El partido Unidad Popular, que lidera Claudio Lozano, y las conducciones de ATE y la CTA Autónoma, lideradas por Cachorro Godoy, han sido los principales impulsores del Espacio de Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. En el marco de la llegada de la misión del FMI a la Argentina, el Espacio convocó a una concentración en el Obelisco el pasado lunes 16, que critica el acuerdo que busca el gobierno con el Fondo, denunciando que “la injerencia del organismo en la política económica es un retroceso de la soberanía de nuestro país” y que “el FMI históricamente pugna por la flexibilización laboral, la privatización de la educación y salud, la extensión de la edad jubilatoria, la baja de los haberes, y otras medidas antiobreras y antipopulares”. El Espacio también señala que “el gobierno está reconociendo plenamente una deuda contraída de manera ilegítima y fraudulenta con el FMI (…)” y que “el Ejecutivo ya empezó a actuar y anunció la presentación ante el Congreso (…) de un plan de ajuste fiscal, monetario y financiero para intentar hacerse de recursos para el pago de la deuda”. Finalmente, plantean el rechazo a “la negociación en curso” y le exigen al gobierno “que la deuda pública sea investigada” y “la deuda ilegítima e ilegal anulada”.

Viniendo de un sector de la centroizquierda política y sindical que se ha integrado plenamente en el gobierno de los Fernández, estos pronunciamientos expresan una crisis en la pata izquierda del Frente de Todos. Sin embargo, es claro que se trata de una crítica sesgada y hasta cierto punto encubridora, y con un programa ultralimitado. Pues el Espacio deja de lado la crítica al canje de deuda que cerró el gobierno, que convalidó una deuda tan “ilegítima” y usuraria como la deuda que la Argentina mantiene con el FMI. En ese canje el gobierno reconoció el 98% del total de un capital de alrededor de 60 mil millones de dólares y convalidó el pago de una tasa de interés muy superior a la tasa de referencia internacional. Desde la oferta original hecha por el gobierno hasta a la oferta final cerrada con los bonistas, el gobierno cedió 16 mil millones de dólares.

A todo esto hay que sumarle que el gobierno se encuentra perpetrando un mayor hipotecamiento del país en aras de contener la corrida cambiaria.  El gobierno, de la mano del ministro Guzmán, acaba de emitir un bono por 750 millones de dólares, a una demencial tasa de interés del 16%, para facilitarle a los fondos Pimco y Templeton su escapatoria del peso, moneda en la cual se habían quedado atrapados mientras desarrollaban una bicicleta financiera contra el fisco. A su vez, el gobierno le ha dado rienda suelta al remate de los títulos públicos en manos de la Anses, confiscando a los jubilados y transformando una deuda intraestatal en deuda con acreedores privados. Estos y otros instrumentos de los que se ha valido el gobierno desde que asumió han llevado a un incremento de la deuda pública argentina por el orden de los 20 mil millones de dólares.

El programa del centroizquierda, por otro lado, es harto limitado. Pues no se trata de determinar qué porción de la deuda es ilegítima y que porción no lo es, sino de repudiar el conjunto de la deuda externa. Primero, por ser impagable y, segundo, por ser la institución en la cual se expresa la sumisión semicolonial del país a los preceptos del imperialismo y el capital financiero internacional. Los planteos de repudio de la deuda y de ruptura con el Fondo solo tienen sentido si van acompañados de la lucha por la nacionalización integral del sistema bancario y el comercio exterior y el control obrero general de la economía.

Sería un error, sin embargo, limitarse a criticar el enfoque estrecho y el programa limitado que la centroizquierda levanta frente al tema de la deuda externa. No se puede dejar de lado que, de conjunto, la estrategia política de la centroizquierda sigue tributando al gobierno de los Fernández. Tal es así que los mismos impulsores del Espacio de Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda se han sumado con armas y bagajes a la defensa del “aporte solidario” que impulsó el oficialismo en la Cámara de Diputados. Como ya hemos señalado en distintos artículos, el “aporte” no es más que una migaja, que ni siquiera afecta a los grupos empresariales, y la “solidaridad” solo le llegará a los monopolios petroleros, de ningún modo a las familias trabajadoras. Pero por sobre todas las cosas, es claro que el “aporte solidario”, al igual que la carta que CFK y los senadores del Frente de Todos les han enviado al FMI, solo apunta a que el gobierno cuente con una cobertura por izquierda, en el mismo momento en el que hace aprobar el presupuesto 2021 pactado con el FMI, viene de recortar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y de presentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria completamente confiscatoria.

El propio Claudio Lozano se ha visto obligado a reconocer la orientación ajustadora del gobierno. En un reciente reportaje realizado por el portal de noticias Infobae (17/11), refiriéndose a la cuestión jubilatoria, señaló que “la fórmula como está planteada agrava el cuadro de deterioro de los haberes jubilatorios”. También denunció que “el presupuesto 2021 es de carácter contractivo” y que “está armado para la discusión con el FMI”. Sin embargo Lozano, que fue designado director del Banco Nación por el gobierno, no pareciera tener la menor intención de renunciar.

Una salida a la actual crisis, que esté en función de los intereses de las grandes mayorías, plantea la necesidad de defender la independencia política de los trabajadores, y un programa y una estrategia revolucionarias. Es decir, una orientación antagónica a la de la centroizquierda.

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