La conducción del gremio de la Sanidad, encabezada por Daer, firmó un acuerdo salarial que deja los sueldos del gremio por debajo de la línea de pobreza, levantando en el mismo acto el plan de paros anunciado para el 4 de agosto. El aumento se pagará en cuatro tramos: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% en febrero de 2022. Casi simultáneamente, las cámaras empresarias recibieron la autorización del Ministerio de Salud para aumentar el valor de las cuotas de prepagas y, correlativamente, aranceles médicos y hospitalarios en tramos de a 9%, que se aplicarán en agosto, septiembre, octubre y enero de 2022, sobre valores de julio.

Los aumentos de la paritaria de Atsa no son acumulativos, por lo cual llegarán a sumar 45% en febrero de 2022. Un sueldo de enfermera de $56.000 pasará a $81.000 recién en 2022, siendo que en junio pasado la línea de pobreza según Indec estaba en $65.000, sin contar alquiler (no menos de $35.000 por 3 ambientes) y la canasta de consumos mínimos de ATE-Indec por encima de los $100.000.

En cambio, los aumentos autorizados a las patronales sí son acumulativos, por lo que llegarán al 41,16% en enero. Pero no queda todo allí, los empresarios siguen reclamando por vía judicial que se implemente un mecanismo automático para fijar los incrementos de las cuotas. La firma de la paritaria incluyó como condición que “con el aumento de las cuotas, las obras sociales y las prepagas deberán ‘trasladar aumentos similares’ a los aranceles y honorarios de las clínicas, sanatorios, hospitales privados, médicos y profesionales que prestan servicios a la medicina privada. También el PAMI ajustará el pago de sus aranceles” (Clarín, 30/7). Y hay más, el Ministerio de Trabajo extenderá el programa Repro al sector de Salud hasta el 30 de junio de 2022 -por el cual el Estado paga hasta $22.000 mensuales por trabajador de la Salud- y se mantendrá hasta el 30 de junio de 2022 la eximición del pago de las contribuciones patronales y la reducción de la alícuota del impuesto al cheque.

Una alianza estrecha y explícita de la burocracia sindical de Fatsa-Atsa y las patronales de la medicina privada -públicamente se apoyaron mutuamente y lanzaron medidas conjuntas de acción- ha resultado en un fuerte aumento del precio de la salud y la rentabilidad patronal, que impactará en el nivel general de precios. La variable de ajuste es el salario a la baja de los trabajadores de sanidad y el bolsillo de los afiliados a las prepagas y las obras sociales. El gobierno y los Daer actúan con total subordinación a los intereses patronales en un sistema de salud altamente privatizado. El beneficio capitalista, parasitario, es el factor de mayor encarecimiento y debería eliminarse. Se deben prohibir los aumentos y subsidios y los trabajadores reclamar $100.000 de básico inicial y corrección automática por costo de vida.

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