Políticas
4/8/2025
El espionaje ilegal del gobierno hacia luchadores y opositores
Se conoció un informe de la Agencia de Seguridad Nacional que da cuenta de los planes de persecución y represión de Milei.
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Milei.
Se acaba de conocer que el gobierno nacional utilizó la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) para espiar sindicatos, organizaciones de lucha y a sectores de la oposición. A medida que avanza en su plan de ajuste contra las masas en beneficio de la clase capitalista, Milei refuerza las atribuciones regimentadoras y represivas del Estado. Quiere tener un aparato de gobierno lo más fuerte y autoritario posible para hacer frente a los eventuales estallidos sociales que podrían derivarse de la agudización de la crisis, el colapso del esquema económico y del impacto de sus medidas de ofensiva contra los trabajadores.
La información surge de un informe de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), al cual el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, tuvo acceso. Ese organismo se encuentra dirigido por Alejandro Cecati, comisario general retirado, exfuncionario del gobierno de Cambiemos y quien fuera citado por Mauricio Macri para declarar a su favor en la indagatoria por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. Todo esto está en línea con el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por el gobierno en mayo, con el que montó un aparato de persecución política y espionaje ilegal sobre quienes cuestionen al régimen.
De la lectura del documento se desprende que la Side monitoreó los horarios, las recorridas y los lugares de realización de las protestas y convocatorias que estaban previstas para el miércoles 9 de julio, día en el que hubo una movilización en apoyo a los jubilados y en el que venció el plazo de presentación de listas para las elecciones bonaerenses que tendrán lugar el 7 de septiembre.
En la mira del organismo conducido por Milei y Santiago Caputo estuvieron las organizaciones de jubilados y del colectivo de discapacidad, sindicatos como el Sutna, La Bancaria y la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la CGT y la CTA; también el PJ y dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, la Junta Electoral Provincial, y elementos de la UCR como Miguel Fernández.
Que se ponga el foco en el mundo sindical es un indicativo de que el gobierno es consciente de que su brutal política de ajuste puede desatar una convulsión social. El Sutna, que se destaca por ser un sindicato antiburocrático y clasista, viene protagonizando junto a los trabajadores luchas aguerridas contra despidos e intentos de la patronal –apoyada por el gobierno– de reventar los convenios colectivos. Los trabajadores de Vialidad han salido a pelear contra el ajuste en el área, y en el sector bancario ha habido duros ataques (cierre de sucursales del Banco Nación, por ejemplo).
Los jubilados, por su parte, están llevando adelante acciones de lucha desde hace meses contra el plan de destrucción del sistema previsional (mantenimiento de los haberes en montos de indigencia, vaciamiento del Pami, recorte en la entrega de medicamentos, y, más en general, un intento por ir hacia un sistema tipo AFJP) impulsado por Milei, convirtiéndose en un factor de impulso a otras luchas de trabajadores; y el colectivo de discapacidad ha salido a las calles numerosas veces poniendo de manifiesto, incluso bajo el gobierno anterior, el carácter criminal de los planes de ajuste fondomonetaristas.
Curiosamente, no hay mención alguna sobre las actividades políticas de La Libertad Avanza y sus dirigentes, ni tampoco sobre el PRO. El informe solo hace referencia al partido amarillo para señalar que una senadora suya formó parte de un grupo de legisladores que firmó los dictámenes de los recientemente vetados proyectos de ley sobre los jubilados y el sector de discapacidad, y para señalar movidas de Juntos por el Cambio en los concejos deliberantes.
La política del gobierno viola la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La ASN tiene como objetivo “la producción de inteligencia referida a amenazas susceptibles de afectar los derechos y las garantías de los habitantes de Argentina y la plena vigencia y funcionamiento del sistema representativo, republicano y federal establecido por la Constitución Nacional”. El gobierno, que defiende a golpistas como Trump y Bolsonaro o que reivindica a la dictadura militar, considera golpista prácticamente todo tipo de manifestación callejera en su contra; llegó a impulsar junto a la Justicia causas por sedición contra manifestantes que participaron de una movilización contra la Ley Bases.
Milei no solo viene dándole más poder a los organismos de inteligencia –sobre los cuales, cabe destacar, reina una enorme influencia del imperialismo y del sionismo (los principales promotores de la persecución política y los crímenes contra los pueblos del mundo)–, sino también a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas. Este reforzamiento del aparato represivo y persecutorio está al servicio de regimentar a las masas, promover el miedo entre ellas y quebrar las luchas en curso. El gobierno se está preparando para enfrentar una mayor reacción de los trabajadores, en momentos en los que refuerza sus ataques contra el movimiento obrero y el plan económico cruje por contradicciones en estado de ebullición.
Hay que ganar las calles para derrotar al gobierno.
