Una jugada de Paolo Rocca, para quedarse con la construcción del gasoducto que abriría la posibilidad de vender al exterior lo que se extrae de Vaca Muerta, sirve como radiografía de una burguesía nacional que nunca será una locomotora de desarrollo nacional sino más bien protagonista de un saqueo que parasita las riquezas del país.

Aprovechando las preocupaciones generadas por el cuello de botella que afecta la producción petrolera en Vaca Muerta -debido a la falta de mantenimiento del oleoducto Odeval que conecta la formación neuquina con Puerto Rosales en Bahía Blanca- el pope del grupo Techint movió sus fichas para avanzar en adjudicarse el gasoducto que el gobierno plantea construir para trasladar el gas hacia los grandes centros de consumo de Buenos Aires y Santa Fe y, sobre todo, habilitar la posibilidad de exportar a Brasil. Rocca busca explotar a su favor la incertidumbre que genera la falta de financiamiento para la obra, planteando un canje: desistir de una demanda millonaria contra el Estado y en su lugar hacerse con la concesión.

El principal emporio industrial del país mantiene un litigio contra el Estado argentino por unos 1.500 millones de dólares, tras el cambio de esquema en el pago de subsidios por el Plan Gas hacia el final del mandato macrista. Para ingresar a la nueva versión de este régimen de subsidios a la producción gasífera (que consiste en establecer un precio dolarizado para el gas en boca de pozo) Rocca logró del actual gobierno un trato privilegiado: poder seguir con su demanda e incluso contar con prioridad de despacho para su yacimiento en Fortín de Piedra. Con ese activo pretende ahora hacerse de un negocio redondo para sus empresas constructoras, de fabricación tubos de acero sin costura y productoras de gas.

Según la versión oficial, el gasoducto que conectaría con la localidad bonaerense de Salliqueló y luego con la santafesina San Jerónimo tendría garantizado dos tercios del financiamiento necesario -superior a los 1.500 millones de dólares- a partir de la recaudación del Aporte Solidario y lo pautado en el Presupuesto 2022. El tercio restante, a la espera incierta de privados, es lo que ofrecería cubrir Techint mediante este artilugio.

El hecho es que se estima una rentabilidad extraordinaria del gasoducto de entre 11% y 14% de interés anual (La Nación, 26/10). La oferta de resignar el litigio apunta a garantizarse el negocio, en el cual compite con capitales chinos. Los estudios de viabilidad y financiamiento fueron adjudicados mediante un memorándum de la Secretaría de Energía a un consorcio de empresas chinas conformado por Powerchina y Shanghai Electric Power Construction. Es precisamente en obras estratégicas, y especialmente del rubro energía, donde China ha dado grandes pasos en su influencia en la región.

La disputa capitalista en torno al gasoducto reluce además un aspecto nada menor del atolladero de toda la política económica. Es que por más redituable que aparezca la concesión, es imposible para Argentina acceder a financiamiento internacional con un riesgo país que implica tasas de interés ultrausurarias superiores al 18%. Esta encerrona lleva al gobierno a intentar por todos los medios cerrar un acuerdo con el FMI, con la mira puesta en recuperar el acceso al crédito internacional. Para eso ensaya guiños al gran capital como el proyecto de ley de hidrocarburos, un régimen de beneficios impositivos que sin embargo no termina de seducir a las petroleras; en palabras del propio capo de Techint: “habría que ver si se puede mejorar algo en cuanto a porcentaje de exportación y porcentaje de divisas afuera” (Río Negro, 20/11). En definitiva, quieren las ganancias y garantías de poder fugarlas.

La movida de Paolo Rocca refleja que los multimillonarios subsidios que reciben las patronales por parte del presupuesto público no resuelven la huelga de inversiones. Desde el inicio del primer Plan Gas con Kicillof, en 2014, Tecpetrol embolsó en concepto de subvenciones el doble de los que generó en ingresos tributarios por su actividad. Desde entonces, tomada en su conjunto, la producción nacional de hidrocarburos casi no creció, pero la extracción no convencional pasó de ser marginal a representar más de la mitad del gas y más de un tercio del petróleo; o sea que los récords de Vaca Muerta van paralelos al declive de los pozos tradicionales. El intento de Rocca de hacerse con el gasoducto sin tener que competir en forma abierta por su licitación es simplemente una expresión del parasitismo de toda esta política y de la clase social a la que beneficia.

El gobierno agita una serie de incentivos a las empresas prometiendo que con ello se generará empleo de calidad, pero lo cierto es que como afirma Paolo Rocca fueron “los acuerdos con los gremios hicieron posible Vaca Muerta” (LMN, 20/11), en referencia a la flexibilización del convenio colectivo petrolero. Es parte de toda la campaña patronal por imponer una reforma laboral, alegando que es una condición para salir de la crisis. Pero como vemos la raíz del problema argentino radica en el “costo empresario” y no en el costo laboral, y en el saqueo de las riquezas del país para el pago de la deuda externa. La lucha contra el pacto con el FMI es el punto de partida de cualquier perspectiva de desarrollo nacional, que solo puede ofrecer la clase obrera.

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