Cuando está terminando el año el gobierno se apresta para acelerar un acuerdo con el FMI, en medio de un clima económico turbulento y urgido por la carencia de dólares y un malestar social que crece. En este punto, la nueva carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner busca facilitar la tarea de arribar a este pacto entreguista, descartando que exista una “resistencia nac & pop” al ajuste y tratando de comprometer a la oposición patronal con los términos de la entrega al imperialismo.

El estado de estas negociaciones resulta agónico para el gobierno nacional, que debe encarar próximos vencimientos de deuda por alrededor de 9.000 millones de dólares con un Banco Central en rojo. Desde la gestión de Alberto Fernández y compañia han ido a la rastra de este resultado ruinoso, sosteniendo la fuga de capitales con la cual liquidaron gran parte de los 14.000 millones de dólares de superávit comercial de un buen año de exportaciones.

El gobierno intenta ofrecer nuevas garantías al FMI, por lo que Alberto Fernández preparó un paquete de medidas y leyes a imagen y semejanza de los requerimientos de ajuste fiscal y beneficios patronales, cuyas consecuencias resultarían ruinosas para el pueblo trabajador. Allí se inscribe el plan plurianual, que incorpora el ajuste sobre los planes sociales y la obra pública, la reforma laboral, recortes en los subsidios y jubilaciones, devaluación y más inflación. Este vendría a complementar el Proyecto de Presupuesto 2022, de ajuste, elaborado por el Frente de Todos.

En este cuadro, y bajo el fantasma del corralito del 2001, al cumplirse 20 años de los eventos que dieron por comienzo a la caída del gobierno de De la Rúa, muchos ahorristas acudieron a los bancos a retirar sus dólares ante el miedo de que el gobierno cerrara más el cerco del cepo al dólar y restringiera el acceso a los depósitos en dicha moneda. Resulta que lo que se rumorea es que ante la falta de dólares el gobierno ya habría metido mano en los encajes bancarios, que ofician de garantía de los depositantes.

La aparición de la variante Ómicron a nivel mundial no deja de poner en alerta y en vilo a la comunidad mundial, ni descarta que la Argentina sea víctima de una tercera ola de la pandemia, lo cual demandaría un flujo de recursos contrario al camino de recortes emprendido por el gobierno, más aún en el sector de Salud que ha desmantelado gran parte de la estructura montada para enfrentar los contagios.

Ante tamaña señal de ajuste y una clara definición de la orientación oficial, un grupo de organizaciones sociales oficialistas, entre los que se destaca el dirigente papal Juan Grabois, movilizó al Congreso de la Nación para reclamar por el tratamiento de seis leyes propias que se encuentran demoradas, evitando pronunciarse sobre la cuestión de “Fondo”: el paquete de leyes del gobierno y el acuerdo con el FMI traerían aparejado un ajuste que anularía cualquier “agenda progresista”.

En el mientras tanto el gobierno sigue con sus políticas de ajuste contra los trabajadores. Es el caso de lo sucedido con el DNU presidencial que recorta en $12.000 millones el presupuesto de la Anses para el pago de las deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente. O el fracaso de la a política de “congelamiento de precios“, ue fue la tapadera de una inflación creciente y devino en la renuncia de la subsecretaria de Comercio, Débora Giorgi.

Un reflejo de la transferencia de recursos públicos al capital financiero quedó de manifiesto con las inundaciones producidas por el temporal del domingo 28, que sacudió a los distritos del Amba y dejó un saldo de miles de inundados, con sus consecuentes pérdidas materiales, a falta de obras hídricas para desagotar un caudal de agua que, aunque cuantioso, no debería suponer una amenaza de este tipo.

A sabiendas de que el programa de ajuste de la clase capitalista opondrá resistencia y lucha por parte de los trabajadores, el fallo contra César Arakaki y Daniel Ruiz, con acusaciones falsas, se presenta como un instrumento para aleccionar al pueblo trabajador y buscar impedir que irrumpa un movimiento de lucha contra el acuerdo ruinoso con el FMI.

Pero ese movimiento ya se viene gestando desde las organizaciones piqueteras combativas y la izquierda. La Unidad Piquetera, de la cual es parte fundamental el Polo Obrero, viene de realizar una importante movilización el 23 de noviembre contra el ajuste y el FMI, denunciando los recortes alimentarios y el bono insuficiente del gobierno para paliar ingresos de hambre. Ahora, muchas de estas organizaciones son participantes de la movilización convocada a Plaza de Mayo el sábado 11, para rechazar el acuerdo con el FMI.

Esta convocatoria a Plaza de Mayo traza una línea de intervención opuesta al camino emprendido por el gobierno y la oposición patronal, surgida de la iniciativa del Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero, y que ya a sumado la adhesión y participación de importantes sectores estudiantiles, sindicales, organizaciones de DD.HH. y políticas, particularmente de izquierda. Mientras se espera la adhesión de muchas otros sectores en los próximos días.

La Plaza contra el FMI es la única trinchera de lucha para derrotar la ofensiva capitalista y ajustadora que viene bajo el brazo del gobierno nacional, sus componendas con la oposición patronal y el acuerdo con el FMI. El próximo sábado 11, a las 16 horas, vamos a copar la Plaza de Mayo, para abrir paso a una salida alternativa, de los trabajadores, a la crisis profunda y al agotamiento del régimen de ajustadores.

Buen domingo.

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