El épico triunfo de la selección contra los Países Bajos fue un broche de oro para una semana que hasta entonces solo había exhibido las peores caras de la Argentina. La condena a Cristina Kirchner por la corrupción con la obra pública de Santa Cruz, precedida por la revelación de conspiraciones entre jueces, agentes de inteligencia y funcionarios macristas en las tierras de un latifundista extranjero como Lewis, se dio junto con la difusión de un informe de la UCA que releva los resultados sociales de este elenco de políticos capitalistas que nos gobierna hace décadas: 20 millones de pobres.

El Observatorio de Deuda Social de la UCA reportó que el 43% de la población está sumida en la pobreza, y dentro de ella más de la mitad padece a su vez carencias en sus condiciones habitacionales, sanitarias, alimentarias o laborales. El colmo es que tres de cada diez asalariados percibe ingresos mensuales que no le alcanzan para cubrir una canasta básica, y que apenas cuatro de cada diez personas entre la población económicamente activa consigue empleos con plenos derechos.

Es la contracara no solo de un régimen de corruptelas y negociados, sino además de ajustadores. Una consultora privada cuantificó que en el cuatrimestre que lleva Massa como ministro de Economía el gasto público nacional cayó un 23% en la comparación interanual, el equivalente a un recorte de 1,7 billones de pesos. Esto a fuerza de tarifazos sucesivos, a través de la segmentación que tuvo como nuevo capítulo una audiencia pública en la que el gobierno pidió aumentos de hasta el 43% en las boletas de gas. Otro guiño a la petroleras, que son las empresas que más ganaron en el año en este país. Así, a quiénes se factura el ajuste es evidente, ya que mientras se difunden esos alarmantes indicadores de la situación social la Unidad Piquetera debió protagonizar un nuevo piquetazo en todo el país para lograr el pago de los Potenciar Trabajo y denunciar la baja de miles de beneficiarios.

Esta política de ajuste tiene vía libre, en medio de la guerra de carpetazos judiciales que envuelve al kirchnerismo y la oposición macrista con acusaciones cruzadas por corrupción, espionaje y conspiraciones. Quiere decir que comparten un programa común: la agenda que impone el FMI. Tanto es así que, tras ser condenada a seis años de prisión a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner declaró que no será candidata a nada el año próximo, lo cual es antes que nada una señal de subordinación política, de que no patea el tablero de esa orientación digitada desde Washington. Se abre con todo esto una telaraña de especulaciones y negociaciones acerca de la candidatura presidencial del peronismo, cuyo final abierto dependerá en primer lugar de cómo el gobierno logre pasar un verano caliente cercado de presiones devaluatorias.

El proceso judicial que decantó en la condena a Cristina no solo reveló parte de las tramas de corrupción con la obra pública durante los mandatos kirchneristas, sino también lo sombrío de todo el régimen político. El principal recurso de la defensa fue ventilar las conspiraciones tramadas entre funcionarios políticos y judiciales, en un nuevo episodio propio de una novela de espías. El escándalo de las reuniones en Lago Escondido, la estancia del magnate británico Joe Lewis, mostró la rosca con que magistrados, ministros de Larreta, agentes de inteligencia y hasta operadores de la corpo Clarín preparan sus causas amañadas. Por eso quienes celebran la condena a la vicepresidenta como un hecho histórico son los mismos que deberían estar junto a ella en el banquillo de los acusados por tantas corruptelas, como la de Macri con la deuda del Correo o los negocios con su primo Ángelo Calcaterra.

Pero, como sentencia nuestro editor Eduardo Salas, “que Cristina haya destacado la podredumbre del aparato judicial y los servicios no la exime de su participación y la del kirchnerismo en la misma. El Poder Judicial está dominado por camarillas que responden a diferentes facciones de la clase capitalista y por lo tanto a las fuerzas políticas que la representan”. Esta es una premisa fundamental para que la izquierda pueda intervenir en el proceso político como una fuerza autónoma, apostando a capitalizar el rechazo que genera este régimen descompuesto de políticos capitalistas; y la condición para ello es no emblocarse en la defensa de la principal responsable de un gobierno peronista que hambrea al pueblo.

Con todo, va de suyo que esta Justicia nunca va a avanzar realmente en el esclarecimiento de los negociados a costa de la población. La mayor prueba es la absolución de todos los empresarios que habían quedado salpicados en la Causa de los Cuadernos. Es un trato antagónico al que recibimos los trabajadores en los estrados judiciales, donde duermen en los cajones 250.000 demandas iniciadas por jubilados a quienes estafaron con sus haberes, se acumulan juicios por violación de derechos laborales o despidos sin causa, y se persigue a los luchadores. Un categórico ejemplo del carácter de clase del Poder Judicial es que las conspiraciones que ahora salen a la luz se hayan hecho en las tierras de un megausurpador que se apropia hasta de la salida al lago, cerca de donde el gobierno nacional ejecutó los desalojos a las comunidades mapuche, donde fueron apresadas las mujeres que ahora serán juzgadas como si fueran criminales.

Son muestras de la necesidad de luchar por echar a todos los políticos capitalistas y abrir paso a una salida de los trabajadores. Con la misma garra con que Messi y la selección argentina se repuso de ese empate en el último segundo y un arbitraje tendencioso, con la misma tenacidad con que los jugadores de albiceleste cerraron la boca a todos los que hablaban de más en la previa del partido, tendremos que salir a la cancha a derrotar a los ajustadores.

Buen domingo.

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