La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez hace más de 70 días cuando se subía a un patrullero de la Policía Bonaerense en la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, puso de relieve una escalada represiva generalizada desde el establecimiento del aislamiento social obligatorio, que tiene como principal víctima a la juventud.

En Prensa Obrera habíamos publicado ya el 15 de mayo un informe especial que demostraba que el desembarco del Ejército y la policía en los barrios significaba un reforzamiento represivo contra las familias trabajadoras, contra el discurso oficial de que colaboraban en la asistencia social. Responsabilizábamos al gobierno de Alberto Fernández que a través del DNU 297/2020, al comienzo de la cuarentena, puso a las fuerzas represivas a “jugar un papel en la crisis sanitaria”, apuntando a reforzar el disciplinamiento social ante la profunda crisis social que se agudiza con la pandemia. Desde entonces la represión se recrudeció, situación de la que daremos cuenta en este sucinto informe.

 

 

En la provincia de Buenos Aires en particular, durante junio las fuerzas de seguridad se cobraron la vida de 18 personas, en un promedio de un asesinato cada 40 horas. En 11 de esos casos, los agentes se encontraban de civil y en muchas oportunidades “ni siquiera había una amenaza real contra la integridad física y los policías dispararon a matar, a veces, incluso por la espalda” (AnRed, 11/7). No hay, con todo, ningún detenido o desafectado de su puesto por estos casos. Este es el producto de la política de “empoderamiento” de la Bonaerense que predica el ministro Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof, que preparó el terreno para el despliegue represivo con la militarización de las villas que se convertían en focos de propagación del Covid-19, como en Villa Azul.

A fines de mayo, esta militarización de los barrios le costó la pérdida de un ojo a Ignacio en Villa Albertina, Lomas de Zamora, un joven de 17 años a quien efectivos de la Bonaerense le dispararon con balas de goma en el rostro sin mediar palabra cuando allanaron su domicilio por error. Cuando Ignacio cayó al suelo lo patearon al grito de “negro de mierda”. Esta brutalidad es una constante, como demostró también la detención ilegal de dos jóvenes de 17 años en Villa del Carmen, San Fernando, por agentes de la Bonaerense y la Policía Local en un episodio que incluyó desde golpes y patadas a balas de goma.

En San Nicolás a principios de junio murieron Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, de 25 y 31 años, cuando fueron atropellados por un patrullero que venía de frente y se cruzó de carril intencionalmente para cerrarles el paso, por haber “eludido un puesto de control”. El 11 de junio, un efectivo de la Policía Bonaerense asesinó de un disparo a Lucas Verón, de 18 años, en La Matanza. Las cámaras muestran que un patrullero persiguió a los tiros a Lucas cuando regresaba del kiosco en moto junto a un amigo, quien ahora es presionado para que declare que “volvían de robar” según denuncian los vecinos. Un desenlace similar sufrió Brandon Romero, un joven marplatense que cayó de su moto tras recibir un disparo de la policía, y ser entonces atropellado por un auto. Aquí también, la versión policial es que Brandon tenía intención de delinquir.

El prontuario negro de la Policía Bonaerense se engrosa con el asesinato de Fernando Matías Leguizamón, de 31 años, el pasado 22 de junio en Quilmes, cuando fue confundido con otra persona a la que estaban buscando por robo de automóviles. Alexis Lucero, de 17 años, fue asesinado en Moreno por una oficial de la Policía Local que, estando de civil, le disparó en el abdomen. Otra manifestación del abuso policial de la Bonaerense es la reciente muerte de Raúl Dávila, de 22, el 12 de julio en Chascomús, víctima de un incendio en la celda donde se encontraba detenido ilegalmente hacía catorce días por un delito catalogado como “leve”. La propia Comisión Provincial por la Memoria alegó “no se puede superar las 48 horas de detención en estos casos” (Diputados Bonaerenses, 12/7).

La provincia es una zona liberada también para el resto de las fuerzas. Lo prueban las torturas a dos jóvenes de 17 años llevadas adelante por miembros de Gendarmería en Villa La Cava, San Isidro. Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado en Berazategui por el efectivo de la Policía Federal Germán Bentos, a fines de mayo, cuando estaba fuera de servicio. En el mismo distrito fue el crimen de Diego Arzamendia, de 23 años, quien había logrado escapar días antes de la balacera que hirió de muerte a Augusto Iturralde, propiciada en este caso por agentes de la Policía de la Ciudad (Correpi, 17/6).

 

Es una realidad que se vive en todo el país. En Córdoba, a fines de junio, la policía del gobernador Juan Schiaretti ingresó a los tiros con balas de goma al Barrio Avellaneda y golpeó a un menor de edad que se encontraban viendo un partido de fútbol. A esto se suma la muerte de dos jóvenes en Colonia Caroya, también en Córdoba, que se produjo semanas atrás cuando chocaron con su moto como consecuencia de una violenta persecución policial. En Rosario, en el barrio Casiano Casas, la policía desplegó en mayo un brutal operativo para detener a un grupo de jóvenes que se encontraba jugando a la pelota, quienes fueron detenidos y torturados en la Seccional 10 al punto de provocarles fracturas en la nariz y las costillas a uno de ellos. En Salta un joven perdió el ojo tras un disparo de bala de goma que efectuó la policía cuando lo venía persiguiendo por “no llevar puesto barbijo”. Se le suman testimonios de jóvenes violentamente golpeados por la policía en la ciudad de Olleros y en Salta capital, por el simple motivo de “estar caminando por la calle”.

La impunidad también es generalizada. Un crudo ejemplo es la domiciliaria otorgada a los policías Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera y Cristian Benítez, de la Comisaría 3ra de la localidad chaqueña de Fontana, que estaban detenidos luego de golpear, amenazar, torturar y abusar sexualmente de las y los jóvenes de la comunidad Qom del barrio Banderas Argentinas, entre las que se encontraba una menor de edad. O bien la reciente liberación del Policía Federal Nicolás Rendichi, responsable del asesinato de Lucas Barrios, de 18 años, en la Isla Maciel, Avellaneda. Apelan para justificarlo a la estigmatización de la juventud de los barrios, como mostró particularmente el caso de Facundo Escalso, de 17 años, a quien la Gendarmería asesinó de un disparo en el pecho en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó como un tiroteo tras un intento de robo (Correpi, 18/6), versión desmentida rápidamente por los vecinos que mostraron filmaciones donde los agentes impiden que socorrieran a Facundo.

Este breve repaso refuta el discurso oficial de que se trata de “excesos de agentes puntuales de las fuerzas de seguridad”, sino que forman parte constitutiva de un régimen político que condena a la juventud a las peores condiciones de pobreza, y luego refuerza al aparato represivo para regimentarla. Para luchar consecuentemente contra la represión y por el conjunto de sus reivindicaciones es necesario que la juventud se organice de manera independiente del estado y las fuerzas políticas patronales que son responsables por este accionar criminal en los lugares donde les toca gobernar. Reclamamos que se termine con la militarización de los barrios, exigimos justicia por todos los casos de gatillo fácil. Impulsemos una fuerte campaña en cada lugar de trabajo, estudio y en cada barrio por la inmediata aparición con vida de Facundo Castro.

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