El “Supermartes legislativo” en la provincia de Buenos Aires, como titularon muchos medios, se extendió hasta la madrugada del miércoles. Atravesadas por negociaciones y crisis de todo tipo, las sesiones de Diputados y el Senado aprobaron un paquete de leyes, entre las que se cuentan el Presupuesto 2022, la Ley Impositiva, la Ley de Ministerios y la re-re-elección de los intendentes.

Para aprobar todas estas iniciativas el gobierno de Axel Kicillof negoció contrarreloj durante los días previos un acuerdo con la oposición patronal de Juntos por el Cambio para reunir los votos. En reuniones por fuera de los ámbitos de la Legislatura, el Frente de Todos y Juntos acordaban la letra chica de los proyectos, que ni siquiera presentaron en versión final al pleno de la Cámara, tejiendo un pacto que incluye el reparto de cargos y recursos, entre otras cosas.

Como parte del paquete, se restituyeron fondos a los municipios, como el FIM, que intendentes oficialistas y opositores utilizan como verdaderas cajas negras. La cuestión de la re-re-elección de los intendentes también fue parte de una tensa negociación y de crisis al interior de los bloques patronales.

Finalmente su aprobación fue el producto de este mismo acuerdo entre la mayoría del Frente de Todos y la mayoría de Juntos, que de esta forma habilitaron que 94 Intendentes puedan presentarse para un período más en el 2023. La oposición de Vidal y una parte del radicalismo en Juntos, y la del sector de Massa en el Frente de Todos, no tuvo mayor peso en la votación. La exgobernadora, en su “vuelta” a la provincia, no recibió el apoyo ni siquiera de los diputados que contaba como propios.

Todos (y) Juntos pusieron su huella

En una sesión con poco debate, que incluyó intervenciones muy por fuera del tema en tratamiento, ambos lados de la supuesta “grieta” dieron por aprobado el Presupuesto 2022.

La aprobación no es producto, sin embargo, solamente de las negociaciones espurias que ya mencionamos por cargos, re-elecciones y recursos. El voto conjunto del Frente de Todos y de JxC tiene que ver con el acuerdo en torno a un proyecto que significa ajuste, endeudamiento, represión y precarización laboral.
No faltaron de parte del oficialismo las críticas al “enorme endeudamiento” de la gestión de Vidal, pero en definitiva -como recordara algún legislador de Juntos- “discutimos mucho tiempo el endeudamiento de uno y del otro, pero hoy estamos aprobando casi 1.000 millones de dólares y no decimos nada”.

Como expresó el legislador del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, no hay ninguna marca de “responsabilidad” en el endeudamiento actual cuando tenemos un ajuste en curso y cerca de la mitad de la población en la pobreza. Por el contrario, el gobierno de Kicillof solicita nueva deuda, al tiempo que en su acuerdo de reestructuración con los bonistas de la deuda provincial que contrajeron Scioli y Vidal extendió los vencimientos por un par de décadas.

El presupuesto ajusta las cuentas para ser una garantía de pago a los acreedores de la deuda, por encima de las enormes carencias que el mensaje (fundamentación del proyecto) reconoce. Finalmente, allí radica el acuerdo político al cual, con sus votos, suscribe también la oposición de macristas y radicales.

Qué establece el Presupuesto

El presupuesto ajusta en áreas clave. Cuando estamos en una nueva ola de Covid, se recorta nominalmente el gasto en Salud, lo cual pone en peligro el cumplimiento del plan de vacunación (al menos dos millones de bonaerenses no se han vacunado, y dos millones tienen una sola dosis), los centros de testeos y la estructura para enfrentar la pandemia. Los nombramientos del personal de salud, tan necesarios para fortalecer un sistema sanitario en crisis, brillan por su ausencia.

Mientras el proyecto habla de una carencia habitacional que afecta a más de dos millones de bonaerenses, solo se propone construir ¡10.000 viviendas! Al paso que nos propone el gobierno, tomará al menos 200 años solucionar este problema. También se señala que el 22% de la población no tiene acceso a agua potable, y el 44% a las cloacas pero no se toma medida alguna al respecto.

En materia laboral, se ratifica el rumbo de las últimas décadas: el Estado es el primer precarizador. Casi un tercio de la planta estatal es temporaria o contratada. La gran excepción a la regla es la policía Bonaerense de Berni, que recibe el premio de la designación de 10.000 efectivos policiales en planta permanente, justamente porque el ajuste promete agudizar los choques sociales. El 24 de diciembre en La Matanza, con el brutal desalojo en el barrio 22 de Enero, hemos visto muy claramente a qué apunta ese reforzamiento de la bonaerense: En lugar de solucionar las carencias de la población, se plantea “resolver” los problemas con palos, balas y topadoras.

Párrafo aparte merece la etiqueta de “Presupuesto con Perspectiva de Género”, mencionado por varias diputadas del Frente de Todos como algo novedoso, pero que es una cáscara vacía. Mientras los femicidios y la violencia no cesan, los recursos para combatir esta situación decrecen, y los programas existentes siguen fracasando. Por eso, echan mano de partidas como la del Servicio Alimentario Escolar, y les colocan “una etiqueta” de “perspectiva de género”, en lo que es una verdadera estafa.

A luchar

La votación del Presupuesto 2022 ha fijado una ruta de ajuste, precarización laboral y endeudamiento. Al servicio de pelear contra esta prientación están colocadas las bancadas del Frente de Izquierda Unidad, que vienen de organizar importantes movilizaciones el 22 y el propio 28 de diciembre frente a la Legislatura para expresar el rechazo al presupuesto. Desde ese lugar conquistado, y en la lucha en cada lugar de trabajo y estudio y en cada barrio, seguiremos organizando la lucha por terminar con esta política de ajuste y hambre contra el pueblo.

Como expresó Guillermo Kane al cierre de su intervención, es necesario poner en marcha a la provincia con un plan de obras públicas y viviendas, sobre la base del no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo a las grandes riquezas.

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