En las vísperas de cumplirse 20 años del corralito bancario decretado por el gobierno de Fernando de la Rúa en medio de una corrida generada por una crisis de deuda, una resolución de Banco Central desató rumores sobre la posibilidad de una reedición de aquel congelamiento de los depósitos de los ahorristas y generó un agitado movimiento en las sucursales de bancos, donde se vio a los clientes retirar sus dólares de las cajas de ahorro para meterlos en cajas de seguridad. Funcionarios y economistas salieron a descartar de plano dicha posibilidad, pero proliferaron los paralelismos con ese diciembre de 2001.

No hablamos solo de la mitad de la población sumida en la pobreza, años de recesión y desocupación en ascenso, sino especialmente de lo impagable de los vencimientos de deuda externa que se avecinan, y que fuerzan al gobierno a ajustar cada vez más el cepo cambiario. La resolución del Central que obliga a los bancos a venderle los dólares para reducir sus posiciones en moneda extranjera no afecta en sí a los depósitos, pero las versiones que circularon por WhatsApp empalmaron con un clima de zozobra propio del empantanamiento de toda la política económica y la sucesión de medidas que golpean a las familias trabajadoras en pos de cubrir los compromisos financieros.

La autoridad monetaria apuesta a recolectar 800 millones de dólares con dicha restricción a 0% de la posición neta global en divisas de las entidades bancarias, algo que apenas le alcanzaría para reponer lo que dilapidó en el mes para contener las cotizaciones paraleas del dólar. En el último día de noviembre los operadores destacan que el Banco Central “salió a jugar fuerte en la plaza mayorista” (Ámbito Financiero, 30/11). Se trata de otra improvisación de un gobierno jaqueado, que deberá afrontar un verano con vencimientos que rondan los 8.700 millones de dólares cuando las reservas internacionales líquidas del BCRA se hallan en terreno negativo según varias estimaciones, lo que significa que se estaría metiendo la mano en los encajes bancarios que ofician de garantía a los depositantes.

Si bien los depósitos en dólares no son afectados por esta resolución y seguirán respaldados con activos en la misma moneda, son evidentes las razones de la desconfianza. Más cuando horas antes del Black Friday se fijó el impedimento de financiar en cuotas la compra de pasajes y servicios hoteleros y turísticos en el exterior, fraguando el anhelo de vacacionar afuera a toda la clase media del país. La antipatía creció al ver que, simultáneamente, se dispararon los boletos y servicios a destinos turísticos dentro de la Argentina. ¿Todo para qué? Como se sinceró el senador oficialista Oscar Parrill, “la clase media no va a poder viajar al exterior porque los dólares tienen que ir para el FMI, esa es la verdad de la milanesa”. Clarito.

En aquel 1 de diciembre el ministro de Economía Domingo Cavallo firmaba el decreto que congelaba los depósitos. Hacía solo un año que se había firmado el “blindaje” -un megacrédito de 40.000 millones de dólares que pretendía ahuyentar el fantasma del default- y ya el gobierno de la Alianza había tenido que rogar al FMI la concreción de lo que se conoció como el “megacanje” por 29.500 millones de dólares. Esta política llevó el endeudamiento al 140% del PBI, y la inminencia de vencimientos inafrontables en el verano derivó en el recordado corralito que impedía retirar los ahorros de los bancos.

La disposición fue tomada luego de una feroz fuga de capitales que solo en el curso de ese año superó los 18.000 millones de dólares. La corrida se aceleró hacia el final de noviembre, y para cuando el corralito se aplicó abrochó casi únicamente a los pequeños ahorristas. Fue la gota que rebalsó el vaso y empujó a la clase media a plegarse en las calles a las grandes movilizaciones de desocupados, al grito de “piquete y cacerola la lucha es una sola” que concluyó en el Argentinazo y la caída del gobierno. La medida se levantó un año después, tras la megadevaluación que sancionó la salida de la convertibilidad menemista, lo que permitió que choreen los depósitos a más de 70.000 personas que demandaron al Estado por haber sido perjudicados con la pesificación de sus ahorros.

Además de similares niveles de pauperización social, hoy vemos a la misma clase social fugando capitales mientras el país marcha al quebranto. A la par del saqueo de divisas para pagar la deuda y contener al dólar, el raquitismo de las reservas internacionales del Banco Central también se explica por el retiro de los dólares de las empresas e inversores desde la corrida que siguió a las Paso de 2019, motivo por el cual los depósitos privados en dólares son hoy menos de la mitad que los 32.000 millones de entonces. Fue cuando Macri debió reponer el cepo cambiario que tanto había cuestionado a su antecesora, y rige hasta la actualidad con sucesivos endurecimientos que no obstante no impidieron que solo en los primeros seis meses de 2021 los capitalistas argentinos hayan colocado afuera más de 5.800 millones de dólares.

El corralito y la sequía de las arcas del Banco Central son por eso la contracara del régimen de fugadores que puso al país en el podio mundial de los Pandora Papers -entre economías hasta 30 veces más grandes. El propio Miguel Pesce advirtió que uno de cada cinco billetes norteamericanos que giran fuera de Estados Unidos están “abajo del colchón” de capitalistas criollos. Es por eso que 20 años después seguimos en el mismo círculo vicioso, mientras la insolvencia vuelve a facturarse a los trabajadores.

En efecto, vale rememorar también que para que Cavallo llegara al sillón de Economía tuvieron que caer antes dos ministros en el mismo año. El primero fue José Luis Machinea, que a tono con la negociación del “blindaje” capitaneó un severo ajuste fiscal e impulsó reformas laboral y jubilatoria dictadas por el capital financiero, con escándalo de coimas para lubricar su aprobación en el Congreso. En marzo de 2001 lo reemplazó Ricardo López Murphy, eyectado meses después por una formidable rebelión generalizada de la comunidad educativa y de los empleados públicos tras el intento de arancelar las universidades y recortar los salarios. Fue la profundización de esta orientación antiobrera, tutelada por el Fondo Monetario, lo que desató el levantamiento popular de diciembre.

Dos décadas después, las diferencias no pueden soslayar que el gobierno del Frente de Todos vuelve a ensayar una política tendiente a sellar un acuerdo con el FMI a fuerza de ataques a los trabajadores, con la promesa de un plan plurianual de ajuste fiscal y promoviendo la flexibilización de los convenios colectivos como sucedió en Toyota, luego de haberle robado la movilidad a los jubilados e impuesto techos paritarios para “desindexar” los salarios de una inflación descontrolada.

Contra quienes afirman que se trata de un esfuerzo para sacar adelante al país, es evidente que incluso en caso de “éxito” lo que tendremos será un nuevo programa fondomonetarista impagable que extenderá por décadas la tutela del Fondo sobre la economía nacional. Finalmente, un año después del canje negociado por Martín Guzmán con los bonistas la desplomada cotización de esos papeles revela un 90% de expectativas en que será necesaria una nueva reestructuración cuando comiencen los vencimientos de capital dentro de dos años.

Con o sin corralito, la necesidad de aunar las luchas para derrotar esta nueva entrega nacional es patente. Vaya justeza de la convocatoria a copar la Plaza de Mayo el próximo 11 de diciembre contra el pacto con el FMI, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad y un nutrido espectro de organizaciones obreras y combativas.