Javier Milei colocó el tema dolarización en un lugar destacado del debate político nacional. Según él, esa medida traería prosperidad a la Argentina. Esta política, sin embargo, ya se ha aplicado en otros países de América Latina, y los resultados, desde el punto de vista de los trabajadores, fueron desastrosos. Un aspecto distintivo de estos procesos de dolarización es el hecho de que la deuda externa de los países aumentó exponencialmente. Y la deuda es un problema crucial de la economía argentina.

Ecuador

Ecuador es uno de los países que actualmente tiene su economía dolarizada. Esta medida, implementada en el año 2000 por el expresidente Jamil Mahuad, trajo consigo un retroceso de la industria, ya que a diversos grupos capitalistas les comenzó a resultar más rentable importar mercancías (en lugar de producirlas) y comercializarlas. A la par, el país se volvió dependiente de la exportación de petróleo. La economía ecuatoriana es esencialmente petrolera.

El país andino comenzó a recurrir cada vez más a créditos extranjeros (FMI, BID, Banco Mundial, entre otros). La relación deuda-PBI pasó de un 18% en 2011 a un 57% en 2022. A su vez, los bonos ecuatorianos son unos de los más riesgosos de la región; en marzo, el riesgo país trepó a casi 2.000 puntos.

En este marco, el default aparece como horizonte. Antes de finalizar su mandato, en noviembre de 2020, el expresidente Lenín Moreno acordó con el FMI la entrega de unos 6.500 millones de dólares. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a aplicar un plan de ajuste antiobrero: gasolinazos, impuestazos, despidos, rebajas salariales y la aplicación de “reformas estructurales”. El eje del gobierno del banquero Guillermo Lasso es cumplir con ese acuerdo.

Esta política fondomonetarista ha desatado movilizaciones populares. En 2019, la supresión de los subsidios a los combustibles por parte de Lenín Moreno provocó una rebelión popular. A mediados de 2022, Lasso fue enfrentado por protestas, protagonizadas por el movimiento campesino; lo que detonó las movilizaciones fue el intento del gobierno de avanzar en un aumento de los combustibles.

El Salvador

Las contradicciones económicas y sociales en El Salvador se agudizaron como producto de la dolarización. Su industria quedó destruida. Y las remesas que envían los salvadoreños ubicados en el extranjero se han convertido en el principal ingreso del país. En los últimos 22 años, el crecimiento económico no superó el 3% anual. A su vez, el porcentaje de deuda-PBI pasó del 36% registrado en 2001 a un 80% en 2022, uno de los ratios más grandes de la región. El FMI advirtió que la deuda pública salvadoreña equivaldrá al 96% del PBI en 2026.

El Salvador tiene aproximadamente 6.400 millones de dólares de eurobonos en circulación, y “las preocupaciones sobre los altos costos del servicio de la deuda y sus planes de financiamiento y políticas fiscales preocupan a los tenedores de bonos” (El Economista, 5/4). En septiembre pasado, la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de El Salvador a CC (niveles muy altos de riesgo de crédito), caracterizando que el gobierno podría incurrir en un incumplimiento del pago de la deuda.

El FMI envía misiones al país. Una de ellas sostuvo recientemente que el gobierno de Nayib Bukele debe “reconducir la deuda a una senda sostenible” y reclamó que se implementen despidos, tarifazos y un aumento del impuesto al consumo (Milei, el “antiimpuestos”, no dice nada sobre esto). En este cuadro de crisis, Bukele pretende que el Fondo otorgué un préstamo a El Salvador, aunque el organismo internacional le puso como condición que abandone el bitcoin como moneda de curso legal.

En este contexto, las tensiones sociales se han venido incrementando, y sectores de la clase obrera han salido a la calle. Trabajadores de la salud y municipales se movilizaron en los últimos años en reclamo del pago de salarios y en defensa de sus conquistas. En 2021 también hubo protestas contra el autoritarismo presidencial; Bukele copó la Justicia y desplegó al Ejército en las calles para atemorizar a la población. Este reforzamiento represivo debe ser entendido también como el intento del gobierno de defender el régimen de dolarización.

Panamá

La deuda en Panamá, otro país dolarizado, también se ha incrementado. Su economía depende del sector agroexportador, y cada vez más de los préstamos internacionales. Además, se convirtió en un paraíso fiscal.

La relación deuda-PBI, en la última década, pasó del 37% al 58%. En 2021, el FMI otorgó al gobierno un crédito por 2.500 millones de dólares (Infobae, 25/4). El gobierno de Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, viene de emitir bonos globales por un total de 1.800 millones de dólares, que poseen tasas que están por encima de la media internacional. La calificadora Moodys señaló hace poco que para abordar “el tema fiscal” (el pago de la deuda), el gobierno debe ir hacia una reforma (reaccionaria) de las pensiones, como la que aplicó Emmanuel Macron en Francia, o como la que pretende implementar Luis Lacalle Pou en Uruguay.

Cortizo ha venido desarrollando una política de ajuste contra la clase obrera, en aras de cumplir con las pretensiones del capital financiero internacional. Por ejemplo, redujo en un 10% la planta de trabajadores estatales. Asimismo, ha reducido los presupuestos de salud y educación (C5N, 24/4).

La clase trabajadora también ha desenvuelto luchas contra esta agenda. En julio de 2022 se produjeron huelgas y protestas. Estas movilizaciones también se dirigieron contra la corrupción que impera en el poder político. Otro golpe contra Milei, que dice que con la dolarización se terminaría la corruptela en Argentina.

Una conclusión

La dolarización de la economía no sacaría a Argentina de sus sucesivas crisis de deuda y de la tutela del Fondo Monetario, aspectos que se encuentran en la base del proceso inflacionario en curso. Como se ve, el “Make Argentina Great Again” de Milei es tan solo un velo nacionalista que encubre un programa de entrega en toda la línea del país.

Habida cuenta el tamaño de la deuda externa en Argentina (gran parte de la deuda pública está indexada al tipo de cambio), una dolarización aceleraría el camino hacia un nuevo default. La salida a la crisis pasa por romper con el FMI y desconocer la deuda externa. Un gobierno de trabajadores y la izquierda utilizaría los recursos que se van por la ventana del pago de la deuda para industrializar el país y elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras.

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