La Fiscalía Distrito 1 Turno 6, que investiga las supuestas amenazas anónimas recibidas por el viceintendente de Córdoba Daniel Passerini, resolvió no hacer lugar a la presentación espontánea realizada para tomar participación en la causa y reconocen que no hay ninguna persona imputada.

Luego de indicarnos públicamente como autores de dichas amenazas, estableciendo un escarnio público mediante la sentencia mediática, la notificación señala que dicho procedimiento no se encuentra concluido “en razón de no haberse incorporado todavía el cúmulo de material probatorio imprescindible, no habiéndose dispuesto imputación sobre persona alguna”. De esta forma, la fiscalía nos niega el acceso al expediente y a los detalles de la investigación que, sin embargo, sí fueron ventilados por la misma fiscalía a la prensa local. El rechazo confirma que no existe elemento alguno que nos involucre con las amenazas a Passerini y da cuenta de la completa arbitrariedad y las irregularidades con las que la fiscalía a cargo de José Bringas ha encarado la causa.

Resulta cada vez más claro que se trata de una maniobra político-judicial con el propósito de incriminar a una referente de nuestra organización y desprestigiar al Partido Obrero y al Frente de Izquierda, una fuerza política que sostiene una oposición real a las medidas de ajuste del gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la capital Martín Miguel Llaryora. Con las filtraciones a la prensa el fiscal ha incurrido en varios ilícitos: tanto el de calumnia y discriminación como el de incumplimiento de sus funciones públicas, al difundir datos falsos cuando la causa aún se encuentra bajo secreto de sumario del expediente. Por tanto, queda planteada la posibilidad de iniciar un Jury de enjuiciamiento contra el fiscal en la Legislatura.

Este operativo contra la izquierda en general y el PO en particular, no puede despegarse de la avanzada represiva que se viene desarrollando en toda la provincia. La imputación a los médicos de Saldán por contagiarse de Covid-19, la brutal represión y posterior detención de 40 compañeros detenidos en Jesús María, la represión sobre UTA, las imputaciones de los municipales en Córdoba, son todas muestras de una política deliberada del gobierno provincial y municipal que busca aplacar cualquier resistencia ante el ajuste. El ataque al Partido Obrero y al Frente de Izquierda viene a reforzar enteramente esta perspectiva.

Esto ha sido comprendido rápidamente por organizaciones obreras, sociales, de la juventud, de las mujeres y disidencias, y ambientales, entre las que se recolectaron más de 100 pronunciamientos en pocos días. Llamamos a continuar con esta campaña para derrotar cualquier intento de judicializar a quienes luchan y reforzar los procesos de organización de la clase obrera ante el ajuste.