El acuerdo del gobierno nacional con China para instalar granjas industriales de cerdos en nuestro país, para exportar luego la carne al país asiático, reavivó muchos debates acerca de la antinomia entre la preservación del ambiente y la salubridad de la población, de un lado, y el desarrollo económico, del otro. Para centrar esta discusión es necesario, primero, ubicar cuál es la orientación general de la política económica del gobierno de Alberto Fernández y ver a la luz de ello el agravamiento de la depredación ambiental que se ha acelerado en estos ocho meses.

Después de sellar el pacto colonial con los bonistas para arreglar el repago de la deuda externa, el presidente sostuvo que ahora lo que queda es “exportar todo lo que se pueda”. De hecho, todo el relato de la “sustentabilidad” de la deuda -que es compartido con los funcionarios del FMI- parte de la premisa de que el desafío es “pagar la deuda con crecimiento”, lo que quiere decir que el país podría generar los dólares necesarios para cumplir esa hipoteca. Incluso ha condicionado la reactivación de la industria a aquellas ramas que no demanden importaciones, en una confesión de que apuntan a una reprimarización de la economía nacional. Ese norte es lo que explica tanto las tratativas del acuerdo que harían del país una “factoría de cerdos para China”, como la ofensiva para habilitar nuevos negocios de la megaminería contaminante, e incluso la carta blanca a la devastación de lo terratenientes que incendian las islas del Delta del Paraná en Santa Fe y Entre Ríos.

De hecho, la proliferación de focos de incendio intencionales en el Litoral, generados por los terratenientes para trasladar a las islas la explotación ganadera y liberar tierras para los pooles de siembra de la soja y el maíz, se replicó en esos días en humedales de distintos puntos de la Ribera del Plata. La temporada de incendios también esta haciendo estragos en las sierras de Córdoba y de las reservas naturales de Ciudad Evita y Laferrere en La Matanza, obra de los especuladores del mercado inmobiliario. En la Región Chaqueña se han deforestado, desde el inicio de la cuarentena, alrededor de 30.000 hectáreas de bosques nativos. Todo ello no solo agrava las infecciones respiratorias en plena pandemia y destruye fauna y flora, sino que además recrudece el drama de las inundaciones por la impermeabilización de los suelos.

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Detrás de ese avance de la frontera agropecuaria se encuentra la presión de terratenientes, los grandes pooles de siembra y las cámaras exportadoras, que aprovechan la necesidad de dólares del gobierno para reclamar exenciones impositivas y una devaluación en regla del peso. Esta misma presión logró que en abril se bajen los costos de importación de la Monoisopropilamina y la Dimetilamina, agroquímicos contaminantes utilizados para la producción de herbicidas. La exportación agrícola será la columna vertebral del “plan económico” para garantizar el repago de la deuda, junto con un ajuste en regla contra los trabajadores, todo lo cual será fijado y monitoreado por el FMI. Lo más grave es que la parte del león de este negocio se lo lleva un puñado de multinacionales exportadoras como Bunge y Cargill, mientras que los Bayer-Monsanto y Syngenta se quedan con otra parte de la renta agraria por la dependencia de los productores a sus semillas y paquetes tecnológicos. Es exactamente la antítesis de la soberanía alimentaria que esgrimía el gobierno antes de recular en la intervención de Vicentin, porque asocia los precios internos de los alimentos a la cotización internacional de las materias primas.

Lo mismo puede decirse del intento de habilitar jugosos negocios a los pulpos mineros. Para ello fue designado como secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que había sido el empleado de la Barrick Gold en el gobierno sanjuanino y parte de los promotores del Acuerdo Federal Minero pactado por Macri y los gobernadores, que fijó las regalías en un insignificante 3% de la ganancia bruta de las mineras. Esto concitó el repudio del pueblo de Jáchal, que lucha desde hace años contra la incesante contaminación de los cursos de agua por los derrames de millones de litros de agua cianurada y otros químicos, producido por la Barrick en la mina Veladero.

Fue con este respaldo que la UCR y el PJ votaron en la Legislatura de Mendoza barrer con la ley 7722 que impide la explotación minera contaminante, que desató un verdadera rebelión provincial hasta que el gobierno de Rodolfo Suárez y la oposición no recularon y anularon la “ley cianuro”. Pero ese traspié no detuvo el lobby, y en Chubut el gobierno del “albertista” Mariano Arcioni apadrinó un contrato millonario entre el empresario Elsztain y la canadiense Yamana Gold para extraer oro en la provincia, lo cual es un compromiso de remover la ley 5001 (que prohíbe la minería en la provincia), en pos de una zonificación que habilite también los históricos proyectos Suyai y Navidad en la meseta chubutense. Así como la pueblada de Esquel en 2003 arrancó la sanción de la ley 5001, ante este nuevo avance se puso en marcha la segunda Iniciativa Popular con la consigna “No Es No”, que en poco más de un mes ha recogido un apoyo masivo.

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La industria hidrocarburífera es otro punto sensible en la política económica de Alberto Fernández. Ante de su asunción, el presidente ponía sus fichas en los dólares que se proponía recaudar gracias a la exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta. La caída de los precios internacionales ha puesto en cuestión la rentabilidad esa extracción no convencional de hidrocarburos, lo que derivó en una parálisis absoluta de las inversiones. Ahora preocupa al gobierno no ya lo que no recaudará, sino las divisas que se pueden fugar si se ve en la necesidad de importar combustibles en el próximo invierno.

Para revertirlo, el gobierno no solo prácticamente eliminó las retenciones a la exportación e instauró el barril criollo para subsidiar a las petroleras, sino que prepara un esquema de tarifazos y anunció una reforma laboral en YPF que así como intensificará la explotación de los obreros petroleros se traducirá en menores prevenciones ambientales en la extracción, cuando en los últimos cinco años fueron reportados más de 4.000 “accidentes ambientales”. De nuevo, quienes ganan aquí son los Chevron, la empresa yanqui beneficiada con un acuerdo leonino y secreto firmado por Cristina Kirchner en 2013. A la clase obrera, en cambio, le esperan despidos, una mayor precarización laboral (un esquema que se cobró ocho vidas obreras en los últimos dos años) y mayores precios de la nafta, la luz y el gas.

En semejante contexto, el “revalorizado” Ministerio de Ambiente, encabezado por Juan Cabandié, no puede más que estar pintado. Pero su función es reaccionaria, ya que desde principio de año ha emprendido una política de cooptación de las organizaciones ambientales. La mayoría, sin embargo, rechazó esa integración al Estado bajo el ala de un gobierno que perpetúa y hasta acelera la depredación de los recursos naturales. No se puede tapar el sol con la mano, Cabandié.

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Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero participamos e impulsamos cada lucha en defensa del ambiente y de las condiciones de vida de la población trabajadora. Lo hacemos planteando un programa de salida que se opone por el vértice a la explotación parasitaria de las riquezas del país por parte de pulpos imperialista, cuyo único fin es la recaudación de dólares… ¡para el pago de la deuda externa fraudulenta!

Llamamos a las organizaciones ambientales a convocar un plenario para pelear en común por la aprobación del proyecto de ley presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá, que plantea la prohibición de todos los desmontes por dos años, entregando a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones que la Justicia determine para avalar la tala de bosques, y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables. Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural. Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, además, permtiría armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables; y el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Es un programa que debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país, y la nacionalización del comercio exterior para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

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