El Senado de la Nación rechazó el megadecreto emitido por el gobierno el pasado 20 de diciembre, a los 10 días de asumir Javier Milei la presidencia. La cuestión abrió otro frente de crisis interna en el oficialismo, con un comunicado de la Oficina del Presidente atacando duramente a Victoria Villarruel por habilitar un tratamiento que derivó en un nuevo revés para los libertarios.

El DNU 70/23 contiene una enorme cantidad de ataques al pueblo trabajador, motivo por el cual la misma noche en que fue anunciado se oyeron cacerolazos por todo el país. Flexibilización laboral, suba de los alquileres y las prepagas, despidos en el Estado y privatizaciones, remate de las tierras a magnates extranjeros, habilitación de los desmontes de bosques y humedales, son algunas de sus aristas. Trabajadores en lucha, Unidos por la Cultura, asambleas barriales y organizaciones populares se manifestaron frente al Congreso y fueron blanco de la represión policial.

Luego de haber sido publicado, el decreto -objeto de un fuerte rechazo popular que incluso dio origen a la formación de asambleas barriales en el Gran Buenos Aires- entró en un terreno movedizo entre numerosas presentaciones judiciales y la oposición de la mayoría de los bloques políticos. Por eso el oficialismo retrasó todo lo que pudo la conformación de la Comisión Bicameral que debía discutirlo, y recién tres meses después y habiendo comenzado el período de sesiones ordinarias permite que sea llevado al recinto de la cámara alta. Milei disparó contra la vicepresidenta por no seguir bloqueando el tratamiento, lo cual redundó en una doble derrota para el gobierno al dejar una factura expuesta.

Entre los puntos centrales del DNU que quedaron suspendidos figura todo lo referido a la reforma laboral. Es que la Justicia hizo lugar a medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA contra el casi medio centenar de artículos contenidos en el Título IV, dentro del cual se cuenta el abaratamiento de los cálculos de indemnización por despido y de las multas a la patronales que precarizan a sus empleados, la extensión del período de prueba y de la jornada laboral, la habilitación de convenios individuales contra los convenios colectivos de trabajo y ataques al derecho a huelga, entre otros puntos.

También lograron fallos favorables decenas de personas, especialmente jubilados, que realizaron presentaciones ante los aumentos impagables en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Es que el decreto habilita subas sin techo alguno, a la vez que arremete contra las obras sociales. Con razón, Claudio Bellocopit, de Swiss Medical, fue señalado oportunamente como uno de los mayores beneficiarios de las medidas.

Igual de premiados fueron las grandes cadenas farmacéuticas con la autorización para constituirse en sociedades anónimas y contar con un profesional para varios locales, favoreciendo la expansión de franquicias como Farmacity, que forma parte del Grupo Pegasus de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía. El único punto positivo, que era la obligación de que los medicamentos sean recetados por el nombre genérico de la droga y no por la marca, fue dado de baja por el gobierno a pedido de los grandes laboratorios. Estamos a merced de un puñado de lobbies capitalistas.

Veamos. La derogación de la Ley de Alquileres no benefició a los inquilinos, ya que los precios para ingresar a un inmueble siguen subiendo por encima de la inflación y se promociona la firma de contratos en dólares, después de que la devaluación de diciembre hundiera los salarios. Esto da envión a los precios de venta de propiedades y de la tierra, para gracia de Elztain y los especuladores inmobiliarios. Tampoco dio ninguna mejora la política de liberalización de precios barriendo con la Ley de Góndolas y la de Abastecimiento, cuando el IPC sigue licuando los ingresos de los trabajadores y el gobierno fija techos salariales a través de la no homologación de los acuerdos paritarios.

Otra funcionaria con intereses directos es la canciller Diana Mondino, dueña del Banco Roela, que como el resto de las entidades del rubro salieron ganando con la posibilidad de cobrar por la apertura de cuentas sueldo y la eliminación de los topes en los punitorios por demoras en el pago de tarjetas de crédito; un guiño a los Santander y Galicia mientras arriman una privatización del Banco Nación. Las fintech como Mercado Pago ganaron con la desregulación en la emisión de tarjetas de crédito con cláusulas leoninas.

Las mineras recibieron la zanahoria de la liquidación de todo control sobre los pasivos ambientales, cuando estamos hablando de multinacionales como Barrick Gold y Livent con gruesos antecedentes de defraudar a la nación. Tendremos mayor contaminación, a la vez que con las modificaciones a la Ley de Bosques habilitan mayores desmontes y las hechas a la Ley de Manejo del Fuego permiten el cambio en el uso de suelo, en lo que es un incentivo a las quemas para que avance la frontera agrícola y los desarrolladores inmobiliarios, en un país que ya ahora está sufriendo inundaciones en las más diversas provincias. La misma orientación se ve en la derogación de las normas que limitaban la extranjerización de tierras, para incentivar la apropiación de latifundios como los de Lewis o Benetton en la Patagonia.

Hay en estos puntos una enorme cantidad de reclamos populares contra el plan de Milei y el FMI, que no quedan resueltos por esta votación adversa al DNU en el Senado. Ahora será tratado en Diputados donde se definirá su vigencia. Para que el rechazo el megadecreto abra lugar a que avancen las reivindicaciones de los laburantes tenemos que ganar las calles con un plan de lucha que parta de un paro activo nacional y asambleas de todos los sectores que están peleando, hacia una huelga general para enterrar estos ataques antiobreros. A preparar las batallas que se vienen.

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