Hace días que expertos epidemiólogos hablan de un “colapso sanitario inminente” luego de las jornadas con más de 20 mil casos que presenciamos la semana pasada. El informe de ocupación de camas UTI de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del que participaron 53 instituciones, advierte un 93% de ocupación en el sector público y un 94% en el privado; más de la mitad son pacientes Covid-19 positivos (el cual es mayor en el sistema público) y se observa una altísima tasa de uso de ventilación mecánica (respiradores).

Hay situaciones aún más agudas, como la de Lanús, con una ocupación al 100%, o la del Cemic, institución que cuenta en este momento con tan solo tres camas de terapia intensiva. Un retrato del estado de colapso es lo que sucedió en el Sanatorio Méndez, donde se tratan a docentes y trabajadores municipales de CABA: un paciente murió en la guardia esperando por una cama.

El director provincial de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires afirmó que tienen “el 90% de hospitales ocupado” y que “es indudable que tenemos que tomar más medidas restrictivas”. Los mismos que hace unas semanas rechazaban las medidas, hoy advierten el colapso sin aceptar ni un gramo de la responsabilidad que les pesa. El gobierno de Kicillof todavía defiende la presencialidad en las escuelas, sin considerar el cierre del 30% de las burbujas por contagios o casos estrechos. La crítica situación que atraviesan varios distritos ha llevado a oficialistas y hasta opositores a presionar al gobierno nacional.

En este marco Alberto Fernández se reúne hoy con su comitiva de científicos, luego de que las medidas anunciadas reflejaran un nulo impacto, como era previsible. En la previa, de todo modos, la ministra Carla Vizzotti alegó que las provincias podían tomar medidas sin necesidad de aprobación de Nación, lo que constituye una lavada de manos que apunta a evitar responder por la asistencia elemental que requiere la población para poder sobrellevarla.

El colapso pone de manifiesto que no es solo la falta de medidas de restricción. Han desenvuelto un brutal ajuste en salud que hoy lleva a que haya cada vez menos efectores en el sistema, tanto públicos como privados. El ejemplo claro es el cierre de por lo menos 9 clínicas en PBA durante la pandemia, entre las que se encuentra la Clínica San Andrés. También el del Sanatorio Plaza de Escobar: el intendente Ariel Sujarchuk hoy pide “la vuelta a fase 1 con un gran acuerdo social” (Clarín, 11/4), pero hace 6 meses permitía el vaciamiento y cierre del mencionado centro de salud que contaba con 50 camas disponibles y equipamiento médico, que servirían para frenar el colapso sanitario con el 100% de ocupación que están atravesando. De allí parte no solo la necesidad de la centralización del sistema de salud como un planteo inmediato, sino también la reapertura de todos los centros de salud cerrados y/o clausurados y la puesta de estos bajo control del personal de salud.

Las declaraciones de Ariel Sujarchuk resumen la disyuntiva del gobierno en esta segunda ola: sin poner en pie medidas acordes a la situación o invertir en salud se va a un colapso generalizado, pero quienes reclaman una nueva cuarentena pretenden imponer un acuerdo social para evitar que escale la conflictividad cuando le dan la espalda a las demandas de la población ante la crisis social y económica. La única alternativa que puede ir de la mano de medidas restrictivas son medidas elementales de ayuda social, como un seguro al parado de $40 mil o al menos la vuelta del IFE, de manera tal que los trabajadores puedan cumplir las reducciones a la circulación.

Por supuesto, quienes hoy piden medidas después de haber negado la avanzada del virus por meses, llegan tarde. Hace tan solo dos semanas, cuando el promedio de casos era 10 mil, el gobernador Axel Kicillof se negó a fijar restricciones, supuestamente porque tenía la mira en la vacunación y en los testeos (La Nación, 29/04). Fue la misma estrategia que quiso llevar adelante (y que aún defiende) el gobierno de Rodríguez Larreta, aunque CABA no pueda bajar de los 2 mil diarios, la ocupación de camas de los privados sea del 95% y los servicios del PAMI estén colapsados. La careta se cae cuando vemos el 26% de positividad en los testeos y las enormes filas para acceder a un hisopado, también cuando observamos que la vacunación avanza en su peor día a razón de 30 mil administraciones diarias o que el miércoles pasado hayan suspendido la misma en el Estadio Único de la Plata por un partido de futbol. Son las consecuencias de una política sanitaria sin vacunación masiva, sin la confiscación de dosis y sin la puesta en marcha de un plan de producción nacional junto con la intervención por parte del Estado de aquellos laboratorios con la capacidad de producir vacunas.

Lo que sucede es que “sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas” no hay aislamiento que valga. Finalmente, quienes nos gobiernan son responsables del abismo social y sanitario al que nos condujeron, del cual no tienen salida para ofrecer.

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