La banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense presentará en conferencia de prensa, junto a miembros de las asambleas de inundados, un pedido a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para iniciar un Jury al Fiscal Jorge Martín Paolini, que intervino en la instrucción de la causa que debía investigar las responsabilidades penales de los distintos funcionarios públicos en la inundación de la ciudad de La Plata en abril de 2013.

Si bien todo el desempeño de Paolini fue cuestionado y combatido por las asambleas de inundados -que se formaron en diversos barrios de la ciudad para exigir justicia y cuyos miembros obraron en la causa como particulares damnificados- el detonante para reclamar su enjuiciamiento es la conclusión escandalosa del juicio que se llevó a cabo el 6 de marzo pasado, en el que por la muerte de al menos 89 personas y descomunales pérdidas materiales se condenó únicamente a un funcionario municipal de tercera línea y por una pena irrisoria: el director de defensa civil del municipio, Sergio Ariel Lezana, debió pagar una multa de $12.500 y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En un solo día comenzó y terminó uno de los juicios más importantes de la historia de la región, impidiendo que las víctimas sean escuchadas en función de evitar que demuestren la responsabilidad penal de los mayores responsables políticos (en primer lugar del entonces gobernador Daniel Scioli y el ex intendente K Pablo Bruera), por las implicancias que tendría en la causa anexa que todavía está en instrucción.

Ello fue la culminación de todo un entramado de impunidad que tuvo a Paolini como armador, a pesar de la incesante movilización de las asambleas -que entre otras cosas logró revertir el cierre de la causa que intentó el fiscal en 2015. La trama de encubrimiento consistió en absolver de todo cargo a la totalidad de los funcionarios a excepción de los directores provincial y municipal de defensa civil. Para ello, descarta todos los informes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y otros que advertían sobre el riesgo de inundación, la falta de obras de infraestructura hídrica a pesar de inundaciones previas, la negativa de las autoridades municipales a cumplir con la legislación que obligaba a armar cartas de riesgo, el vaciamiento de las áreas de defensa civil y la ausencia de todo plan de contingencia; todo ello es desestimado porque de al fin y al cabo la inundación se habría debido “pura y exclusivamente a una lluvia torrencial”.

Este bochorno fue concebido desde el vamos como un operativo para dejar inmune al poder político, al punto de que ni Scioli, ni Bruera, ni ningún funcionario de sus gabinetes, fueron siquiera citados a declarar, a pesar de que el propio informe de Paolini da cuenta de numerosas infracciones y del incumplimiento de los deberes que les correspondían. La absolución de los máximos responsables es una forma de blindar también al actual gobierno de Cambiemos de Vidal y el intendente Garro, y a los que vendrán, por los futuros desastres. Sin ir más lejos, en febrero de este año, apenas una semana después de que la gobernadora y el presidente Macri inauguren las obras hídricas en el Arroyo El Gato, la ciudad volvió a inundarse tras 20 minutos de lluvia fuerte.

Paolini, además de preservar a los responsables políticos, lo que hizo fue resguardar los intereses de los pulpos inmobiliarios que dominan la ciudad. Resulta que es justamente la exorbitante valorización especulativa del suelo, promovida desde el municipio en el Código de Ordenamiento Urbano, lo que llevó a los distintos organismos del Estado a abstenerse de confeccionar cartas de riesgo y planes de contingencia, para no pinchar la burbuja inmobiliaria. El gobierno provincial, a la par que avalaba esta política, negaba los fondos para emprender las obras necesarias que evitasen sucesos como el que vivió la región en 2 de abril de 2013.

El pueblo platense, que ganó las calles por decenas de miles para exigir el juicio y castigo a los responsables, vivió con enorme indignación la consumación de este operativo de impunidad. Con el compromiso que adoptamos desde un primer momento con las asambleas populares que proliferaron como respuesta a la desidia del Estado (con auto evacuaciones primero y organizando la gigantesca solidaridad después) como Partido Obrero pusimos a disposición la banca del FIT para reclamar a los bloques políticos que componen la Legislatura a iniciar un Jury al fiscal Paolini.