Victoria Tolosa Paz refrendó que se viene un rumbo de tarifazos en los servicios. La candidata a diputada del Frente de Todos declaró que desde el gobierno están avanzando en la confección de una base de datos que permita ir a “un cuadro de segmentación en las tarifas”, con la meta de “tenerlo a fin de año”.

Después de aclarar que en el punto habría un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, manifestó que con el esquema actual de subsidios hay gastos “doblemente innecesarios”. Entre los criterios que, según deslizó, se están evaluando para determinar qué usuarios pagarían el total de la factura se incluye el pago del impuesto a las Ganancias, un universo que incluye a dos millones de asalariados.

La segmentación de las tarifas es un intento por diseñar un esquema factible de aumentos. Con un discurso progre acerca de eliminar transferencias “pro-ricos”, se pretende encubrir que no es otra cosa que el ajuste fiscal que demanda el FMI.

Ya el Presupuesto 2022 contempla una reducción de las partidas que subsidian la energía del 2,2 al 1,5% del PBI, aunque previsiones privadas indican que este año representarán en realidad un 2,5% del PBI y por lo tanto el ajuste será de mayor impacto. A su vez repercute la crisis energética internacional disparó los precios de los hidrocarburos, ya que el país depende de la importación de gas para cubrir la demanda invernal, y la sequía que disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica; por lo que los costos prometen incrementarse y exigir mayores aumentos.

El otro agravante es que las tensiones cambiarias y la negociación con el Fondo plantean la perspectiva de una devaluación, lo cual debería trasladarse también a las boletas porque el Plan Gas fija un precio dolarizado del gas (que es el insumo base de toda la matriz energética nacional).

El fraude mayor, sin embargo, es adjudicar a los usuarios la responsabilidad por la carga que representan los subsidios en las arcas del Estado, cuando ninguno de ellos recibe un peso. Quienes embolsan esas partidas son las petroleras y las privatizadas de generación, transporte y distribución de energía. Ese es el verdadero carácter “pro-ricos”, porque subvenciona a un puñado de pulpos y monopolios que concentran el negocio. Sin embargo, es para sostener los márgenes de ganancias de esas empresas que se pretende ensayar esta segmentación como compensación por la reducción de los subsidios.

De hecho, entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021 las patronales del sector embolsaron cerca de 850.000 millones de pesos, y en el acumulado del primer semestre de este año más que duplicaban lo del año pasado. Contra el discurso del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los liberales de Milei, esas transferencias las paga la población trabajadora, que es la que sufre el achicamiento del déficit fiscal por la caída del 24% interanual de los gastos estatales en prestaciones sociales, mientras los jubilados perdieron por la desindexación de la movilidad unos 177.000 millones de pesos contra la inflación. Es decir que, como nota cualquiera, no hubo ninguna recomposición del poder adquisitivo de la gente.

Los subsidios sostienen un esquema parasitario. En primer lugar porque perpetúan una dinámica por la cual las distribuidoras como Edesur y Edenor no pagan gran parte de los despachos de energía que el brinda la mayorista estatal Cammesa. En lo que va del año las privatizadas se ahorraron uno de cada tres pesos de sus compras por ese mecanismo, con casos como Edenor y Edelap pagando poco más de la mitad. A julio, las deudas con Cammesa superaban los 200.000 millones de pesos (datos de Econojournal, 29/7), sacando a relucir la farsa del plan oficial para establecer compromisos de pago. Esto cuando venimos de condonaciones millonarias durante el mandato macrista, que para las distribuidoras del Gran Buenos Aires implicó un regalito de 40.000 millones de pesos.

El parasitismo es evidente. En los primeros nueve meses del año pasado, con congelamiento tarifario, las ganancias del holding Pampa Energía que tenía la concesión de Edenor superaron los 7.000 millones de pesos, mientras crecían sus impagos a Cammesa. Luego de que fuera aprobada la venta de esa compañía distribuidora al consorcio Vila-Manzano-Filiberti, sus dueños se mostraron confiados en que las exigencias del FMI incluyen desde el vamos incrementos tarifarios.

Lo que favorece esto es una concentración empresarial. Además de los mencionados compradores de Edenor que ya gestionaban la mendocina Edemsa, teníamos ya que el grupo Desa pasó de controlar el servicio en Salta a acaparar además las cuatro distribuidoras del interior bonaerense. Un reciente informe de Diario Río Negro (22/10) retrata cómo la rionegrina Edersa acumulaba a fines de abril una deuda equivalente a 25 meses de despacho de energía de Cammesa, pero en los últimos años realizó giros a y absorbió los pasivos de otras empresas del grupo Neuss.

Según expresó un ejecutivo de la multinacional italiana Enel, propietaria de Edesur, entre 2002 y 2020 los subsidios a la energía representaron nada menos que 143.000 millones de dólares. El dato muestra la continuidad de todo el esquema montado para el rescate de la privatización del servicio, que involucra a todos los gobiernos que se sucedieron desde la devaluación post 2001.

Lo fundamental queda en evidencia cuando los especialistas acusan que, medidas en dólares, las tarifas en Argentina se encuentran por debajo de la media de la región. Si de todas maneras se presentan tantas dificultades a la hora de proceder a un tarifazo es porque los salarios de los trabajadores se encuentran más bajos aún. Este es el meollo de la cuestión. Si al gobierno preocupara que sean accesibles, debería dejar de poner techos paritarios debajo del encarecimiento del costo de vida. Con una inflación en el 52% anual, una suba de los servicios amenaza con recalentar toda la cadena de precios y a su vez con cortar la soga con que el gobierno, las patronales y la burocracia sindical mantienen topes salariales.

Contra el régimen de tarifazos sucesivos y segmentados, el Frente de Izquierda Unidad plantea como primera medida la apertura de los libros de las empresas de toda la industria energética, para determinar los costos reales de producción, desde la extracción de hidrocarburos hasta la distribución a los hogares, e incluso verificar las maniobras contables y operaciones de concentración y vaciamiento ejecutadas por las privatizadas a base de los fondos públicos.

Además de abaratar la energía que consumen los trabajadores permitiría terminar con el parasitismo que deja al país a merced de la huelga de inversiones de los capitalistas. Esto vale incluso para el Plan Gas que beneficia a las petroleras, ya que sigue cayendo la producción convencional y solo crece la extracción del shale en Vaca Muerta gracias a los récord de fracturas y perforaciones practicadas por torre y dotación de obreros, es decir gracias a la intensificación de los ritmos de trabajo. Son las mismas compañías que ahora presionan por arrimar los precios internos con los internacionales en plena suba.

En conclusión, la satisfacción de las necesidades de energía del país y de las familias trabajadoras requiere una reorganización de todo el sistema actual, partiendo de la nacionalización de la industria energética bajo control de obreros, usuarios y técnicos especialistas, conforme a un plan económico dirigido por los trabajadores. Abajo los tarifazos.

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