“La participación femenina en el mercado laboral se retrotrajo al 2002 en el peor momento del Covid, mientras que el empleo en los hombres se acerca a los niveles prepandemia” señala Ámbito 5/9 mientras Mercedes D’Alessandro, directora de Igualdad y Género del Ministerio de Economía y responsable de la situación descripta, presentó recientemente un documento titulado “Recuperación económica para la igualdad” en la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género, en donde participan funcionarias de todo el país.

El proyecto de la funcionaria plantea que para lograr una reducción de la brecha salarial que existe entre los géneros y la incorporación de más mujeres al mercado laboral, es necesario subir la tasa de feminización del empleo en ramas estratégicas de la economía, y, a su vez, avanzar en la infraestructura de cuidados. El nudo de la propuesta está en que para impulsar lo primero se propone una serie de “incentivos” patronales. Con respecto a las tareas de cuidados, la funcionaria pasa por alto que el gobierno prometió presentar un proyecto de ley para la creación de un sistema integral de cuidados, el cual no vio la luz del sol ya que una iniciativa de esas características choca de frente con la política de ajuste en curso.

Estamos frente a una maniobra pérfida por parte del feminismo gubernamental, dado que utiliza una problemática muy extendida dentro del colectivo femenino como ariete para vehiculizar la reducción del “costo laboral”, tan reclamada por los capitalistas. Esta orientación ya viene prosperando: la ley de Hidrocarburos que presentó el Ejecutivo establece una rebaja del 80% de los aportes patronales en caso de que las petroleras contraten mujeres o personas TTNB; y, en el programa Te Sumo, la exención llega al 90%, contribuyendo al vaciamiento de las cajas jubilatorias y las obras sociales. Estos regímenes no tienen nada de original: el kirchnerismo supo lanzar campañas de rebajas de cargas patronales para registrar trabajo no registrado y fue un fracaso total. También mostraron su incapacidad con incentivos patronales para lograr una registración laboral de trabajadoras de casas particulares mayor al 30% del total de trabajadoras, a 8 años de aprobada la ley correspondiente. Y los ejemplos siguen.

En la actualidad, mientras el empleo en los varones se acerca a los niveles prepandemia (63,6% contra 63,8%) -algo que no es muy meritorio porque eran niveles bajísimos- el de las mujeres permanece 3,8 puntos por debajo. Lo cierto es que las funcionarias ahora nos quieren convencer de que pueden achicar la brecha, cuando son ellas mismas las autoras de esta catástrofe, puesto que dejaron libradas a su suerte a las mujeres trabajadoras en lugar de preservar sus puestos de trabajo durante la pandemia. El gremio de trabajadoras de casas particulares, fue uno de los más afectados por esta masacre con un saldo de al menos 200.000 despidos en el transcurso del 2020.

El documento enfatiza en que la “reactivación económica” pospandemia es más notoria en sectores cuya fuerza de trabajo es altamente masculinizada. “En la construcción, los varones son el 96,9%, en la industria manufacturera, el 67%, en las actividades primarias, el 87,6% y en el sector energético, el 90,7%” (Ámbito, 8/9). En cambio, más del 60% de las mujeres ocupadas en el país se desempeña en actividades de comercio, enseñanza, trabajo doméstico y servicios comunitarios, sociales y personales, según el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, el proyecto en cuestión promete lograr una mayor inserción laboral de las mujeres en los rubros mencionados al inicio, disponiendo mayores beneficios fiscales para los capitalistas, como la reducción de aportes patronales; es decir, atacando los derechos laborales del conjunto de lxs trabajadorxs. La propuesta se corresponde con la agenda actual de la burguesía, que es apalancar el “rebote económico” luego de la caída abrupta del año pasado, a partir de una mayor explotación obrera.

Otorgar mayores prebendas a la clase capitalista no es garantía de que esta vaya a seleccionar su personal en clave de género; lo único que asegura es un retroceso en las condiciones laborales de la clase obrera. Entonces, sino es a partir de mayores concesiones al capital, ¿Cómo revertimos la situación actual donde la cuarta parte de los puestos de trabajo que perdieron las mujeres el año pasado (1,7 millones) aún no se recuperaron?, o bien ¿De qué modo combatimos la brecha salarial del 25,6% -que llega al 36,3% en el caso del trabajo precario- y una tasa de desocupación que alcanza el 12,3% en el caso de las mujeres y que sean estas quienes ocupan el 70% del grupo poblacional más pobre? definitivamente, atacando las causas de fondo que conducen a esta desigualdad.

Son los sucesivos gobiernos los que garantizan la proliferación del trabajo precario y la miseria salarial, y, al mismo tiempo, sostienen los estereotipos de género que promueve el Estado capitalista en su alianza con el clero. Estos dos factores están en la base de la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral. Así las cosas, son los rubros con mayor precarización laboral y peores salarios los que cuentan con tasas más altas de feminización, como el servicio doméstico (98% compuesto por mujeres), el de enseñanza (lo conforman en un 74,6% las mujeres) y los servicios sociales y salud (tasa de feminización del 72,4%), según el Indec.

Lo contrario ocurre en la industria, donde los puestos de trabajo son más calificados. “Según datos del Ministerio de Trabajo, hacia 2019 las mujeres ocuparon casi 220.000 puestos de trabajo industriales, en tanto que los varones dedicados a la industria sobrepasaron el millón, manteniendo la tasa de feminización por debajo del 20%” (BAE, 9/8). A su vez, en 20 de los 22 sectores industriales, los varones ganan más que las mujeres, dado que ocupan las categorías más altas dentro de la misma rama. Finalmente, la clase capitalista se vale de la brecha salarial para desvalorizar la fuerza de trabajo en su conjunto y maximizar sus ganancias. El intento de Milei por negar la brutal desigualdad que existe entre hombres y mujeres es solo comparable al dislate de Tolosa Paz y su pretensión de adjudicar a un destino prefijado hechos de la historia producidos por la acción de las personas.

 

Otra de las razones que explican la brecha salarial es la menor participación de las mujeres en el mercado laboral. Los datos del Indec arrojan que las asalariadas destinan en promedio 30,4 horas semanales en el mercado laboral mientras que los varones 40,5, conformando una brecha del 24,9%. Por su parte, en el ámbito informal el promedio es de 23,2 horas para las mujeres y 37 horas para los varones (brecha 37,3%). Esto se debe a que la población femenina ocupa más tiempo en las tareas domésticas no remuneradas que los varones. Descargar el trabajo doméstico de manera gratuita sobre las espaldas de las mujeres dentro del seno familiar representa un “ahorro” de 67.438 millones de dólares anuales para las patronales y el Estado, ya que de esta forma evitan invertir en la construcción de centros de desarrollo infantil, hogares para adultos mayores, entre otros dispositivos destinados a socializar las tareas de cuidado. Si desde el ámbito estatal y empresarial se absorbieran estas tareas, aumentaría la incorporación plena de las mujeres a la producción social, y, por lo tanto, sería además un puntal para el desarrollo del país.

Sin embargo, no existe en el horizonte del gobierno medidas que apunten en dirección, más allá de la demagogia. Por un lado, no está en su agenda tocar los intereses de las patronales exigiéndoles la incorporación de espacios destinados al cuidado, ya que el oficialismo cierra filas detrás del planteo empresarial de “reducir costos laborales”. Por otra parte, la creación de un sistema integral de cuidados desde el Estado choca de bruces con el ajuste que viene aplicando Alberto Fernández, el cual profundizará en función de cumplir con las exigencias del FMI para arribar a un acuerdo. Sin ir más lejos, el Ministerio de Obras públicas presupuestó este año apenas $24,4 millones para ampliar la infraestructura de cuidados, cifra que ni siquiera alcanza para construir 300 metros cuadrados. Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se limitan a impulsar como eje central la distribución de las tareas domésticas entre lxs explotadxs al interior del hogar mientras dificultan la vida de las y los trabajadores y eluden sus responsabilidades.

En definitiva, para reducir la “brecha salarial” es necesario terminar con la precarización laboral, garantizar un salario mínimo de $100.000 y paritarias indexadas a la inflación, prohibir los despidos y las suspensiones y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario para que no haya desempleo. Por otra parte, es preciso destinar un presupuesto acorde para viabilizar la socialización de los cuidados y liberar a la mujer trabajadora del yugo del trabajo doméstico; esto significa ampliar la cantidad de jardines existentes para niñxs desde los 45 días; obligar a las empresas a incorporar espacios de cuidados para lxs hijxs de lxs trabajadorxs, a brindar capacitaciones en horario de trabajo y aplicar efectivamente y ampliar las licencias especiales; garantizar el doble turno en las escuelas;  crear centros deportivos y lugares para el cuidado digno y humanizado de adultxs mayores, etc. Medidas que no provendrán de quienes nos gobernaron y gobiernan, ajustando al pueblo y subordinados a las patronales, al FMI y al oscurantismo clerical. Es tarea de las y los trabajadores transformar esta realidad aciaga y construir una nueva sociedad basada en la igualdad.