Se ha dado a conocer el índice de inflación del mes de junio, el cual se ubica en el 3,2%. De este modo, la inflación en lo que va del año acumuló un 25,3% de aumento y un 50,2% en términos interanuales. Estas cifras son el resultado de un gobierno que viabiliza subas en las tarifas a la par que no toma ninguna medida de fondo para controlar el alza en los precios.

La promesa en torno a una desaceleración inflacionaria hasta fin de año ha quedado desdibujada ya que mes a mes el índice supera el umbral del 3%, con lo que la proyección de que sumará un 50% en todo el 2021 parece la más acertada. El hilo conductor de este golpe al bolsillo de los sectores populares viene siendo la subordinación completa por parte de la gestión de Alberto Fernández hacia los empresarios, y, a su vez, su política de rescate de una deuda usuraria.

El cuadro sin dudas se agravará teniendo en cuenta que en julio comenzará a correr el aumento en la boleta de gas, y, en agosto, el aumento retroactivo a julio de la factura de internet, telefonía y cable. A su vez, impactará el incremento del 8% en los artículos incluidos en el programa Precios Cuidados, así como la suba del 40% en los alquileres. Esto, mientras las reaperturas de paritarias se dan a cuentagotas y por montos que de todas maneras no empatan a la inflación.

La evaluación de cuáles son los costos reales y la inversión realizada estuvo completamente ausente en la decisión oficial de habilitar un aumento del 9% en la luz, del 6% en el gas y del 5% en los servicios de telecomunicaciones. A su vez, se mantienen intactas las concesiones a las petroleras, quienes gozan de un subsidio dolarizado para la producción de gas, a pesar de que persiste la “huelga” de inversiones en el sector.

Recientemente, a pedido de los pulpos de la alimentación, la cartera que dirige Paula Español desarmó el Programa Precios Máximos y estipuló una suba en los precios de los productos que están dentro de Precios Cuidados. Como se ve, el gobierno no solo no aplica ninguna medida de fondo para evitar sobreprecios, sino que además desarticula los precarios mecanismos de control existentes. La postración ante los empresarios es total.

La suba de los precios internacionales de los productos que exporta el país no ha redundado en una mayor solvencia de las arcas del Estado teniendo en cuenta que durante el año solo el 47% de las compras de BCRA quedó en las reservas. Debido a la sangría constante de divisas para complacer a los acreedores internacionales, el “boom” exportador solo provocó un encarecimiento de los precios de los alimentos en el mercado interno, afectando a las familias trabajadoras.

A su turno, la quiebra nacional es en definitiva lo que explica que aumente la brecha cambiaria, con una diferencia de $78 entre el dólar oficial y el paralelo. Este aspecto también incide en la inflación, ya que las empresas formadoras de precio fijan aumentos especulando con la posibilidad de una devaluación.

La inflación en los alimentos acumula en lo que va del 2021 un 26%, porcentaje por encima de la media, perjudicando fundamentalmente a los hogares de menores ingresos, ya que destinan un 36,2% del dinero que perciben en la compra de alimentos. No obstante, aquellos que superan el índice de pobreza también han sufrido un deterioro salarial producto de los topes salariales y la escalada inflacionaria. A modo de ejemplo, en abril del 2020 el salario promedio del sector formal se hallaba en $56.955,63, con ese monto un trabajador podía comprar 157,7 kilos de asado; en cambio, en abril del 2021, ese promedio se estableció en los $80.501,97 según el índice Ripte, reduciéndose la capacidad de compra a 126,8 kilos de asado.

A su vez, el gobierno ha contribuido en el incremento de la inflación al otorgar un aumento del 55% en los combustibles entre inicios del 2020 y mayo de este año. Sin lugar a dudas, los naftazos tienen un impacto en el aumento de precios del conjunto de los productos puesto que se encarece el transporte. De nuevo, se trata de una política al servicio de las petroleras que al mismo tiempo se relaciona con el rumbo fondomonetarista, puesto que las concesiones hacia el sector energético tienen la finalidad de disminuir la importación de gas, y, de este modo, ahorrar divisas y utilizarlas para cancelar vencimientos de deuda.

El avance de la carestía deriva en la caída del consumo de productos masivos, el cual disminuyó un 2,1% en junio 2021 en comparación al mismo mes del año pasado. Asimismo, la caída acumula un 7,4% en el primer semestre del año en comparación a mismo período del 2020. Las compras se redujeron más aún en los autoservicios, con una caída del 6,2% interanual en todo el país, alcanzando el 7,3% en el Amba. A nivel semestral, esta cifra llega al 14%.

La contracción del consumo acicatea la recesión económica. En ese sentido, los últimos datos del Indec informaron que en mayo 2021 hubo una caída en la actividad industrial del 5% en relación a abril de este año, configurando un caldo de cultivo para que las patronales den lugar a despidos y presionen a la baja los salarios. En definitiva, la orientación gubernamental de preservar los intereses de los capitalistas deriva en la catástrofe social a que asistimos.

Finalmente, para desacelerar la inflación es necesario proceder a abrir los libros de toda la cadena comercial en función de evaluar los costos, lo mismo corresponde en relación a las empresas proveedoras de servicios públicos. Al mismo tiempo, la estatización bajo control obrero del comercio exterior resulta fundamental a fin de que los precios en el mercado interno no se acoplen a la suba de los internacionales. Es preciso la nacionalización bajo gestión de los trabajadores de la industria energética para terminar con un régimen de subsidios y tarifazos permanentes, y de la banca para detener la fuga de capitales.

El repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI también forman parte de este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores, como así también la recomposición salarial sobre la base de un salario mínimo de $65.000 y paritarias indexadas a la inflación. Es un planteo que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, el cual pone por delante los intereses de las mayorías.

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