La semana se inició con la sugerencia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, de aplicar solo una dosis de las vacunas para poder ampliar el número de vacunados. El hecho confirmó que frente al agravamiento de los contagios el gobierno está buscando una salida en forma improvisada, pegando manotazos de ahogado. La propuesta de la funcionaria suscitó un debate a favor y en contra sin argumentos científicos confiables que respaldaran las posiciones, pero que alertan sobre dos cuestiones: el grado de improvisación oficial y la decisión de sostener una orientación frente a la pandemia basada en descargar sobre la responsabilidad de los individuos la posibilidad o no de producir contagios.

En el editorial de esta semana (Pandemia: lo que sí se puede y se debe hacer) hacemos una descripción completa de la orientación del gobierno y a su vez detallamos un programa de emergencia de los trabajadores. Hay cuestiones a destacar. Por una lado la negativa a establecer restricciones en la circulación de personas. Esta medida (la única que por ahora se demuestra como eficaz) necesita de condiciones materiales para implementarla. En un país donde el 40% de la fuerza laboral lo hace en la informalidad, garantizar el ingreso familiar es fundamental. Pero el gobierno no está dispuesto a poner un peso en ello, cuando lo hizo fue escaso y por lo tanto obligó a salir a buscar el sustento.

El segundo aspecto es que en medio de la pandemia el presupuesto de salud ha sido recortado en términos reales. Esto golpea fundamentalmente a los trabajadores del sector, que deben salir a reclamar por su salario y condiciones de trabajo y que están agobiados por el pluriempleo, colocándose también en la primera línea de los contagios. Lo cual ha llevado a que en plena pandemia la lucha y la organización de los trabajadores de la salud esté en la agenda inmediata.

Tampoco se vuelcan los recursos para acelerar la vacunación: de las 300.000 dosis de la vacuna rusa que llegaron hace ya 23 días solo se aplicaron dos tercios, es decir, a este ritmo vacunar con la primera de las dos dosis llevaría una década. Una cuestión similar sucede con los testeos que ayudan a aislar a aquellos que están contagiados. El operativo armado por el gobierno de CABA para quienes arriban a la Ciudad desde las zonas de turismo es un fracaso: dan turnos con una semana de demora, tiempo más que suficiente para esparcir el virus.

La discusión sobre el inicio de las clases se mueve en estos límites: ¿existen las condiciones para asegurar que el regreso a las aulas no desate una crisis sanitaria mayor por la falta de la protección indispensable? Nuevamente el manejo de los recursos revela que se privilegian otros intereses al de la salud y la educación públicas, como sucede con los recortes al Plan Sarmiento en CABA que, a pesar de sus falencias, al menos garantizaba dispositivos tecnológicos a los pibes. No solo no se invierte en infraestructura que garantice la presencialidad sino que se limita aún más el acceso a herramientas.

Hay que destacar en este cuadro los avances que con escasos recursos producen científicos argentinos como es el del suero equino hiperinmune que adquirió relieve internacional y escaso destaque de las autoridades nacionales.

¿Salud o economía? Ninguna de las dos

El gobierno salió a responder a las críticas a su política que él privilegiaba la salud a la economía. Haciendo un balance vemos que esta apuesta no dio resultados. La cuarentena terminó produciendo un hartazgo en la población porque no tenía las condiciones para sostenerla y por lo tanto se fue diluyendo. Para más la apertura no se dio con las condiciones de bioseguridad necesarias y el esfuerzo apareció como un fracaso.

Si vamos a la “economía” se encuentra en el mismo laberinto: a la espera de un acuerdo con el FMI (que parece alejarse en el tiempo) que le permita un “despegue”. En el “mientras tanto” los compromisos de las provincias y las empresas con sus acreedores internacionales van marcando las condiciones de un mayor hipotecamiento de los recursos del país. Es lo que sucede con dos de los acuerdos recientes: el de YPF y el de la provincia de Córdoba.

A la par del aumento de la desocupación (por lo despidos que nunca se prohibieron), del derrumbe de los salarios y jubilaciones comidos por la inflación, se suman las actualizaciones de precios y tarifas. El aumento de los productos de la canasta alimentaria duplican el promedio inflacionario, por ello llegamos a que el consumo de carne haya sido el más bajo en los últimos 100 años.

Sin embargo las penurias no se reparten en forma igualitaria. Los datos oficiales revelan que durante la pandemia la productividad de 9 de cada 12 empresas importante aumentó. Para ser más claros: los trabajadores producen más. Esto se debe fundamentalmente a que el crecimiento (aun escaso) de la producción se hizo con menos trabajadores (porque hubo reducción de las plantas de personal) y porque se avanzó sobre condiciones de trabajo (flexibilización). Los beneficios de este aumento de la productividad no lo percibieron los laburantes. Lo que para el grueso de la población es una tragedia para un grupo importante de capitalistas es un negocio.

El gobierno acompañó y alentó este proceso de mayor ataque a las condiciones materiales de la inmensa mayoría que habita este país. Aquellas medidas que de alguna manera rozan intereses capitalistas son abandonadas con premura. Sucedió con la insinuación de la centralización de la salud, que ni llegó a cobrar forma. Con la expropiación de Vicentin para conseguir la “soberanía alimentaria”. Con el impuesto a las fortunas que terminó en un “aporte solidario” ultrarreducido y que aún no se efectivizó. La última fue la marcha atrás con respecto a la exportación de maíz, partida que ganó la Mesa de Enlace que además se da el lujo de liquidar los dólares del negocio agroexportador a cuentagotas y presionando por una devaluación mayor.

El gobierno eligió siempre por la “economía”, pero la de los capitalistas no la de la inmensa mayoría de la población. Un botón que sobra como muestra: las ARTs no están obligadas a aceptar automáticamente las denuncias por Covid-19 (salvo en el caso de los trabajadores de la salud).

Patriarcado, justicia y presos políticos

No podemos finalizar este resumen semanal sin referirnos a un par de hechos.

La promulgación de la ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha servido para que Alberto Fernández diera muestras de lo ajena que le es esa conquista. Consideró que con ella ponía fin al patriarcado y se congratulaba por haberlo hecho pretendiendo robarse la que es, como pocas, una conquista arrancada a pura lucha. Pero además Fernández se equivoca, la lucha contra el patriarcado ahora va adquirir mayor fuerza palanqueada por el triunfo de la marea verde, la situación de sometimiento a la mujer tanto material como física y psicológicamente se ha profundizado.

El otro tema es el de la confirmación de la condena (y vuelta a la cárcel) del exvicepresidente de Cristina por el negociado con Ciccone Calcográfica. Lo que ha motivado una campaña para colocar a Boudou como un preso político. Que un funcionario o ex sea condenado es un hecho político, pero eso no significa que sea inocente de lo que se lo acusa. Recomiendo ampliar el tema con la nota del compañero Juan García.

Lo de Boudou aceleró la preocupación por la situación de Cristina Kirchner, cuando la vía judicial parece conducirla hacia una condena segura. CFK está presionando fuertemente para una reforma judicial que incluiría a la Corte Suprema, las condiciones políticas para lograrlo no parecen estar. Es claro que la situación procesal de una miembra clave en la coalición gobernante plantea una crisis política.

Buen domingo.