Políticas
28/9/2026
El embargo buitre por Aerolíneas Argentinas en los tribunales del Banco Mundial
El vaciamiento privado, la estatización onerosa de los K y los buffets caranchos detrás del fallo del Ciadi.
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Desde Washington DC, una jueza federal autorizó al fondo Titan Consortium a comenzar el proceso de embargo de activos argentinos en Estados Unidos en el marco de un juicio en el Ciadi por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Como ocurre con el caso YPF y otros, se pone de manifiesto el nivel de sometimiento del país a los designios de las grandes potencias imperialistas.
El Ciadi es un tribunal arbitral del Banco Mundial donde las grandes empresas acuden a demandar a los Estados para imponer sentencias que suelen atentar contra las leyes locales; el Rigi que promovió Javier Milei garantiza que ante cualquier conflicto derivado de los proyectos puedan recurrir al Ciadi, como parte de la denominada "seguridad jurídica" que garantizan a las multinacionales.
Antecedentes
Aerolíneas había quedado en manos de la empresa española Iberia, como parte del proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Carlos Menem. En 2001 fue transferida al Grupo Marsans, también español. Ambas compañías llevaron adelante una política de vaciamiento, que dejó como saldo el cierre de talleres y rutas aéreas, menos aeronaves y simuladores, y un pasivo millonario, además de ataques contra los trabajadores.
El gobierno de Cristina Kirchner reestatizó Aerolíneas en 2008, perdonándole a Marsans una deuda que se aproxima a los mil millones de dólares. Marsans recurrió al Ciadi, que terminó por ordenar el pago de una indemnización de unos 320 millones de dólares en 2017. Los derechos de litigio de la empresa fueron comprados por Burford Capital, que acaba de recurrir al Ciadi por la expropiación de YPF tras fracasar en una instancia judicial previa.
En 2018, Titan adquirió los derechos del litigio a Burford Capital por aproximadamente 107 millones de dólares (Mdz, 28/9). Ahora, ante la posibilidad de que el Estado argentino deba pagar más de 390 millones de dólares (incluyendo intereses acumulados, costos y gastos), el fondo obtendría un rendimiento aproximado del 265% sobre su inversión original. A diferencia del caso YPF (donde el fondo Burford sufrió un revés en los tribunales de Nueva York y debió iniciar una nueva demanda en el Ciadi), en este expediente ya existe un laudo del Ciadi firme y reconocido por la justicia estadounidense, por lo que la discusión actual es sobre qué bienes concretos se pueden ejecutar.
Panorama
Los acreedores deben acudir a tribunales en el país donde quieren hacer efectiva la condena, ya que el Ciadi no puede efectuar sus laudos. Por eso Titan Consortium fue a la Justicia en Columbia. Para emitir la resolución, la jueza Jia Cobb consideró que Argentina "no realizó ningún intento de cumplir con la orden judicial en los últimos 21 meses". Resta saber cómo se va a dirimir el conflicto, luego de que la Corte de Apelaciones del Circuito de DC rechazara en julio de 2026 la defensa argentina de prescripción y confirmara que el plazo legal aplicable era de 12 años y no de tres.
Titan puede elegir activos comerciales en Nueva York o Washington DC. También se ha dicho que puede optar por embargar aviones de Aerolíneas, aunque la mayoría de las aeronaves que operan habitualmente hacia Estados Unidos no son propiedad directa de la Aerolíneas, sino que operan bajo contratos de leasing (alquiler a terceros extranjeros); además, la movida implicaría extender el litigio y complejizar el caso. O, a través de cierto proceso, apuntar hacia bienes u operaciones de otras empresas con participación estatal mayoritaria (Página 12, 28/9). El gobierno, de todas formas, dio señales a los capitalistas.
El Presupuesto 2027 incluye una partida de 1.100 millones de dólares para cancelar pagos de casos en el Ciadi (El Cronista, 27/9). Es dinero que les niega a las personas con discapacidad, que reclaman que se prorrogue y cumpla efectivamente con la ley de emergencia. A lo de Titan, que podría sumarse lo de Burford, se añade el caso WeBuild por contratos en infraestructura incumplidos (127 millones de dólares) y el de Saur Internacional (72 millones).
Milei ha generado las condiciones para que a futuro se reproduzcan disputas similares, ya que el Rigi estipula que cualquier conflicto que surja entre el Estado y las multinacionales pueda resolverse en tribunales internacionales. Ahora, desde el poder, impulsa una política de ajuste sobre Aerolíneas Argentinas, preparando el terreno para una nueva privatización mientras habilita negocios de empresas lowcost y superexplotadoras como Flybondi.
