El asesinato del kiosquero en Ramos Mejía sumó un cruento capítulo a la novela de la inseguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires. El crimen de Sabo tuvo un enorme impacto político que sacude especialmente al gobierno municipal de Espinoza y al provincial de Kicillof en el último tramo de la campaña, cuando los crímenes en contexto de robos se multiplican en el conurbano bonaerense. Las movilizaciones de familiares de víctimas y vecinos denuncian en primera línea a los cabecillas del oficialismo, por lo que la cuestión del delito fue cínicamente recogida por la oposición a días de la contienda electoral.

Ramos Mejía se convirtió en un polvorín después del asesinato. Nutridas movilizaciones vecinales comenzaron a ganar las calles, siendo incluso reprimidas por la Policía Bonaerense, que es también apuntada como corresponsable del delito. El fracaso estridente de Berni como ministro de “Seguridad” se coronó con las balas de goma y los gases lacrimógenos a los vecinos, y sus justificaciones al operativo de represión en los medios.

Declaraciones van, declaraciones vienen

Estos sucesos fueron rápidamente levantados por la oposición derechista. Patricia Bullrich salió con los tapones de punta a criticar al gobierno por “gastar millones” en la campaña, mientras los patrulleros “se rompen”. Esta afirmación decanta, mientras Berni se pasea por los municipios entregando patrulleros, en aducir que hace falta reforzar todavía más a las fuerzas represivas. Larreta, por su parte, señala una “contradicción” en que los jóvenes de 16 años pueden votar pero no pueden ir presos. Por eso propone crear un “régimen especial” para poder imputabilizar a los menores de edad. Algo similar plantea el fascista Espert, aunque sin atenuantes ni resguardos: según él, hay que reducir la edad de imputabilidad a los 12 años y hacer de los delincuentes “un queso gruyere” (llenarlos de balazos).

Pero el asesinato del kiosquero no solo sacó a declarar a los voceros de la oposición derechista; también acicatea la interna del Frente de Todos, al turno en que Aníbal Fernández se desligó -una vez más- de Berni de forma pública. Si bien desestimó las acusaciones opositoras sobre la gravedad de la situación delictiva diciendo que “pasa en todo el mundo”, después deslizó una respuesta a la defensa acérrima del ministro provincial a la Bonaerense, basada en “las estadísticas”. Fernández dijo que “las estadísticas no importan mucho”, porque de por medio “hay una vida truncada”. Más cruces y fuego amigo para Berni, que prepara un seguro portazo del Frente de Todos luego de las elecciones.

Al delito lo organiza el Estado

Lo que es particularmente llamativo es que la derecha fogonea una agenda que ya es ejecutada por el ministro Berni al mando de la Bonaerense. Los cientos de casos de gatillo fácil durante la cuarentena son la viva expresión del resultado de atribuirle a las fuerzas represivas la potestad de hacer “queso gruyere” a los “delincuentes”. Que buena parte de las víctimas sean jóvenes, en varios casos menores de edad, atestigua hacia dónde decanta la política de criminalizar a la juventud con la baja de la edad de imputabilidad. El hecho de que las víctimas fatales de los mandos policíacos sean jóvenes de las barriadas más pobres, en casi todos los casos acusados de crímenes que nunca se probaron para justificar las balaceras, revela que el fin último de un reforzamiento del aparato represivo del Estado es ponerlo a disposición de perseguir, amedrentar, hostigar y hasta cobrarse la vida de pibes de las capas más empobrecidas de la población. La policía integra uno de los lugares más destacados de la cadena de mando del delito organizado.

El conurbano bonaerense es desde hace décadas una muestra de esta situación. Cuando Patricia Bullrich no era una opositora bolsonarista, sino la ministra de Seguridad nacional; y cuando el ministro bonaerense no era Berni, sino Ritondo, en la provincia se vivieron situaciones idénticas. Los que pagaban con sus vidas la brutalidad de la Bonaerense no eran quizás Lucas Verón o Facundo Castro, sino los pibes de la masacre de Monte. Pero nunca dejó de ser habitual tampoco el titular de jóvenes, en muchos casos menores de edad, asesinados brutalmente por las fuerzas policiales de todo el país. El caso de Facundo Ferreira en Tucumán es su ejemplo más crudo.

En aquel entonces también tuvieron lugar episodios que revelan el modus operandi del aparato represivo para entrelazarse con el delito. Los tiroteos entre Bonaerenses y Federales, bajo la gestión Ritondo, viene a dar cuenta de ello. Desde los años de la desaparición y asesinato de Luciano Arruga al tiroteo narco en Florencio Varela, el territorio bonaerense es un epicentro de las demostraciones de que detrás del delito está la policía, el poder judicial y también el poder político. Las exacerbaciones de la “justicia por mano propia” que levantan algunos sectores de liberalismo en la línea de los Bolsonaro o los Gómez Centurión no hacen otra cosa que revelar la misma podredumbre. Vale recordar entonces el caso del jubilado Jorge Ríos, que mató de un disparo a Franco Moreyra, quien había entrado a robar en su casa de Quilmes. Luego de ser defendido el “justiciero” por el propio Berni, trascendió que la víctima fatal era barrabrava; una red delictiva ligada por excelencia al poder político y al aparato del Estado.

El zorro no puede cuidar el gallinero

Los años pasan, igual que pasan los gobiernos por el poder. Bajo la órbita de todos ellos las fuerzas represivas sólo agudizan su descomposición y sus vínculos con el delito organizado, mientras se cobran cada vez más vidas en las barriadas populares (un muerto cada 21 horas, según el último informe de Correpi). Mientras el gobierno y la oposición derechista se trenzan en ver quién traerá la “solución” al problema de la inseguridad con más botas, balas y represión bajo el brazo, la cuestión del delito demanda una resolución urgente. Desde el Frente de Izquierda – Unidad decimos las cosas por su nombre: al delito lo organiza el Estado y sus fuerzas represivas. Es necesario abrir los libros de las comisarías al control popular, descabezar a las cúpulas policiales instigadoras del delito y desmantelar el aparato represivo estatal para sustituirlo por una fuerza ciudadana. En un mismo sentido, es imperioso avanzar hacia la elección y revocación de jueces y fiscales por votación popular.

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