de trata de personas. Ambos están en libertad aunque con prohibición de salir del país. A Yamila solo la buscan las organizaciones independientes y sus familiares, mientras el Estado ya la dio por muerta.

La trata de personas es un gigantesco negocio ilegal, que funciona a nivel mundial y afecta principalmente a las regiones más pobres del planeta. Los tratantes captan a sus víctimas en los entornos donde hay vulnerabilidad, en zonas de conflicto, donde hay tránsito de migrantes y en zonas indígenas. En Argentina, la ley de trata no incluye la incautación de los bienes de los tratantes, ni ninguna medida de control de los movimientos bancarios de los mismos, o la procedencia de los capitales usados en sus inversiones, por lo tanto, no contempla ninguna de las medidas necesarias para un real desmantelamiento de las redes de trata.

La cuestión de la procedencia y la ruta de los capitales usados y obtenidos en la trata cobra mucha relevancia si tenemos en cuenta que tanto el macrismo como el kirchnerismo han impulsado políticas de blanqueo de capitales, es decir, el ingreso de capitales ilegales (entre ellos de la trata y el narcotráfico) al sistema legal. El Estado no toma las medidas necesarias para ir a fondo en el combate de este delito porque es promotor, garante y beneficiario del mismo. Solo con la movilización popular se podrá avanzar en la aparición con vida de las que nos faltan y el desmantelamiento de estas redes que tienen como víctimas fundamentalmente a mujeres y niñes.