La situación sanitaria como resultado de la pandemia por el Covid-19 ocupa el centro de la situación del país (y de gran parte del mundo). No es para menos.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, acaba de confirmar en un hilo de tweets que “el ritmo de crecimiento de casos en CABA y el resto del país en diciembre es mayor que el observado en el mes de junio. En la región metropolitana de Buenos Aires, los casos son similares a junio del 2020”.

Los diferentes especialistas no logran descifrar si Argentina sería víctima de la segunda ola o de un recrudecimiento de la primera. Lo cierto es que, a diferencia de lo sucedido en el hemisferio norte, el verano no apaciguó el ritmo de los contagios y estos están en pleno desarrollo.

En el hilo de tweets el ministro no dice una sola palabra de qué va a hacer el gobierno frente a esta situación, salvo recomendar cuidarse y solidaridad con los demás, hasta que llegue la vacuna.

El último decreto presidencial solo se limitó a sugerencias a pesar que el mismo fue el resultado de una reunión nacional con los gobernadores ante el crecimiento de los contagios. La idea de aplicar restricciones en la circulación de las personas (y con ella del virus), incluso limitadas, fue descartada. En el caso de las zonas turísticas las autoridades locales (intendentes y gobernadores) se hicieron eco de las quejas del empresariado ligado al negocio y congelaron cualquier medida en ese sentido. El resto de la actividad económica está liberada desde hace muchos meses y otros nunca tuvieron restricciones a pesar de no ser esenciales.

El gobierno entró así en una parálisis y apostó todo a la vacunación. Esta ofrece varios problemas que no han sido resueltos.

Un primer problema, global, es la producción de vacunas. Los requerimientos no pueden ser satisfechos con la actual estructuración del negocio. En el caso de Argentina, como otros países “emergentes”, aparece a la cola en el reparto: la producción es acaparada por los países “desarrollados”, EE.UU. y la UE. Al tema del acceso se agrega que la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa mostró la ausencia de una “logística” que permita proceder con rapidez en la vacunación: a 15 días de haberla comenzado solo se han usado 107.000 vacunas, un tercio de lo que llegó, a razón de unas 6.700 aplicaciones diarias aproximadamente. Para vacunar un millón de personas al mes se requiere quintuplicar esa cantidad.

Las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud nacional, Carla Vizzotti, de que había que proceder a aplicar solo una dosis para así vacunar más personas desataron una catarata de réplicas. Vizzotti no pudo mostrar una sola evidencia científica confiable que demuestre que con una sola dosis se logra un grado importante de inmunidad. Finalmente debió dar marcha atrás desautorizada por el propio AF.

Es importante tomar dimensión de la realidad sanitaria en la que nos encontramos. Estamos transitando por una delgada línea dónde la prevención, el cuidado y el acatamiento de las normas sanitarias son indispensables para evitar más restricciones.
Aquí dejo algunos datos:

— Gines González García (@ginesggarcia) January 13, 2021

El sistema de salud en la picota

En la medida en que el gobierno no sostiene las condiciones materiales necesarias para evitar la circulación y fortalecer el aislamiento, toda la presión recae sobre el sistema de salud, que se ha colocado en el centro de la situación.

Las declaraciones de Cristina de que se debía reestructurar el sistema de salud encendió la alarma en los operadores privados y en la burocracia sindical. Es que CFK planteó que había que administrar mejor los recursos, lo que implica una racionalización (achique) y concentración de la oferta. Eliminar a las obras sociales más chicas, así como redistribuir la oferta pública de salud. La CGT teme que le recorten el manejo de los fondos de las obras sociales, fondos que corresponden a los trabajadores que son quienes aportan. Lejos de llamar a una lucha para defenderlas la propuesta de la CGT es modificar la Prestación Médica Obligatoria y eliminar aquellas prestaciones menos redituables económicamente. La adaptación al ajuste, de los burócratas aliados del gobierno, es total.

Con su planteo la vicepresidenta reconoció la crisis del sistema y lo que propuso es un ajuste, no un incremento de los fondos para salud. De esto pueden dar cuenta los trabajadores de la salud que siguen reclamando y luchando por sus condiciones de trabajo y salariales. Ninguno de sus reclamos ha sido satisfecho. A los trabajadores del Garrahan, por citar solo un ejemplo, les dieron un 7% de aumento para todo 2020 y un 18% en cuotas en 2021.

Sobre llovido mojado

El fracaso de la cuarentena “estricta” en prevenir los contagios produjo un hartazgo en la población que los gobiernos utilizan como argumento para no promover nuevas restricciones que es la única medida posible para evitar la propagación de los contagios. Es que la cuarentena se decretó sin tomar las medidas que permitieran sostenerla, ni siquiera en un plazo más breve.

Por otro lado el gobierno hizo la vista gorda ante las violaciones reiteradas de los capitalistas que obligaban a trabajar a quienes no eran esenciales y para más sin aplicar protocolos de bioseguridad; eso solo sucedió donde los sindicatos se pusieron firmes como es el caso del Sutna (neumáticos). Esto también corrió para la prohibición de despidos, lo cuales crecieron a la par del parate económico, aumentando los mayores requerimientos de asistencia.

A esta situación se sumó la caída de los ingresos, con salarios perdidos, rebajados o congelados que llevaron a un aumento de la pobreza y la crisis de la vivienda. Los desalojos de quienes no pueden hacer frente a los alquileres (a pesar de un decreto que los prohíbe), el hacinamiento, la falta de infraestructura (¡agua!) en los barrios precarios empeoran la situación, sin que haya ninguna respuesta del Estado a excepción de enviar la represión a quienes buscaron tierra para vivir.

En síntesis, el gobierno puede argumentar que es una enfermedad de la cual se sabe poco, que otros países del mundo sufren un recrudecimiento, etc. pero lo que no puede sostener es que no tomó ni toma las medidas que puedan frenar los contagios.

Pandemia+ajuste

Entre salud y economía está claro que el gobierno y la oposición patronal están eligiendo la segunda. Por economía se debe entender que se privilegian los intereses capitalistas por sobre los generales. Por un lado tratando de sostener la producción sin las medidas de prevención necesarias, sumado a esto el avance sobre derechos de los trabajadores; por el otro, orientando todo el objetivo del gobierno a llegar a un acuerdo con los acreedores de la fraudulenta y usuraria deuda externa. Esta orientación implica un ajuste, es decir, la colocación de los fondos públicos como garantía.

Un hecho que pinta de cuerpo entero esta política es que mientras en 2020 los bancos recibieron $ 700.000 millones en concepto de pago de intereses por leliqs y pases, el Ministerio de Desarrollo Social gastó $ 220.000 millones (de los cuales 130 mil fueron para alimentos); para los tres IFE invirtió $ 275.000 millones. Ambos sumados dan menos de lo que cobraron los bancos por especular.

El gobierno mantuvo el retroceso del presupuesto de salud en plena pandemia y esto se vio claramente reflejado en el escaso número de testeos. Con el envión del último mes Argentina tiene el 11% de su población testeada, por debajo del Brasil de Bolsonaro y del Chile de Piñera, que la triplica.

El ajuste está en el centro de la escena junto a una inflación creciente, favorecida por la política del gobierno; una devaluación sostenida; el aumento de tarifas e impuestos en la mayoría de las provincias y municipios; y acuerdos salariales, donde los hubo, a la baja.

Por un programa de emergencia de los trabajadores

El carácter capitalista del gobierno es el principal responsable del crecimiento de los contagios. Alberto Fernández y CFK han colocado toda la mira en el acuerdo con el FMI, incluso no han aprovechado el debilitamiento del imperialismo norteamericano, primero con la rebelión popular y ahora con la crisis institucional, para frenar las pretensiones de los usureros. Lejos de esto acentuó su solidaridad, incluso cuando todo el mundo reconoce que las relaciones carnales entre Biden y BlackRock dificultarán las pretensiones argentinas.

Hay que imprimir otra orientación a la lucha contra la pandemia. En el terreno de la atención de la salud pasar a la centralización del sistema, bajo control de representantes electos de los propios trabajadores. Dar respuesta a los reclamos de sus trabajadores, en materia salarial y de condiciones de trabajo. Establecer protocolos de bioseguridad bajo control de los trabajadores en cada lugar de trabajo, en el transporte, y los comercios, para evitar los contagios.

Es necesaria una asistencia extraordinaria para poder sostener las medidas de restricción y cuarentenas que sean necesarias para cortar la propagación del virus. Ningún despido, apertura de libros de las empresas que cierren o despidan, garantía salarial a cargo del estado. Paritarias libres, seguro al desocupado de 30.000 pesos.

Este programa debe (y puede) ser financiado mediante el no pago de la deuda externa y el proyecto del Frente de Izquierda de impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.

Con este programa organicémonos en los lugares de trabajo y en los barrios en defensa de la salud.