El DNU anunciado por el presidente, Javier Milei, fue rechazado por gran parte de la población trabajadora del país, lo que se expresó en los cacerolazos subsiguientes que continuaron incluso dos días después. Los que lo recibieron con loas son varios sectores capitalistas, como los laboratorios, las empresas de medicina prepaga, la UIA y los pooles de siembra, entre otros.

Varios de los ítems que integran el DNU componen una reforma laboral antiobrera que pulveriza 100 años de convenios colectivos y derechos conquistados por los laburantes. Es una desregulación en beneficio de las patronales que liquida los derechos indemnizatorios y la estabilidad laboral, contrario a lo que pregona el Ejecutivo, promueve la precarización y flexibilización, suprime derechos de organización y acción sindical y ataca derechos y principios favorables a los trabajadores.

Esto incluye rebaja de multas a las patronales por mala o nula registración, o por falta de pago indemnizatorio; rebaja en el cálculo de los montos indemnizatorios para el caso del despido sin causa de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), eliminando del cálculo el aguinaldo y otras sumas no remunerativas o “excepcionales”; las patronales, además, podrán “negociar” con los sindicatos la aplicación alternativa de fondos de cese laboral como el de la construcción, con un aporte incluso menor, y se extiende el período de prueba de 3 a 8 meses, por mencionar solo algunas.

Festejan capitalistas como Funes de Rioja, cabeza de la UIA, Paolo Rocca (Techint) y la patronal de Toyota, esta última una de las pioneras en la flexibilización laboral, porque el costo laboral va disminuir a su mínimo exponente, garantizándoles ganancias extraordinarias rompiéndole la cabeza a los laburantes y sin invertir un solo peso.

Sin embargo, en medio de la eliminación de los incentivos a la promoción industrial y proveedores nacionales, no toca el régimen especial de beneficios impositivos de Tierra del Fuego, cuyo principal beneficiario es Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía, Luis Caputo. Son ensambladoras de piezas de artículos electrónicos como celulares, tablets, notebooks, entre otros, que cuentan con un proteccionismo arancelario que utilizan para subir los precios en un mercado cautivo.

El DNU derogó la ley de régimen de entregas de azúcar, que buscaba impedir el desabastecimiento interno de azúcar, pero también de carne y trigo. Además estipula la eliminación de cupos para la exportación, lo que beneficia a los ingenios azucareros como Blaquier y a las patronales agrarias que detentan el poder del comercio exterior, como las cerealeras multinacionales Cargill, Bunge, o Cofco; las molineras criollas superconcentradas como Molinos Río de la Plata; los frigoríficos, especialmente extranjeros como Swift. Ahora tendrán mayores herramientas para presionar por empalmar los precios del mercado interno con los de exportación, lo que disparará nuevamente el precio de los alimentos.

También se eliminan los observatorios de precios, la Ley de Abastecimiento, y la Ley de Góndolas, la cual estipula que cada supermercado debe garantizar por lo menos cinco marcas distintas de un producto. Así, cadenas como Coto, La Anónima (propiedad de Federico Braun) y Carrefour, por mencionar algunas, donde los trabajadores suelen ir a buscar productos más baratos que los de los comercios barriales, tendrán la “libertad” de abrochar a los consumidores con sobreprecios y únicas marcas, las propias.

La desregulación a empresas de medicina prepaga favorece los aumentos exponenciales de cuotas por parte de las mismas, de hecho ya dejaron trascender que aplicarán un aumento inminente de alrededor del 50%. Una resolución que apunta a enriquecer aún más a los empresarios como Claudio Belocopitt (dueño de Swiss Medical Group), quien particularmente ya ostenta un patrimonio declarado de U$S 440 millones.

A su vez, el DNU establece que las prepagas se incorporan al régimen de las obras sociales, lo que agravará el desfinanciamiento de las obras sociales y el copamiento de la salud privada. El decreto suprime la ley encargada de abastecer al sistema público de salud de medicamentos y vacunas a bajo costo, favoreciendo a los laboratorios privados (Hugo Sigman, Roemmers, Bagó, Pfizer), cuyo ánimo de lucro llevó a que se disparara un 300% el precio de los fármacos en lo que va del año, y en detrimento del derecho a la salud de los sectores de menores ingresos.

El DNU del gobierno también incluye modificaciones a la legislación de la actividad farmacéutica, las cuales favorecen la concentración del sector, degrada la atención sanitaria de la gente, y habilita que puedan venderse medicamentos la vía pública, kioscos, estaciones de servicio y comercios como ocurría antes de la regulación, sin garantía alguna de trazabilidad. Así las cosas, los laboratorios privados aumentarán su facturación, a costa de un enorme riesgo sanitario, y la medida beneficia particularmente a Farmacity, cuyo dueño es Mario Quintana, quien fue acusado de inventar una carrera universitaria para multiplicar el número de farmacéuticos matriculados con el objeto de expandir su cadena Farmacity.

En el mundo farmacéutico aseguran que Quintana tiene 500 farmacias y quiere abrir otras 500 para poder vender la cadena a un peso pesado de Estados Unidos. Por eso el ex funcionario hace lobby para que la Corte Suprema le permita desembarcar con Farmacity en la provincia de Buenos Aires, algo que la legislación no permitía y ahora el DNU aprueba, perjudicando a las farmacias barriales y, en consecuencia, a los habitantes de zonas más periféricas.

El decreto también incluye la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas y la implementación de la política de “cielos abiertos”. En el caso de la línea de bandera, se estipula su traspaso potencial a los empleados. Es una maniobra venenosa, que desentiende al Estado de la política aérea y busca cargar el fardo a los trabajadores de una compañía en crisis, como fruto de décadas de entrega y vaciamiento. De fondo, apunta a una reprivatización que solo beneficia a capitalistas como Eduardo Eurnekian el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que hizo su fortuna gracias a las concesiones del Estado.

A su vez, libera el mercado de cabotaje, algo implementado por el macrismo que dio lugar a empresas low cost como Flybondi, Jetsmart o Gol, que hoy concentran el 30% de los vuelos de cabotaje y no solo son menos seguras, sino que son un paradigma de la flexibilización laboral.

La Ley de Alquileres fue derogada por el propio DNU, habilitando la “libertad contractual”, lo cual vulnera al inquilino frente a las imposiciones de los propietarios, puesto que el primero solo cuenta con su magro salario y su necesidad de vivienda. Ahora, se podrán cobrar alquileres en dólares, estableciendo plazos de contrato y condiciones a gusto y piaccere de las inmobiliarias. La medida favorece a empresas que encabezan la especulación inmobiliaria que hoy presiona sobre el precio de los alquileres, como la mega-constructora Irsa, cuyo dueño es Eduardo Elsztain, o a Airbnb, una plataforma de alquileres temporales.

La desregulación en las telecomunicaciones amplían las facultades de la patronal para regular los tiempos dedicados al cuidado de menores o familiares, para la reversibilidad de dicha modalidad y se elimina el derecho a encuadrarse en la legislación más favorable en las prestaciones de servicios transnacionales. Otra faceta de la reforma laboral precarizadora. A su vez, habilita aumentos brutales de tarifas y da rienda suelta a las empresas a avanzar en una concentración de capitales más acentuada. Toda una política en favor de empresas como Movistar, Claro (propiedad de Héctor Magnetto) y Starlink (propiedad de Elon Musk).

También se derogó la Ley de Extranjerización de Tierras, permitiendo que los capitales extranjeros puedan comprar la cantidad de suelo argentino que quieran, lo que conforma un paso más en la entrega de los recursos naturales al imperialismo. Esto beneficia a grandes latifundistas como Lewis y Benetton, que ya acaparan gran parte del sur argentino.

Mediante la derogación de un artículo la Ley de Manejo del Fuego se habilita el cambio en el uso del suelo de las zonas incineradas. La ley prohibía usar esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio. Los dueños de campos productivos ya no tendrán la limitación a la venta o explotación de sus tierras por 30 a 60 años a causa de incendios, lo que promueve nuevos focos de incendio para favorecer el corrimiento de la frontera agrícola.

A esto se suma la eliminación de la Ley de Bosques Nativos y Humedales, que promueve la desforestación en el mismo sentido, abriéndole paso a negociados de empresas como Grobocopatel, la Sociedad Rural o Monsanto, y dejando un pasivo ambiental enorme.

A este pasivo ambiental se agrega la desregulación de la actividad minera, un sector que ya se ve sumamente favorecido por exenciones impositivas y beneficios cambiarios y al que ahora le eliminan hasta el único observatorio que evaluaba el impacto ambiental de la explotación, favoreciendo a pulpos extranjeros que operan en nuestro país como la Barrick Gold o Livent y afectando pueblos enteros que viven cerca de las minas.

Con la derogación de la Ley de Tarjeta de crédito y la liberalización del sistema bancario y financiero, cualquier emisora financiera podrá otorgar el plástico con libertad para establecer cláusulas contractuales, cobrar más comisiones y correr menos riesgo de ser sancionadas, lo que perjudica a los usuarios y favorece a fintech como Mercado Libre, empresa de Marcos Galperín, o Ualá. A su vez, las entidades bancarias podrán cobrar los intereses punitorios por refinanciamiento que deseen, sin tope.

También se habilita el vaciamiento y privatización del Banco Nación, el cual pierde la exclusividad de los depósitos judiciales, salvo en CABA, haciendo que vayan a parar a otros bancos, como puede ser el Galicia o el Santander, entidades que además podrían comprar el BN para expandirse o simplemente para sacarlo de competencia.

La “motosierra” finalmente es un robo a los laburantes que beneficia a los que ganaron siempre. Derrotemos esta ofensiva capitalista con un paro nacional y un plan de lucha.

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