El informe sobre el índice de salarios de abril publicado recientemente por el Indec ha contribuido a dejar en ridículo todavía más al presidente Alberto Fernández, quien dijo que en Argentina “no existe ningún ajuste” y que estamos asistiendo a una disminución de las desigualdades sociales. El trabajo en cuestión da cuenta del impacto que tiene en la clase obrera la política fondomonetarista del gobierno del Frente de Todos y de que los negocios y las “rentas inesperadas” que embolsan los capitalistas son a costa de salarios en caída, que muchas veces no alcanzan ni siquiera a cubrir las necesidades más elementales.

Las estadísticas del Indec marcan que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se viene profundizando. El índice de salarios general se incrementó en abril un 5% mensual, acumulando una suba del 20,6% en el primer cuatrimestre del año, cuando la inflación del mes fue del 6% y acumuló un 23% en los primeros cuatro meses de 2022.

Si ese índice se desglosa, puede verse que los salarios del sector privado registrado variaron en abril 0,4 puntos menos que los precios, acumulando dos puntos de pérdida en el cuatrimestre. Los trabajadores del sector público sufrieron un duro golpe, con un incremento salarial del 2,7% mensual, menos de la mitad de la inflación del mismo periodo. Esto muestra una tendencia cada vez más creciente al empobrecimiento de los trabajadores formales.

Los empleados del sector privado no registrado (precarizados, en negro) fueron quienes más sufrieron. En esa gran porción de la clase obrera (un 36% de la fuerza de trabajo) el salario tuvo entre enero y abril una caída de 4,5 puntos respecto de la inflación, y de 8,6 puntos en relación a su variación interanual. El promedio de ingresos de los asalariados sin descuento jubilatorio, según otro informe del Indec, se ubicaba en el primer trimestre de este año por debajo de la línea de indigencia, que en marzo estaba en $39.862.

Esta política antiobrera viene de lejos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), desde 2018, los trabajadores del sector privado han perdido el equivalente a siete sueldos; quienes laboran en el sector público a ocho y medio; y los informales a once (casi un año entero de ingresos). Los partidos de la grieta han colaborado a mucha honra con este retroceso en toda la línea del nivel de vida de la clase obrera; todos han fracasado en sacar a los trabajadores de la pobreza y han llevado al país a la bancarrota.

La precarización laboral, mientras tanto, no para de crecer; el 80% de los puestos de trabajo que se crearon en el último año son informales (La Nación, 29/6), un proceso alentado desde el régimen político que está íntimamente ligado a la pauperización de los jubilados y al saqueo de la Anses por parte del gobierno y las patronales.

Con esto, toda la demagogia del gobierno acerca del crecimiento económico se cae a pedazos. Incluso ha quedado en evidencia el carácter extremadamente pérfido de las declaraciones de la vice Cristina Kirchner, acerca de la necesidad de eliminar los planes sociales. Además de haber significado un ataque directo contra el movimiento piquetero independiente, el mensaje de Cristina canaliza el reclamo del gran capital por suprimir esos programas, los cuales aún siendo ingresos de indigencia compiten con los salarios de ramas enteras de la economía. Esa política apunta a concretizar las presiones del capital por reducir el valor de la fuerza de trabajo general.

El empobrecimiento de los trabajadores, bajo esta orientación, promete agravarse, toda vez que el gobierno debe pisar el acelerador para cumplir con las metas económicas exigidas por el FMI. Entre esos objetivos se anotan los tarifazos en la luz y el gas, que ya han comenzado a regir. Se ha llegado a esta situación, además, gracias a la complicidad de las burocracias sindicales, que junto a los empresarios y al gobierno han estado firmando paritarias a la baja, las cuales corren por detrás de la inflación y se encuentran cuotificadas. Mientras los trabajadores seguimos perdiendo, la CGT realizará hoy un acto con el gobierno. Todo lo contrario a las acciones que llevan adelante sindicatos combativos como el Sutna o los docentes en huelga de La Rioja y San Juan, entre otros sectores obreros.

La necesidad de imponerle una derrota al ataque en regla que las patronales y su Estado desenvuelven contra los trabajadores es total. El paro nacional y el plan de lucha, los planteos que defiende el Partido Obrero, van en esa perspectiva.

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