El recambio de autoridades de la Unión Industrial Argentina tuvo sobre la mesa varios ingredientes. Con la tajante definición de bregar por reformas laboral y tributaria, asumió la presidencia Daniel Funes de Rioja, titular a su vez de la cámara de la alimentación que está en pleno tironeo con el gobierno nacional por el desmadre de los precios. El hecho coincidió, sin embargo, con el acta de defunción oficial del programa Precios Máximos, que las patronales venían reclamando.

El picante, con todo, se lo puso José Ignacio De Mendiguren, quien públicamente acusó que la supuesta lista de consenso se había sellado sobre la condición del veto a su persona como vocal en el Consejo Directivo. Ello presumiblemente por su rol como funcionario del Frente de Todos, en tanto que diputado por el massismo y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. La expulsión del empresario textil habría sido digitada por Paolo Rocca, que por su parte colocó a dos hombres de Techint y la cámara del acero en la conducción de la UIA.

Funes de Rioja reemplazará a Miguel Acevedo, en sintonía con esa misma orientación. El presidente saliente es dueño de Aceitera General Deheza, la principal exportadora agroindustrial de origen nacional, y es una de las cabezas del Consejo Agroindustrial que viene logrando concesiones e incluso importantes compromisos por parte del gobierno. De hecho las patronales de su sector, si bien se negaron a plegarse al lock out impulsado por la Mesa de Enlace en rechazo al cierre temporal de exportación de carnes, aprovecharon esa pulseada para reclamar en persona a Alberto Fernández que cumpla con la prometida ley que fijaría todo un régimen de beneficios (amortización acelerada, descuentos en Ganancias por compra de insumos, entre otros).

La salida de Acevedo incluye entonces un cuestionamiento al interior de la UIA, por haber cosechado frutos solo para el capital agrario -un rubro ampliamente dominado por pulpos extranjeros que se cuentan con los dedos de una mano. El gobierno, a su vez, es sojadependiente en su intento de ofrecer garantías de repago al FMI e incluso para mantener contenida la corrida cambiaria, y por lo tanto se muestra dispuesto a atender las demandas de esta rama. Ya no se escucha a los funcionarios cuestionando que el boom de las commodities influya sobre el descontrol de los precios internos de los alimentos.

Es en este cuadro que, apalancado por grandes empresas como Techint, Arcor y Ledesma, Funes de Rioja tomará el timón de la relación con el gobierno: “se busca volver a transmitir lo que pasa en la industria”, para “llevar adelante reformas de fondo”. La primera de ellas es una “modernización de las instituciones laborales”, en oposición a la legislación actual que sería “excluyente”, como mostraría “un mercado que tiene el 50% del trabajo en negro”. La solución es fácil: barrer con los convenios colectivos “anticuados” y la Ley de Contratos de Trabajo.

En suma, el nuevo presidente de la UIA adjudica a los derechos laborales ser un cepo a la creación de puestos de trabajo, y lo retrata de forma interesante. “Desde septiembre el empleo repunta poco, pero la curva de horas extras trepa 30%”. Es decir que testimonia que toda la reactivación post cuarentena se cargó sobre la superexplotación de la fuerza de trabajo, mientras las inversiones se mantienen en niveles mínimos. Este declive viene afectando a los trabajadores de larga data, como evidencia que en la última década haya caído la cantidad de asalariados registrados, mientras que se incorporaron al mercado laboral tres millones de jóvenes,

Digamos, de pasada, que la receta de la reforma flexibilizadora, en la que se embandera la nueva conducción de la Unión Industrial, ya se viene implementando en el petróleo con resultados que no difieren de la misma tendencia a la superexplotación y la huelga de inversiones que predomina en todas las ramas. La reforma tributaria es otro de los ejes trazados, en búsqueda de lograr una reducción impositiva a las empresas (no sorprendería que empezando por los aportes patronales al sistema previsional), a pesar que hasta los voceros de Techint debieron reconocer concesiones del oficialismo como la baja de las retenciones a las exportaciones industriales.

Sin duda, buena parte de la actitud que asumirá la UIA es la que viene manteniendo la Copal (presidida por Funes de Rioja) en sus tironeos con el gobierno en torno a los precios de los productos alimenticios, que todos los meses suben por encima de la inflación. Es todo un gesto que en la misma semana se haya anunciado oficialmente que al fin entra en vigor un programa que reemplazará a Precios Máximos (largamente cuestionado y evadido por las empresas), en función de una canasta de artículos que congelarían sus precios de venta por seis meses, lo que en los hechos equivale a liberar el 97% de los productos regulados hasta ahora. Otro intento de descomprimir tensiones es la resolución del Banco Central que flexibiliza el cepo para que los capitalistas puedan girar sus ganancias el exterior.

El problema de la inflación en los alimentos no es menor. El descontrol de los precios en un área de consumo básica pone en crisis todo el operativo de encorsetar las paritarias para desindexarlas de la inflación, cuando la meta oficial del 2021 quedará prácticamente cubierta en apenas medio año. A su vez, tratándose de artículos de demanda inelástica, bloquea cualquier posibilidad de reactivación del consumo y con ello de la actividad económica. La impotencia del gobierno por armonizar estas contradicciones es lo que minó la posibilidad de formalizar un verdadero pacto social como el que se proponía. No fueron pocos los que recordaron por estos días la asunción pasada de Acevedo, en 2019, cuando la UIA recibía entusiasta al electo Alberto Fernández, escoltado por Héctor Daer de la CGT, con la ilusión de revertir el hundimiento de la fracasada experiencia macrista.

La incapacidad en desarrollar la industria argentina compete tanto a los capitalistas como a los sucesivos gobiernos, que han mantenido un régimen parasitario basado en la superexplotación laboral, subordinado al saqueo de las riquezas del país por las grandes multinacionales, y la sangría constante del pago de la deuda externa. Esa es la raíz del empobrecimiento de millones de trabajadores en la Argentina. Ello no se revierte, sino que se agrava, con las reformas laboral y tributaria que reclama la UIA.

Las patronales son conscientes de ello. En sus discursos a los medios, Funes de Rioja enfatizó que apuestan al “diálogo” con el gobierno y los sindicatos, y sugestivamente rechazó que breguen por un “Estado ausente”: “Cuando alguien busca resolver un conflicto sindical bloqueando una planta o tomando rehenes, eso impacta claramente en la iniciativa empresaria”. Es decir que el Estado debe estar allí… para reprimir las luchas obreras. Esto remite a una conclusión final importante, porque si bien la UIA presionará por mayores concesiones, es notorio que la burguesía no busca una desestabilización ni se ubica en una oposición cerrada al gobierno de Alberto Fernández; el emergente cuadro de reclamos obreros y el escenario tumultuoso de América Latina la lleva a valorizar las herramientas de contención que todavía tiene el Frente de Todos, en base a la integración de la burocracia sindical y de las organizaciones sociales.

Desde el control de precios -que requiere como medida elemental la apertura de los libros al control obrero- al desarrollo industrial del país -lo cual exige cortar la sangría del pago de la deuda y la fuga de capitales con la nacionalización de la banca y el comercio exterior-, solo los trabajadores pueden ofrecer una alternativa a esta decadencia.

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