El 2022 contabiliza, al momento, más de 7.100 piquetes, según dejó saber la consultora Diagnóstico Político. La misma se dedica a relevar la “conflictividad social” desde 2009, resultando el presente año a estas alturas un récord absoluto en cortes y jornadas de lucha, aunque la cantidad podría ascender a 10.000 para diciembre. Por detrás le sigue el 2014, donde se contabilizaron 6.805. Las estadísticas siguen siendo utilizadas para redoblar la campaña de ataques contra los reclamos populares y de criminalización de los luchadores, pero, ¿qué hay detrás de este número?

Ya desde marzo la cifra mensual de protestas callejeras se ubica por encima de las 800. Mal que les pese al gobierno y a la oposición derechista, las luchas se multiplican al calor de la crisis social a la que nos arrastraron en las últimas décadas sus gobiernos. Las manifestaciones tienen reclamos precisos, cuando caen los ingresos de los trabajadores y es récord histórico la cantidad de ocupados bajo la línea de pobreza, recortan asistencia alimentaria cuando casi un 10% de la población está en situación de indigencia, se agrava la falta de vivienda, la policía mata pibes en los barrios y organiza bandas delictivas o se padecen cortes reiterados de servicios básicos. Por último, los piquetes no paran de crecer porque frente a este cuadro quienes nos gobiernan se mantienen intransigentes para atender los urgentes reclamos populares.

Es el caso testigo, por ejemplo, de los piquetes del Sutna: debieron luchar más de cinco meses con movilizaciones, huelgas y bloqueos para quebrar finalmente la intención de las patronales de firmar un aumento muy por debajo de la inflación, sorteando para ello los ataques y extorsiones oficiales de Massa y compañía. Es decir, tuvieron que sumar decenas de cortes a ese contador de conflictividad social hasta obtener un justo acuerdo paritario.

Otro tanto sucede con las protestas callejeras organizadas por la Unidad Piquetera, una vanguardia de la lucha contra el hambre y por trabajo genuino en el país que protagonizó acciones masivas, acampes y permanencias, y hasta una imponente Marcha Federal a lo largo y ancho del país. Es el movimiento piquetero al que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y hasta Cristina Fernández de Kirchner acusan de “extorsionadores”, para persistir en la negativa a abrir el acceso a los programas sociales y seguir ajustando en la asistencia alimentaria.

Este es un aspecto crucial. Recientemente la vicepresidenta pidió una “intervención más precisa” del Estado frente a la indigencia, cuando en realidad la intervención del gobierno nacional es insoslayable: habilitan los aumentos de precios (prepagas, telecomunicaciones, combustibles) y decretan tarifazos, mientras anclan al salario mínimo y la jubilación mínima debajo de la canasta alimentaria, sellan paritarias por debajo de la inflación en la planta laboral pública y acuden en respaldo de las patronales en las negociaciones paritarias. Cuando aparecen los reclamos contra el hambre o por aumentos de salarios, el Estado también interviene: persiguiendo, encarcelando, judicializando y reprimiendo.

En este punto impera, en los distintos distritos, el mismo horizonte de ajuste al servicio del pacto con el FMI. Vale para los encarcelamientos y el intento de reforma constitucional fascistoide de Gerardo Morales en Jujuy y las demandas de Larreta a las familias de estudiantes que toman los colegios porteños, como para la persecución, el espionaje y los encarcelamientos de Alicia Kirchner en Santa Cruz o los desalojos brutales de Sergio Berni en la Provincia de Buenos Aires. Ninguno da soluciones a los reclamos populares, todos responden con palos e inflexibilidad.

Esta reacción ante los piquetes de los trabajadores es muy diferente cuando quienes protestan son sectores capitalistas. A los sojeros que hicieron los tractorazos y acopiaron la cosecha les dieron un dólar especial; a los bancos que montaron la corrida cambiaria les pagan tasas más altas alimentando la bicicleta financiera a costa de deprimir el consumo y la economía; a las mineras que subfacturan exportaciones les arman un régimen de acceso preferencial a las divisas.

Visto desde otro ángulo, el récord de piquetes es auspicioso. Da cuenta de que los trabajadores tienen reserva suficiente para defender sus condiciones de vida frente al hambre, la inflación, la desocupación o la precarización laboral. Tras la victoria ejemplificadora del neumático en medio de un despertar generalizado de luchas, la tarea es multiplicar los piquetes todo lo que sea necesario para derrotar el pacto ajustador del FMI y el gobierno. En este sendero venimos reclamando un plan de lucha y la convocatoria impostergable de un paro nacional. Y por este cometido iremos el próximo 29 de octubre a llenar la Plaza de Mayo de luchadores.