La Justicia Federal de La Plata dispuso la suspensión preventiva del artículo del DNU de Milei que habilita la derogación de la ley de tierras, la cual limita la cantidad de terrenos que puede adquirir un extranjero. El gobierno suma otro revés judicial, lo que demuestra la magnitud de la crisis política.

La disposición daba rienda suelta a que el capital extranjero compre la cantidad de tierra que se le plazca. Milei busca ir hacia una profundización de la entrega de los recursos nacionales, una política que todos los gobiernos capitalistas han venido desenvolviendo. No por nada en Argentina el nivel de extranjerización de la tierra es altísimo.

Por ejemplo, Benetton posee 900.000 hectáreas; el grupo británico Walbrook unas 600.000; y la empresa china Heilongjiang Beidahuag unas 330.000. En total, 12,5 millones de hectáreas están en manos de extranjeros.

Estas empresas capitalistas acaparan la tierra para poner en pie emprendimientos inmobiliarios, sojeros, petroleros, entre otros. Lucran no solo a costa de la explotación de los trabajadores, sino también de la destrucción del ambiente y a menudo de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras.

La resolución fue emitida por el juez federal Ernesto Kreplak, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). El gobierno recibió varios reveses judiciales. Viene de apelar la cautelar que frenó la suba en el transporte y la Justicia acaba de declarar inconstitucional la reforma laboral reaccionaria.

Ante un gobierno que no termina de hacer pie, los trabajadores tenemos que pelear hasta tirar abajo toda la política antiobrera de Milei. Una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, como propone el Partido Obrero, sería una instancia clave para organizar un plan de lucha. Solo los trabajadores podemos detener el saqueo de la Argentina y utilizar la tierra en función de nuestros intereses sociales.

El próximo capítulo de esta pelea tendrá lugar este miércoles 31 de enero, en una jornada de lucha convocada por sectores combativos e independientes, mientras el Congreso sesiona para tratar la Ómnibus.

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