El gobierno aprobó la tercera revisión del cumplimiento del programa del FMI, pero con cierto changüí y sobre todo muchas condiciones. Es lo que plasmaron en un documento del organismo que deja en evidencia que, por encima de la falsa grieta, la batuta la maneja un directorio desde Washington.

Ni bonos ni moratorias, tarifazos y devaluación

Como las metas se cumplieron pero digamos que con algo de trampa -o “contabilidad creativa”–, el informe del Fondo advierte que van a poner la lupa para evitar que la pelea electoral que se aproxima desvíe al gobierno de la ruta de ajuste. Para tenerlo cortito, se fijó que el grueso de los recortes se concentre en el primer semestre del 2023, obligando a no pasarse de un déficit primario del 0,8% del PBI en ese período.

Es una forma de asegurarse que no quede en los papeles lo pautado en el Presupuesto 2023 de Massa, del cual valoran los objetivos de “reducción de los subsidios (0,6% del PBI), principalmente del sector energético, pero también en el agua y el transporte”; la “racionalización de la asistencia social” con un recorte equivalente al 0,8% del PBI, “a través de la eliminación de los bonos de emergencia” y la “focalización de los beneficios” para ir dejando afuera a miles; además de “seguir esforzándose por contener la masa salarial del sector público (mediante el congelamiento de la contratación en todo el sector), las jubilaciones (donde los aumentos seguirán anclados en la fórmula de indexación y evitando las moratorias) y las transferencias a las provincias, las empresas públicas y otros organismos públicos”.

Quieren decir que no seguirán haciendo la vista gorda a las medidas con las que el oficialismo intenta disimular el derrumbe de salarios, jubilaciones y programas sociales, y la exclusión de millones del derecho a jubilarse por la generalización de la precarización laboral. El FMI “perdona” que el gobierno se salga del libreto en algunos puntos (dólar soja, más cepo cambiario, ayuda del Banco Central), pero no cuando se trata de aminorar la carga a los laburantes. Con todo, sucede que aquellas medidas son un reflejo de las tensiones que deben afrontar para imponer el ajuste, ante una situación social límite y un humor popular caldeado. Finalmente, el grueso de los recortes se concreta por la vía de la licuación por inflación, sin lanzarse aún a las “reformas estructurales” -principalmente por temor a una reacción obrera, como pasó en diciembre de 2017.

De hecho, mientras el FMI felicita a Massa por haber “eliminado más de 20.000 beneficiarios” del Potenciar Trabajo “y se esperan nuevas reducciones a lo largo del próximo año” (declarándolo incompatible con “otras transferencias públicas”, como intentaron ya con las becas Progresar), Tolosa Paz se apuraba a firmar un acuerdo de paz social con las organizaciones sociales oficialistas. De todas maneras, no es la Utep sino la combativa Unidad Piquetera quien protagonizó enormes movilizaciones y acampes para enfrentar esta ofensiva, y como declaró Eduardo Belliboni del Polo Obrero en la previa de la reunión con la ministra de Desarrollo Social: “No hay tregua con quienes le hacen la vida imposible a los trabajadores”. Allí reclamaron un aumento del Potenciar Trabajo, su apertura a los que lo necesitan y un bono de recomposición por la inflación; y los funcionarios se comprometieron a revertir bajas injustificadas y a completar la entrega de los alimentos y de los productos navideños.

Tal es el carácter antiobrero de este gobierno peronista que hay que arrancarle hasta un pan dulce para la mesa de fin de año. Lo mismo vale para el bono de los empleados registrados con salarios bajo la línea de pobreza, ya que el Ministerio de Trabajo dejó abierta la puerta al incumplimiento de las patronales mediante su absorción por las cuotas paritarias ya acordadas. Claro, con la colaboración de la burocracia sindical.

¿A dónde nos llevan?

Mientras puja por el “desmantelamiento” de los programas sociales, desde el Fondo reconocen que la economía argentina ingresa en una fase descendente, “reflejando el impacto de las políticas macroeconómicas más restrictivas” del propio programa: en el tercer trimestre del año cayeron el consumo público y la inversión, y el consumo privado recortó su ritmo de crecimiento a menos de la mitad. Así las cosas es esperable que el desempleo vuelva a crecer, al calor de este rumbo recesivo de ajuste, altas tasas de interés y bloqueo de las importaciones.

Incluso advierten que la cosa puede ponerse más peluda por el contexto de “desaceleración en las principales economías”, el “endurecimiento de las condiciones financieras mundiales más rápido de lo previsto”, y un “empeoramiento de la relación de intercambio” por subas en los precios mundiales de la energía y bajas en los de la agricultura, agravado por “la intensificación de la sequía”. Lo que avisan es que riesgos grandes implican sacrificios extra.

Esto último queda clarito en el capítulo del documento que refiere a la deuda en pesos. Saludan que se logró el objetivo de reducir la emisión monetaria, pero llaman la atención sobre los cortos plazos de los bonos y plantean reducir la participación de los bancos públicos en las colocaciones del Tesoro, e incluso terminar con las compras del Banco Central en el mercado secundario de bonos para rescatar su cotización. Por eso, tras señalar que los vencimientos hasta septiembre equivalen al 8% del PBI, destacan que en caso de que se dificulte el refinanciamiento “se necesitarán políticas fiscales más restrictivas y tipos de interés reales más altos para aliviar las presiones del mercado”.

El tema es realmente complicado, porque el Tesoro no logra extender los plazos para más allá de las Paso y el Banco Central ya gasta medio billón de pesos al mes en pagar intereses por las Leliq -cuyo stock superó los diez billones de pesos. A eso hay que sumarle la emisión indirecta por las compras de bonos del BCRA, una inyección de billetes que termina financiando la corrida al dólar, como vemos en la nueva escalada del blue. Para colmo, la receta fondomonetarista de altas tasas de interés profundiza la recesión y agiganta la bola de nieve de la deuda en pesos. Cuando “la exposición de los bancos al sector público ha crecido por encima del 50% de los activos en moneda nacional del sistema bancario”, una crisis de deuda podría desatar una corrida bancaria y la vuelta de corralitos.

Por último, el FMI mete más presión para avanzar en la devaluación, planteando que el gobierno debe empezar a revertir el cepo cambiario y las “prácticas de tipos de cambio múltiples” (como el dólar soja). Esto cuando admite que la “necesidad de apuntalar la competitividad del tipo de cambio real” y los tarifazos refutan toda idea de una baja brusca de la inflación que carcome los bolsillos de los trabajadores, e incluso -agregamos nosotros– podrían decantar en una híper. Precisamente por ello hasta ahora el gobierno ha contenido la cotización del dólar y prorrateado los aumentos de tarifas. El punto es que esa “flexibilización gradual de estas restricciones” es una condición “para apoyar el retorno a los mercados internacionales de capital” cuando venza el cronograma de desembolsos del Fondo. En conclusión, todo este camino apunta en última instancia a pagarle toda la hipoteca al FMI… a base de más deuda externa.

“El descontento social ha aumentado”

Conscientes de la situación, y marcando la cancha de cara al año electoral, el informe del Fondo Monetario enfatiza que “un amplio apoyo político a las políticas del programa sigue siendo fundamental en el futuro”, sobre todo porque “el descontento social ha aumentado en un contexto de contención del gasto y cierta disminución de los salarios reales”. Sin pelos en la lengua, llama al gobierno y la oposición patronal a cerrar filas para blindar el ajuste. No quieren que la pulseada presidencial perjudique la viabilidad de tamaño ataque a los trabajadores. Claro que esto es complejo, como vemos en la crisis y disputas internas dentro de Juntos por el Cambio, azuzadas en buena medida por su acatamiento al “plan Massa” para cumplir con el FMI.

Mientras tanto, Cristina Kirchner dedicó su última aparición pública del año a criticar a la Corte Suprema por el fallo en torno a la coparticipación. La tesis de que la Justicia es un “Estado paralelo” de operadores judiciales cuyo blanco es el peronismo ya ni siquiera pretende empatizar con las necesidades populares, sino que se agarra de la falsedad de que la población de la Ciudad de Buenos Aires tendría “absolutamente todo”; como si decenas de miles de familias porteñas no vivieran en villas y asentamientos, como si los trabajadores de la salud y la docencia no lucharan a brazo partido por sus salarios; o sea, como si todos vivieran igual que ella en su piso de Recoleta. En su victimización, la vice no pudo apelar a un solo reclamo popular porque en definitiva respalda sin fisuras a Massa, así como en 2019 puso al “amago y reculo” Alberto Fernández para allanar la renegociación de la deuda con el capital financiero internacional. Ahora, con el fiasco de este gobierno a cuestas y el descontento en ascenso, refrendó su autoexclusión de las listas electorales.

Este acuerdo con el Fondo era en definitiva el norte que unificaba, más allá de sus divisiones, a toda la burguesía argentina y sus partidos, pero su implementación actúa como factor de choques y disgregación en el marco de la crisis capitalista. Si para las necesidades sociales y de desarrollo nacional es un callejón sin salida, la cuestión es entonces qué clase social tiene el timón. Para los trabajadores el 2023 presenta el desafío de enfrentar este ajustazo a fondo. Es el camino que además de la Unidad Piquetera marcan en este fin de año los trabajadores de la salud, los aeronáuticos de GPS, los obreros de Molino Cañuelas y del neumático. Estas batallas demandan un programa de salida a la crisis que solo el Frente de Izquierda puede ofrecer, a condición de fundirse en cada una de ellas y librar una lucha política sistemática contra todo el elenco de políticos capitalistas que, en el país de Messi y los campeones del mundo, quieren arrodillarnos para pagar una deuda usuraria y fraudulenta.

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