Sindicales

14/7/2021

Confirmado: no habrá aumento salarial para los estatales y docentes bonaerenses

Otro pacto ajustador de Kicillof con las burocracias sindicales.

Dos semanas después de la convocatoria a los gremios estatales, docentes y judiciales, el gobierno provincial dejó sin efecto las comisiones técnicas salariales, definidas como la “antesala” de las paritarias bonaerenses. Kicillof decidió amuchar el martes 12 a todas las burocracias sindicales docentes, estatales, de salud y judiciales en una única reunión en la Gobernación, donde hizo efectivo un 8% por decreto a cuenta de la cuota de setiembre. En vuelo rasante, el gobernador se dirigió luego a Lomas de Zamora, a un acto junto a Alberto Fernández, y desde la tribuna electoral volvió a anunciar el falso aumento de sueldos.

Regalados

El propio Frente de Unidad Docente Bonaerense -que integran Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- reconoció su papel de segundo violín en un comunicado donde dicen haber sido “informados” sobre el adelanto de la última de las tres cuotas para el mes de julio. Una forma cobarde de reconocer que no hay aumento, a pesar de lo cual, la dirección celeste del Suteba Provincia convoca a cuerpos de delegados en todas las seccionales para avalar la “oferta”. Baradel y todo el Fudb quieren el visto bueno a un aumento trucho y a la falta de mandato.

La referencia al anticipo del 8% -a cobrar en agosto junto a la segunda cuota de julio- indica que la reapertura de la paritaria de mediados de agosto tomará ese porcentaje restante como parte de la “revisión” para seguir pateando el aumento para adelante y en cuotas. Para los estatales provinciales es una diferencia pendiente del 3% y para los docentes bonaerenses del 5%.

¿Qué anunció Kicillof?

No hubo sorpresas en el decreto de Kicillof. En Prensa Obrera adelantamos hace tiempo que no habría reapertura de paritarias en lo inmediato, y tampoco aumento de salarios sino anticipo de cuotas en las vísperas de las elecciones. Abriendo el paraguas, el gobernador bajó línea a las burocracias sindicales estatales ratificando que la provincia debe recuperar la capacidad financiera, un centro dirigido a los bonistas buitres que controlan la mayoría de la deuda externa que asciende a 12 mil millones de dólares.

La cuestión de fondo es el pago de la deuda externa provincial. El ajuste a los salarios, el pago en cuotas y los básicos de indigencia son imposiciones directas del capital financiero. Tampoco sorprendió la sumisión de las direcciones de los sindicatos enrolados en las dos CTAs y la CGT, que pasaron del apoyo entusiasta y ferviente al acuerdo en marzo pasado, a saludar la “sensibilidad” del gobierno ante el “desajuste” salarial producto de la inflación. El llamado desajuste fue una confiscación calculada sobre una pauta salarial trucha para hacer pasar los techos a las paritarias bonaerenses.

Para las burocracias del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), ATE, Upcn, Salud Pública y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Kicillof habría cumplido con los dos reclamos centrales llevados por los gremios a las comisiones técnicas salariales: el refuerzo del salario de julio y la reapertura de las paritarias para “ganarle a la inflación”. Ambas cuestiones están dibujadas a la medida del relato del gobierno, y por lo tanto del ajuste a los salarios. La llamada “reapertura” estaba prevista en el acuerdo paritario de marzo donde ex profeso se definió la “revisión” de las negociaciones y no la aplicación de la cláusula gatillo de actualización inmediata por inflación. Ahora se adelanta la revisión al 16 de agosto en lo que será el comienzo de nuevas amansadoras, dilaciones o eventuales decretazos hasta fin de año.

Kicillof abre la canilla a cuentagotas para sortear una elección cada vez más complicada para el Frente de Todos. Con el decreto, el gobierno mantiene el esquema de cuotas. Estos “acuerdos cortos” parten de básicos de indigencia y salarios estatales y docentes muy bajos. La ola inflacionaria, con un 4 y 3% mensual, pulverizó los sueldos que paga el Estado bonaerense dejándolos lejos de la canasta básica, hoy en 65.000 pesos y a años luz de la canasta familiar cercana a los 100.000 pesos mensuales. Un esquema similar de adelantamiento de cuotas como el que aplicó el gobierno nacional en el Consejo del Salario Mínimo, confirmando que se trata de una política de conjunto ordenada por el FMI.

Por caso, y cuando se anuncian aumentos de los servicios de cable, telefonía celular e internet, y cuando el precio de los alquileres y los alimentos están por encima de la inflación, una maestra de grado con 24 años de antigüedad cobrará -con el adelanto del 8% incluido- al límite de la canasta básica. Toda la escala salarial se encuentra bajo la línea de pobreza. El básico del preceptor, considerado como cargo testigo docente, no llegará a los 21 mil pesos en agosto. Estamos frente a una desvalorización y licuación histórica para imponer un superávit fiscal a costa de la clase trabajadora y en beneficio de los buitres del FMI y el Comité de acreedores de la deuda externa provincial.

Burocracias del ajuste

Kicillof factura caro a las burocracias sindicales -y con resultado por demás incierto- su afán por colarse en las listas electorales del Frente de Todos. El kirchnerismo explota hasta el final la integración y el colaboracionismo burocrático que acompaña todas y cada una de las políticas ajustadoras del gobierno. De Isasi, de ATE Provincia, festejó el “aumento del 8%” (adelanto de cuota) con la misma sumisión con que apoya el alargue de la jornada de trabajo para los estatales y empleados públicos regidos por la ley provincial 10.430. El autoproclamado candidato del Frente de Todos presenta esta flexibilización laboral directa como una “salida”: un mayor ingreso nominal contra una mayor cantidad de horas de trabajo que van a permanecer. Una traición sin precedentes de la frentetodista burocracia de Ate.

El ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de “devolución de derechos” y del 82% a los bancarios del Provincia, a quienes Vidal les arrebató conquistas previsionales en diciembre del 2017. En verdad, el proyecto de ley de Kicillof calcula el 82% sobre el promedio actualizado sobre un período de ciento veinte meses (10 años) inmediatamente anteriores a la cesación del servicio. Por otra parte, la edad de jubilación para los trabajadores del Banco Provincia seguirá en 65 años y además se incrementan los aportes de los activos y pasivos para “no desfinanciar la Caja”. Nuevamente es la clase trabajadora la obligada a financiar el saqueo. Como se ve no hay desmonte de la “tierra arrasada” por el macrismo, sino adaptación y continuidad.

Esto ya estaba implícito en los anuncios hechos en el Congreso Nacional Bancario cuando tanto Axel Kicillof como el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confesaron que no se volvería al régimen anterior a la reforma previsional de Vidal. La “sustentabilidad” es la coartada para pagar la deuda externa y arremeter contra salarios y jubilaciones como garantía de pago. Las imposiciones del FMI y los bonistas de la deuda vaN más allá del ajuste a las jubilaciones de los bancarios del Provincia; el objetivo de fondo es que la provincia de Buenos Aires “armonice” las jubilaciones provinciales del IPS con las nacionales del Anses para desligarlas del salario, y reducirlas al 50/60% del salario al cese.

Baradel y todo el Fudb se sumaron al relato con la misma volubilidad con la que hasta principios de junio elogiaban el acuerdo paritario de marzo, en realidad un pacto a espaldas de la docencia y firmado en las vísperas del comienzo del ciclo lectivo del 2021. La conducción celeste pasó sin solución de continuidad de denunciar al negacionista criminal Larreta por la apertura presencial de las escuelas porteñas en la segunda ola, al apoyo a la vuelta a las aulas en la provincia dispuesto por Kicillof sin condiciones epidemiológicas y edilicias. La integración de la celeste, cuyos dirigentes Hugo Yasky y Roberto Baradel se candidatean por el peronismo gobernante, no ha dado sino derrotas y retrocesos a la docencia, y una gigantesca desocupación y precarización laboral.

Siendo que la reunión con las direcciones sindicales burocráticas se hizo en la Gobernación de La Plata en el “salón de los acuerdos” (todo un símbolo del pacto social) la burocracia celeste de Suteba calló ante las 89 escuelas platenses que siguen sin funcionar por carencias edilicias y de calefacción. Una responsabilidad compartida por el intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro, el gobierno provincial de Kicillof y la directora general de escuelas, Agustina Vila, y una radiografía del ajuste educativo a ambos lados de la “grieta”.

Al servicio del pago de la deuda externa

Para los capitalistas, pero también para el gobierno de los Fernández y de la provincia de Buenos Aires, la prioridad es la reducción del déficit fiscal, ajustando salud, educación y salarios. El kichnerismo tendrá que decidir en poco tiempo si acepta de cuajo las imposiciones brutales de los bonistas o si va al default provincial en plena campaña electoral con el plus extorsivo del pago de 1.800 a 2.000 millones de dólares que demandan los buitres en los tribunales de Nueva York. La presión por la aceptación viene tanto del Fondo Monetario como del propio gobierno nacional y el ministro Martín Guzmán que le achacan a Kicillof entorpecer el acuerdo con el FMI.

Los sucesivos rechazos de los tenedores de la deuda provincial a las propuestas de “canje” de los bonos bajo tenencia extranjera (más de 7000 millones de dólares) y las concesiones prometidas por el gobierno al Comité de acreedores que suman 1800 millones de dólares por sobre la oferta original (eliminación de toda quita de capital y mejora en los precios de los cupones), preparan la tirada de toalla de los “nacionales y populares”. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad se moviliza por la reapertura efectiva de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar con todos los aumentos al básico.

La lucha en defensa de los salarios y las jubilaciones choca con la política fondomonetarista del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y todos los candidatos del ajuste. La campaña electoral será una tribuna de esta lucha y de la movilización política por el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI. Como parte del plan de acción multicolor Suteba Ensenada y la Multicolor de La Plata se movilizarán el jueves 15 a la Dirección General de Escuelas. Rechacemos esta paritaria trucha y preparemos la lucha conjunta de docentes y estatales en toda la provincia por un aumento de salarios para cubrir el costo de la canasta familiar.

 

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