El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, declaró en una entrevista televisiva que es imposible pagar la deuda sin contaminar. Como pocas veces, y aunque más no sea contra la propia intención del funcionario, quedó en evidencia el motivo real que condiciona toda la política económica y por supuesto está detrás de la depredación ambiental y el saqueo de los bienes naturales. Esto, en el marco de la repercusiones del informe del panel de científicos de la ONU que advierte sobre la aceleración del calentamiento global y sus catastróficas consecuencias.

Lo más grave de esta declaración no es la justificación en sí de la contaminación como una fatalidad productiva, que podría argumentarse (falsamente) ineludible para satisfacer necesidades sociales o desarrollar al país, sino que reconoce y avala que toda la explotación devastadora de la megaminería, los agronegocios, el fracking -además de reportar ganancias a los pulpos multinacionales que las emprenden- solo sirve a los fines de honrar los compromisos con el FMI y los bonistas. Nada menos.

Ahondemos un poco. El país registró en lo que va del año un récord histórico en el ingreso de divisas por las exportaciones agrarias, pero el país sigue penando por una supuesta escasez de dólares. Ilustrativamente, en el último mes se gatillaron más de 750 millones de dólares entre el primer pago a los bonistas tras el canje, el adelanto al Club de París y los intereses con sobretasa usuraria al FMI. Los beneficiarios directos son un puñado de pulpos yanquis, chinos y europeos (cada vez menos capitales nacionales, aunque como mostró Vicentin estos tampoco dejan algún beneficio para el país), mientras crecen las luchas de los pueblos fumigados contra los agrotóxicos, el desplazamiento de los pequeños productores y comunidades originarias, y se inventiva el avance de la frontera agropecuaria devastando bosques y humedales. Todo este “esfuerzo”, al fin y al cabo, redunda en… que la deuda pública llegó a su máximo histórico.

Otro aspecto del asunto son los subsidios a la petroleras, especialmente en el marco del Plan Gas, cuyo fin es incentivar el fracking en Vaca Muerta para reducir la importación de combustibles -ya que ello consume dólares que en el libreto oficial deben estar disponibles para afrontar vencimientos con el capital financiero. Como el Estado garantiza a la compañías de hidrocarburos un precio artificialmente alto, se encarece toda la generación energética, lo cual es pagado por la población con tarifazos y con un ajuste de gasto público que financió la duplicación de los subsidios a las empresas de energía en el último año -mientras las jubilaciones perdían 10 puntos contra la inflación.

La reactivación, sin embargo, no vino de mayores inversiones sino de una sobreexplotación de la mano de obra y de los equipos, logrando récords en cantidad de fracturas por dotación y por torre, un terreno fértil para la multiplicación de siniestros ambientales y laborales. Para invertir, tanto las petroleras como las cerealeras (el boom sojero solo se debe al alza de precios, ya que la producción es menor) exigen la liberación del cepo para poder girar sus dividendos al exterior. El acuerdo con el Fondo sería la garantía de que se avanza en esa dirección, y es lo que ponen en agenda las reiteradas promesas de Alberto Fernández de sancionar leyes de estímulos a estos sectores.

Este régimen de saqueo confirma la justeza de las protestas de las poblaciones afectadas por los emprendimientos contaminantes, que tuvo sus episodios más altos en las movilizaciones populares en Chubut y Andalgalá contra la megaminería contaminante, en Mendoza contra la habilitación del fracking o en Mar del Plata contra la explotación petrolera sobre el mar argentino. Contra el verso de que es la única forma de generar un desarrollo, defendemos el derecho de las comunidades a vetar este tipo de proyectos que destruyen el ambiente y acarrean graves consecuencias sociales y económicas (porque afectan gravemente a otras actividades).

Todo esto revela el fraude que representa la propuesta del “canje de deuda por acción climática”, que Cabandié y Fernández repiten en las cumbres internacionales. En realidad, todo el planteo se reduce a reclamar nuevos desembolsos del FMI y otros organismos de crédito con la excusa de proteger la naturaleza, mientras promueven actividades extractivas a largo plazo. Como se sinceró el ministro, el repago que se negocia con el Fondo tiene las exportaciones primarias y contaminantes como única fuente.

Los pulpos mineros, petroleros y agroindustriales que se apropian así de las riquezas del país, y venden al exterior desde puertos privados, en realidad dejan enormes pasivos ambientales que son facturados al pueblo trabajador. El ejemplo más leonino es el de la expropiación de las acciones de YPF que detentaba Repsol, en 2012, cuando tras dos décadas de vaciamiento de la compañía y de grandes daños al ambiente (los Estados de Neuquén y Santa Cruz habían valuado los pasivos ambientales en 2.000 millones de dólares) se le condonaron todos los cargos y se le pagaron más de 5.000 millones de dólares (en bonos, es decir más intereses).

El hecho de que la explotación de las ramas estratégicas de la economía nacional se destine al pago de deuda implica entonces una depredación ambiental a perpetuidad. Distinto es si se afirmara que no es posible un desarrollo nacional o la satisfacción de determinadas necesidades sociales sin partir de las condiciones actuales, es decir recurriendo a ciertas (y solo determinadas) formas productivas que impactan sobre el ambiente de manera nociva, pero con la intención de restringirlas y proceder a una eliminación progresiva, lo cual implicaría la prohibición inmediata en ciertos casos (fumigaciones en zonas pobladas, veto a la minería metalífera a cielo abierto) y estrictos controles de las condiciones de producción y la seguridad por parte de comités de obreros, científicos y comunidades implicadas; con esquemas de transición para abandonar otras prácticas en un determinado plazo, como el fracking.

Los dichos de Cabandié son una confirmación vergonzosa de que la creación de un Ministerio de Ambiente y los discursos contra el cambio climático no convierten al gobierno del Frente de Todos en un aliado del movimiento ambiental. La intervención del Estado, en esta como en todas las cuestiones, no implica una negación de los males del capitalismo (o una regulación de los mismos) sino por el contrario es su sostén. Un gobierno cuya orientación central es rescatar una deuda externa fraudulenta solo puede apelar al discurso verde y la creación de dependencias estatales en función de cooptar activistas y agrupaciones para debilitar al unidad de acción del movimiento.

Es el papel que lamentablemente juegan aquellos, como Jóvenes por el Clima, que dieron la espalda a todas las movilizaciones del último tiempo, desde las que combatieron el acuerdo porcino con China hasta las que rechazan el lobby de las mineras y la explotación petrolera off shore. La independencia política respecto del Estado es la gran virtud de los reagrupamientos como la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que interviene como un frente único de lucha de asambleas y organizaciones que enfrentan la depredación ambiental.

El Frente de Izquierda Unidad, compuesto por partidos que intervenimos cotidianamente en cada pelea en defensa del ambiente y las condiciones de vida del pueblo trabajador, puede tener un programa consecuente contra la depredación ambiental precisamente porque tiene como norte la ruptura con el FMI y el capital financiero, la nacionalización bajo control obrero y popular de los resortes estratégicos de la economía -desde la industria energética hasta la banca y el comercio exterior- en función de emprender una planificación productiva orientada a las necesidades sociales y de desarrollo nacional, en vistas a una reorganización sobre bases socialistas; es decir, armónica con la naturaleza y con los trabajadores que producen la riqueza.