Según la consultora LCG, en la primera semana de julio la inflación de alimentos trepó al 2,5%, lo cual marcó una aceleración de 2 puntos respecto de la semana anterior. Si bien ese fue el promedio, hubo subas mayores: lácteos y huevos trepó 6,5% en solo una semana, pan cereales y pastas 4,9%, azúcar y cacao 3,3%, bebidas 2,8% y aceites 2,4%, la mayoría son los productos que integran la canasta básica y de mayor consumo por parte de la población, que ya aumentaron un 20% en los últimos 10 días y alrededor de un 300% en los últimos dos años y medio (DiarioAr, 12/7).

Además, la semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior renovó Precios Cuidados con un aumento de 3,3% en julio, que continuará incrementándose mensualmente hasta fin de año, y una canasta que ahora abarca casi unos 400 productos menos que antes. De esta forma, el gobierno continúa acicateando los aumentos de precios, que ya vienen presionados por el cepo a las importaciones y las constantes remarcaciones especulativas, cediendo a las exigencias de las patronales que extorsionan con el desabastecimiento. Tal es así que los supermercadistas responsabilizan a los proveedores y racionan los productos generando faltantes de productos como aceite, harinas, café, yerba mate, fideos o pan lactal y, en caso de conseguirse, deben pagarse con aumentos de hasta el 20% en su precio (Perfil 13/7)

A su vez, el panorama para julio no es mucho más alentador, viene con proyecciones inflacionarias de casi un 8% para el mes y con una batería de aumentos en los precios, gran parte de estos en el terreno de los “precios regulados” por el Estado, como gas, electricidad, telefonía, internet, televisión por cable, agua, transporte público, y prepagas. Un ajuste en regla con sello oficial, lo que confirma que el primer formador de precios es el gobierno.

Así se reaviva la disparada de una inflación que viene batiendo récords, licuando a paso acelerado los salarios y el bolsillo popular, que ya ven pulverizado hace rato su poder adquisitivo. Sin ir más lejos, según el último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una familia tipo necesitó al menos $160.849,88 en junio para ser considerada de clase media, sin contar el alquiler. Mientras tanto, los salarios corren por detrás de la inflación. El Consejo del Salario resolvió un mísero 45% de aumento en cuatro cuotas, frente a una inflación anual que las consultoras privadas ya proyectan cercana a un 90%, por lo que el gobierno tuvo que reconvocarlo frente a la escalada inflacionaria y las contundentes medidas de lucha.

Del salario mínimo dependen los programas sociales (el 50% del ingreso de referencia), los trabajadores precarizados y no registrados. Al problema del salario mínimo por debajo del piso, y con 1.200.000 de beneficiarios de los programas sociales cobrando la mitad de ese monto, se agregan los jubilados que cobran la mínima. A su vez, menos de la mitad de la población activa (un 42% ) accede a un trabajo genuino, mientras que el 58% consigue un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado. Según el último informe del Indec, el trabajo no registrado tuvo al cierre del año pasado el salario promedio de $27.301, bajo la línea de indigencia.

Este tipo de programas sirven entonces para que el gobierno pronuncie un ataque discursivo contra las alimenticias, encubriendo así la guerra que le declararon a los salarios. En tal sentido se anota la insistencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de suprimir las discusiones paritarias y avanzar hacia el otorgamiento de aumentos por decreto. Mientras continúan trepando los precios de las góndolas, la CGT se reunía y sus directivos descartaban cualquier tipo de movilización hasta que lo consideren “el momento oportuno”.  Su inmovilismo sirve como sostén del gobierno, el cual ya da cuentas de que recrudecerá el ajuste en el segundo semestre.

A este derrumbe sin precedentes hemos llegado por la complicidad de las burocracias sindicales y su cheque en blanco a un gobierno ajustador, que ejecuta un programa económico dictado por el FMI que es el principal responsable del desmadre inflacionario. La lucha del movimiento piquetero ha puesto sobre la mesa la urgencia de una recomposición salarial genuina, que lleve el salario mínimo a la canasta básica familiar, y la necesidad de un paro nacional para que los trabajadores se abran paso e intervengan como un factor propio y de manera independiente en la crisis, superando al peronismo y a todos los partidos patronales que están hundiendo al país.

https://prensaobrera.com/politicas/batakis-quiere-la-llave-de-todas-las-cajas-para-monitorear-el-ajuste

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/ante-economia-la-unidad-piquetera-reclama-bono-y-aumento-del-salario-minimo