Después de celebrar la derrota electoral en Plaza de Mayo, Alberto Fernández se refirió a cinco proyectos de ley que condensarían el rumbo económico que busca darle al país el gobierno del Frente de Todos. En síntesis, se trata de un rosario de beneficios impositivos que embolsarán las grandes empresas que dominan ramas estratégicas, pero que probablemente no reviertan la huelga de inversiones que sufre la Argentina.

Los cinco proyectos serían “la ley de hidrocarburos, la ley agroindustrial, la ley de compre argentino, la ley de electromovilidad y la ley de industria automotriz”. Repasemos cada uno para caracterizar la orientación oficial, aunque para resumir hay que partir de que se trata de regímenes de amortización acelerada, devolución del IVA, reducción de aportes patronales para nuevas contrataciones, entre otras dádivas.

La primera es una norma para tentar a las petroleras, precisamente un sector que ya recibe un trato preferencial del Estado porque cuenta con un precio dolarizado para el gas en boca de pozo, y el año pasado fue premiado con una remoción móvil de las retenciones a las exportaciones (para aprovechar la caída de la demanda interna de combustibles por la pandemia); aspectos ambos que cobrarían ahora “fuerza de ley”. En lo esencial, generaliza la concesiones otorgadas a la norteamericana Chevron en aquel pacto secreto que en 2013 dio inicio a la explotación no convencional en Vaca Muerta, incluido el acceso -en pleno cepo- a parte de los dólares que embolsen por exportación.

Las patronales no han recibido el proyecto con euforia. De hecho, en los años que llevan los Plan Gas -inaugurados por Kicillof en su época de ministro de Economía y continuados por el macrismo- las principales compañías prácticamente financiaron sus inversiones a base de subsidios y exenciones tributarias. Sobre la afirmación de que ayudaría a generar empleo vale decir que la YPF de mayoría estatal en su directorio avanzó a pasos acelerados en su “plan de optimización” a fuerza de retiros “voluntarios” en masa y superexplotación laboral.

Lo que se ofrece a los pulpos de los agronegocios contempla de igual manera numerosas exenciones, como descontar del Impuesto a las Ganancias la compra de maquinaria, insumos y semillas fiscalizadas, y eximir del mismo a los ganaderos durante el proceso de engorde. De esta manera se favorecerán los negocios de multinacionales como Bayer-Monsanto o la china Syngenta que imponen la utilización de todo su paquete tecnológico -agrotóxicos incluidos-, o la yanqui John Deere que concentra la mayor cuota del mercado de maquinaria agrícola. Es entendible por qué sectores oficialistas como la Unión de Trabajadores de la Tierra salió a rechazarla como perjudicial para la agricultura familiar. El grueso de la renta, desde ya, es apropiado por las cerealeras y aceiteras chinas, estadounidenses y europeas que concentran el comercio exterior desde sus puertos privados.

A pesar de que la ley contempla la mayor parte de las exigencias que el año pasado acercó el Consejo Agroindustrial al gobierno, el hecho de que no contenga la potestad de girar divisas al exterior le restó el interés de las patronales. Tomada en general, la próxima campaña agraria no registra avances en cuanto a superficie cultivada, ni menos en el rinde por hectárea. Apuntemos de paso que se favorecerían aquellos consorcios que son acusados por el gobierno de empujar al alza los precios de la carne.

Algo de lo dicho permite demostrar la estafa de la denominada ley de “compre argentino”, que según voceros oficiales apunta a incentivar la industria nacional y la cadena de valor local. Se trata de un esquema para que el Estado priorice a determinados proveedores para sus compras, de manera que sirva de estímulo. Si bien hablan de que impulsaría a las pymes, los ejemplos contenidos en el paper oficial son ilustrativos: mencionan las licitaciones ganadas por Techint de Paolo Rocca para la venta de tubos de acero sin costura para gasoductos o por Synergium Biotech de Hugo Sigman para vacunas y productos biotecnológicos, es decir verdaderos emporios por demás representativos de la concentración empresaria que según el libreto kirchnerista explican el encarecimiento de los insumos difundidos o los medicamentos.

Los últimos dos proyectos están dirigidos a las automotrices, que gozarían además de la eximición de los derechos de exportación por una década para proyectos productivos con un contenido nacional del… 15%. Es otra rama que percibió concesiones especiales los últimos años, y que puede ampliar la producción sin grandes inversiones porque cuenta con una gigantesca capacidad instalada que permanece ociosa. La “movilidad sustentable”, por su parte, es usada como cobertura verde de un negocio de grandes jugadores a nivel mundial: fue presentada por el presidente en Toyota, que lucra con la exención de impuestos a la importación de vehículos eléctricos e híbridos, negocio que concentra en un 86%.

Sobre las promesas de fomentar el empleo de calidad en este rubro hay que destacar que la visita de Fernández a la planta de la automotriz japonesa en Zárate tuvo el plus de celebrar la reforma laboral flexibilizadora acordada con la burocracia sindical del Smata, que constituye el modelo para atacar los convenios colectivos “sector por sector”. El gobierno intenta armar un gran negocio de exportación, cuando según las cámaras patronales en septiembre los patentamientos se ubicaron un 49% por debajo del promedio de los últimos 15 años, expresando el desplome del poder adquisitivo de los salarios argentinos.

El hecho de que no prime el entusiasmo entre los destinatarios de estos regímenes de beneficios obedece en primer lugar a que el gran capital presiona por una mayor libertad cambiaria, que les facilite el acceso al mercado del dólar oficial para fugar sus utilidades a sus casas matrices en el extranjero, o hacia paraísos fiscales para el caso de los capitales nacionales (en el podio de los Pandora Papers). Esto expresa una contradicción mortal en la política económica del Frente de Todos, condicionado por su orientación de sellar un acuerdo con el FMI que requiere recaudar las divisas para cumplir con el repago de la deuda.

La cuestión ha quedado retratada en otro rubro, que difiere de los anteriores en que el gobierno aún no publicitó sus concesiones: la minería. No obstante, se habla hace tiempo de un plan para multiplicar por diez las exportaciones de minerales, cuando las mineras ya pagan regalías irrisorias y les bajaron retenciones el año pasado en medio de una alza de precios internacionales. El anuncio de inversión de la francesa Erament para la extracción de litio en Salta fue lubricada, en palabras del CEO de la firma, por el compromiso asumido por el titular del Banco Central de “mejorar los términos del decreto 234”, que permite a las empresas con proyectos de inversión superiores a los 100 millones de dólares disponer libremente del 20% de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior. Según un columnista de La Nación (18/11), ello se concretaría “antes de la visita, la semana que viene, de los directivos de Fortescue, la firma australiana que anunció inversiones para producir hidrógeno verde en Río Negro”, la cual tenía este punto entre sus exigencias coloniales.

El “futuro de la Argentina” quedaría con este rumbo en manos del gran capital, lo cual solo reafirmará el saqueo nacional de las últimas décadas. Solo un plan económico de los trabajadores puede sacarnos de la decadencia secular, reinvirtiendo las riquezas del país en un plan de desarrollo productivo a base de nacionalizar la banca y el comercio exterior, y del repudio de la deuda externa usuraria y la ruptura con el FMI.

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