La discusión por la suspensión de las clases presenciales está en el centro de la escena: hace diez días, Fernández suspendió la presencialidad en 35 municipios bonaerenses y CABA. Luego de la judicialización el tema educativo, ambos armados políticos planean un esquema mixto de presencialidad a partir del 30 de abril, aunque el panorama sanitario es realmente crítico y sin vistas de mejoras. De fondo, ni unos ni otros defienden la educación ni la salud de estudiantes y trabajadorxs.

Trotta propuso un esquema de “presencialidad administrada”. El ministro nacional propone tres medidas: un regreso escalonado por niveles, estudiantes en terminalidad y a quienes “no les ha ido bien en 2020” y pasaron de año bajo la forma de “promoción acompañada”. Acuña en CABA plantea “cuatro escenarios” de bimodalidad entre la presencialidad y la virtualidad (Clarín 27/4). El gobierno de Frete de Todos y Cambiemos acuerdan en una reapertura criminal, sin partidas presupuestarias extras.

Mientras tanto, son los docentes, familias y estudiantes quienes defienden la educación. Desde principios de año, la docencia planteó qué es necesario para tener clases presenciales seguras: comités de bioseguridad con poder de veto y control sobre los protocolos, elementos de higiene y seguridad, reacondicionamiento de las escuelas, un transporte adecuado para estudiantes, un plan integral de vacunación para toda la comunidad educativa.

El balance de la política educativa de los gobiernos durante la pandemia es de fracaso. Son decenas de docentes y estudiantes fallecidos por Covid, no hay un plan claro de vacunación para los docentes y creció exponencialmente la curva de contagio en menores. Es decir, la escuela funciona como un lugar de contagio y propagación.

Por otro lado, cualquier esquema escalonado hacia la presencialidad insegura, contiene una cuota de virtualidad. En 13 meses de pandemia, los gobiernos no han aumentado el presupuesto para la educación: por el contrario, lo redujeron.

En un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, sobre la educación durante el 2020 en los barrios más humildes de todo el país, arrojó que al menos uno de cada cuatro chicos (27,3%) no pudo concretar sus estudios. Trotta mismo admitió que para 6 millones de estudiantes que quedaron por fuera de la cursada, se dispusieron 120 mil computadoras. Por su parte, Larreta y Acuña desviaron los fondos del Plan Sarmiento (que entregaba notebooks) a la educación privada y mantienen congeladas las Becas Ciudad. Las “diferencias” entre unos y otros son retóricas, ya que ambos desfinancian la educación.

En este contexto, el reclamo de docentes y estudiantes se hace sentir en todo el país. La lucha de estudiantes por conectividad, computadoras, becas irrestrictas y alimentos cobra cada día más impulso, y se une al reclamo de los docentes, que luchan en contra de la presencialidad sin recursos y por una recomposición salarial. Es notable el proceso de lucha, organización, asambleas y paros de la docencia en el AMBA, con Ademys y los Sutebas multicolor a la cabeza.

Llegados a este punto, los gobiernos no ofrecen condiciones para una presencialidad segura ni una virtualidad sin que nadie se quede afuera.

Acompañamos e impulsamos los procesos de lucha de la juventud y la docencia combativa. Planteamos que se suspendan las clases presenciales en los distritos donde el semáforo epidemiológico está en rojo. (Más de 150 casos cada 100 mil habitantes, acumulados en 15 días). Que el Estado disponga los elementos de conectividad, wifi y compus necesarios para que ningún estudiante quede afuera del sistema. Por ampliación, acceso irrestricto y compatibilidad con planes sociales de la Beca Progresar y Ciudad. Por ampliación y adecuación del sistema de transporte, y vacunas para todxs.