La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunirá este lunes en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, refrendando el acuerdo firmado por Guzmán, y conversará con las autoridades del Departamento del Tesoro y del Banco Mundial. Batakis expondrá la imposibilidad del país para cumplir con las metas acordadas para el tercer trimestre para pedir una flexibilización (o “waiver”) de las mismas, pero ratificará los objetivos anuales y pedirá destrabar los desembolsos pendientes del BID. De esta manera, queda claro que todo lo que se desprenderá de esa reunión es más ajuste.

El programa de facilidades extendidas (EFF), suscrito con el organismo multilateral, contempla una reducción del déficit fiscal hasta el 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, una contracción de la asistencia monetaria al Tesoro hasta el 1 por ciento del PIB y un incremento de las reservas internacionales netas de 5.800 millones de dólares este año.

Para cumplir esos objetivos, la ministra declaró que buscará “dar un cierto orden y equilibrio a las finanzas del Estado nacional” y aterrizó sobre el Ministerio de Economía con un plan recargado de ajuste, en el mismo camino de Guzmán. De allí se desprendió el paquete de medidas que incluyó la unificación de cajas de los organismos públicos para controlar la erogación de gasto fiscal, el recorte de subsidios, el refinanciamiento de la deuda en pesos (en función de mayores prebendas y beneficios a los especuladores), el reforzamiento del cepo a las importaciones y el desdoblamiento cambiario (en función de garantizar el acopio de divisas).

Sin embargo, los títulos públicos argentinos se derrumbaron y los dólares paralelos no han parado de subir. El gobierno no logra acumular divisas, la bola de deuda en pesos es una bomba a punto de explotar y los márgenes de emisión no permiten ningún salvataje, las altas tasas de interés agravan la recesión, la inflación continúa disparándose mes tras mes y la última corrida cambiaria recrudece la pulverización del poder adquisitivo y atenta contra las ya derruidas reservas. Durante el último mes, el Banco Central perdió USD 981 millones solo en concepto de intervención en el mercado cambiario, una cifra a la que debe sumarse el gasto en energía, que representó USD 1.500 millones más. Hoy, al retomar las compras, adicionó otros 45 millones (Infobae, 22/7).

Para intentar paliar la sangría de divisas, el gobierno decidió fomentar el negociado con la deuda del Tesoro, en beneficio de la banca y los fondos de inversión y evalúa un desdoblamiento cambiario, que ya implementa con el dólar turista, para seducir a los pulpos del agro (quienes están al frente de la fuga de divisas) y que estos liquiden la cosecha (que se encuentra retenida en una pugna por mayor devaluación y quita de impuestos). Este desdoblamiento conforma una devaluación encubierta, o en cuotas, algo que el FMI reclama profundizar, lo que seguirá golpeando los salarios y las condiciones de vida de la masa laboriosa del país, que ya se ven afectadas por la imparable inflación, los tarifazos y la depreciación del peso.

Además, el recorte recargado del gasto público afectará a las jubilaciones, la asistencia social, la obra pública, el empleo público y los fondos para las distintas esferas del Estado, como educación, salud, cultura, transporte, etc. Los haberes de la mayoría de los jubilados seguirán entonces corriendo cada vez más de atrás a la canasta de indigencia, mientras el retaceo en infraestructura va a agravar la recesión industrial y la falta de empleo, a la vez que se procederá en el congelamiento del ingreso de personal a todos los organismos nacionales y, por lo tanto, a la continuidad de la precarización de los empleados estatales, entre otras consecuencias graves para el conjunto de la población laboriosa de este país.

El fracaso del programa da cuenta del carácter incumplible del acuerdo, pero a su vez vaticina mayores ajustes de tuercas para los meses siguientes y desnuda el nivel de sometimiento que tiene el país al capital financiero, dado que si el FMI no garantiza los desembolsos, la crisis política sería insalvable y el gobierno ya no tendría más recursos para mantenerse en pie. A su vez, la economía argentina se encuentra extremadamente vulnerable a la crisis mundial, como sucede con los aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y, como vemos, el gobierno se mueve fuertemente condicionado por el imperialismo en plena guerra en Ucrania y disputas a gran escala por el mercado mundial.

Queda claro quiénes se benefician con la crisis y quiénes la pagan. El ajuste fondomonetarista continuará su curso y las contradicciones que presenta el acuerdo seguirán descargándose sobre las mayorías. Por lo tanto, necesitamos una intervención obrera y popular para tirarlo abajo, en esa perspectiva se inscribe la campaña por un paro nacional y un plan de lucha.