Es más que una ironía de la historia que el centenario de la creación de YPF como compañía petrolera nacional nos encuentre en medio de una crisis por el desabastecimiento de gasoil. Es un símbolo de la incapacidad de la burguesía nacional, y del nacionalismo burgués en particular, en desarrollar las potencias productivas de la Argentina en beneficio del país. No es casual que ante una efeméride tan importante el gobierno del Frente de Todos se limite a un acto de compromiso; es un accionar vergonzante derivado de que YPF es hoy la viga de una política parasitaria, al servicio de los negocios de las petroleras privadas e impotente para afrontar el déficit energético.

Vamos por partes. La escasez de gasoil, que está avivando reclamos de los transportistas en numerosas provincias y pone en riesgo la liquidación de la cosecha agrícola, tiene al gobierno y a YPF como cómplices directos. Resulta que mientras Argentina debe importar combustibles para cubrir su demanda interna, pagando en dólares los crecientes precios del mercado internacional, se permite a las petroleras exportar el crudo que extraen -agravando así el déficit en momentos de carencia de divisas.

Según el Indec, en el primer cuatrimestre las importaciones de combustibles casi se triplicaron en comparación con el año pasado, principalmente porque las compras de gasoil más que se quintuplicaron (en parte por suba de 60% en el precio), mientras que las exportaciones de petróleo crudo se multiplicaron por tres veces y media. Esto es favorecido por la rebaja de retenciones que el gobierno dispuso en 2020, y ahora con el estímulo de que podrán acceder a parte de los dólares a precio oficial para girar dividendos al exterior.

YPF cubre la diferencia de la demanda interna absorbiendo las pérdidas por comprar caro afuera y en dólares para vender adentro en pesos y a menores precios; según un medio especializado las refinadoras habrían perdido por estas operaciones 100 millones de dólares en abril (Econojournal, 2/5), con la compañía como principal afectada. Es la antítesis de una política de soberanía energética.

Este es también uno de los puntos más críticos de la empantanada política económica. El déficit promete agravarse ya que ahora el jefe de gabinete Juan Manzur salió a calmar las aguas afirmando que el gobierno se compromete a importar lo que haga falta, lo que parece enterrar toda perspectiva de cumplir con la meta de acumular divisas pautada en el acuerdo con el FMI. También augura nuevos naftazos, cuando en el año las subas superan el 30%. Está claro por qué no hay grandes celebraciones oficiales en este centenario, amén de la curiosidad que despierta el reencuentro de presidente y vice tras tres meses de desplantes.

El desabastecimiento de gasoil es por eso un capítulo del déficit energético, producto de la rapiña de los pulpos petroleros nacionales y extranjeros. Según el discurso oficial estaríamos en camino a revertirlo, pero lo cierto es que mientras festejan los récords de Vaca Muerta declinan sostenidamente las cuencas convencionales. Es el resultado lapidario tras una década de la “recuperación” de YPF motorizada por el gobierno de Cristina para montar, acto seguido, el esquema que comenzó con el pacto secreto con la yanqui Chevron.

Según la Secretaría de Energía la producción petrolera anual está por debajo de hace diez años, al igual que el promedio diario de barriles, ya que el crecimiento de la cuenca neuquina fue menor a la caída de la cuyana y del Golfo San Jorge de Chubut. En esta última formación, la propia YPF redujo 554.000 m3 su producción de petróleo entre 2019 y 2021. En el caso del gas, a pesar de los subsidios millonarios del Plan Gas -que dolariza la base de la matriz energética del país- la extracción anual está apenas por encima. Crecen los negocios, pero sigue la huelga de inversiones.

Es que a pesar de la “renta inesperada” que están embolsando gracias a los efectos de la guerra en Ucrania, las petroleras no radican capitales a largo plazo para incrementar la producción en forma sostenida. Tras el decreto que les flexibiliza el cepo, que no levantó mucho entusiasmo en el sector, quien obró como vocero de las empresas fue el gobernador neuquino Omar Gutiérrez: reclamó lisa y llanamente la liberación de los controles de capital. Es la misma respuesta que le dieron las compañías a Martín Guzmán. Lógico que, al igual que sucede con las importaciones de gasoil, esto se choca con las escuálidas reservas del Banco Central. Es el síndrome de la frazada corta.

Las dificultades para abordar el déficit energético volvieron a primer plano con la renuncia del equipo técnico a cargo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en medio del atraso en la licitación y de vaivenes en cuanto al financiamiento (después de afirmar que el Tesoro tenía los recursos ya asignados, se barajó emitir un bono para que las petroleras costeen la obra). Como sea, que al día de hoy las petroleras despachen gas vía Chile, cuando aún se especula que puede haber cortes se suministro en el invierno, revela que de concretarse el gasoducto podría repetirse lo mismo que sucede con el crudo.

Que Alberto Fernández y Cristina Kirchner vuelvan a verse las caras en la celebración del centenario de YPF no es fortuito, sino la expresión de una coincidencia: los ejecutores de esta política parasitaria al frente de la petrolera de mayoría accionaria del Estado son funcionarios que reportan al kirchnerismo, con la presidencia del santacruceño Pablo González y el CEO Sergio Affronti. No hay aquí grieta con Guzmán y compañía.

El acto oficial será una coartada para disimular el fracaso “nacional y popular”, que finalmente cuenta con el mismo elenco que protagonizó la privatización de YPF en los ’90, cuando Néstor Kirchner gobernaba de Santa Cruz, y reivindica como un acto de soberanía el pago usurario a Repsol después de dos décadas de vaciamiento de la compañía, la cual cuenta diez años más tarde con la quinta parte de su capitalización bursátil de entonces. El desarrollo de una política energética soberana y al servicio de las necesidades nacionales será obra de un gobierno de trabajadores.

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