En el conurbano bonaerense se avecina un 2023 con fuerte aumento de tasas municipales en varios distritos, afectando el bolsillo de los pobladores, mientras los empleados encargados de las tareas de barrido y limpieza continúan cobrando salarios miserables.

Por mencionar algunos ejemplos, en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández (FdT), se votó una suba de tasas de entre el 60% y el 100% para el año entrante. Se trata de la intendenta que protagonizó en octubre una represión brutal contra los trabajadores municipales que reclamaban contra el cierre unilateral y a la baja de su paritaria.

En Morón, las tasas aumentarán un 30% en enero, un 15% en marzo y habrá cláusula gatillo a partir de junio si la inflación supera ese 45% acumulado. Se trata de un distrito encabezado por el Frente de Todos, cuyo intendente, el sabbatelista Lucas Ghi, es recordado por haber desalojado en plena pandemia a vendedores ambulantes en la Plaza La Roche, dejando sin ingreso a esos trabajadores.

En Lomas de Zamora, distrito en el que Marina Lesci (FdT) asumió la intendencia en reemplazo de Martín Insaurralde -quien pasó a ser el Jefe de Gabinete de Kicillof-, el incremento en las tasas será del 60%. Municipio donde los trabajadores de Monitoreo han sufrido un recorte nominal de su salario en el 2020.

En Quilmes, donde gobierna la camporista Mayra Mendoza, las tasas podrían aumentar hasta un 85% en 2023. Allí salió a la luz cómo el Ejecutivo municipal tercerizaba tareas de mantenimiento, riego y limpieza en trabajadores cooperativistas precarizados, para ahorrarse la contratación de empleados con plenos derechos laborales.

En Avellaneda, gobernado por Jorge Ferraresi (FdT), el aumento llegará al 89%. Municipio en el cual el Concejo Deliberante acaba de votar un Presupuesto 2023 de ajuste, que contempla un aumento promedio de apenas el 5% para educación y salud y un incremento del 42% en la cantidad de trabajadores con contratos precarios.

En Tigre, donde Julio Zamora (PJ) ocupa el cargo de intendente, las tasas municipales ascenderán al 80%, mientras tanto, los residentes de barrios privados dejarán de pagar la tasa por el mantenimiento de la troncal de Nordelta y las tasas por la instalación de cabinas o garitas de seguridad; mostrando a todos luces quiénes son los beneficiados por la política municipal. Se trata de un distrito donde crece exponencialmente la especulación inmobiliaria en perjuicio de los barrios populares y proliferan las zonas liberadas para el narcotráfico y la trata de personas.

En La Plata, con Julio Garro como intendente (JxC), la suba será del 30% en enero y el resto de los meses habrá aumentos indexados a la inflación. En la capital bonaerense se votó recientemente un código represivo para criminalizar la protesta social en un cuadro de ajuste creciente.

Tanto en Ituzaingó (donde gobierna el PJ) como en Lanús (cuya intendencia está en manos de Juntos por el Cambio), las tasas se alzarán un 60%. En Lanús particularmente, tuvieron lugar en julio importantes jornadas de paro organizadas por los trabajadores municipales contra los descuentos salariales.

En Escobar (FdT) el aumento de tasas será del 55%. Allí, los auxiliares de Educación se vienen organizando de manera independiente a la burocracia sindical contra los salarios de hambre que impone el municipio.

En Florencio Varela (PJ), el aumento de tasas alcanzará el 70%. Se trata de un distrito donde el hostigamiento policial hacia los vendedores ambulantes es sistemático. A su vez, es el municipio que despidió a Paula Blanco, luego de que denunciara al proxeneta y exconcejal Daniel Zisuela, condenándola al desamparo más absoluto.

Hasta acá, un resumen de cómo los intendentes de los distintos colores políticos tienen en carpeta impuestazos sobre la población de los distritos, cuando la pobreza y la desocupación en el gran Buenos Aires supera la media nacional. En contraste, descargan un fuerte ajuste en materia de salud, vivienda, educación y salarios municipales. Sin ir más lejos, mientras desatan aumentos en las tasas de Servicios Generales y Seguridad e Higiene, el sueldo promedio de un barrendero ronda los $70.000, la mitad de la canasta de pobreza, y la mayoría se encuentra empleado bajo contratos precarios. Mientras tanto, los intendentes pueden ganar hasta 16 sueldos mínimos municipales, según la Ley Orgánica bonaerense.

Cabe destacar que los concejales del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires -Juan Romero en La Matanza, Flavia Tesone en Merlo, Lorena Pereira en Moreno, Sandra Becerra en Josá C. Paz, Daniel Heredia y Araceli Castillo en Pringles y Guillermo Kane en la Legislatura provincial- combatieron a fondo esa orientación y defendieron a capa y espada la agenda de los trabajadores, apelando siempre a la movilización popular fuera del recinto. En ese sentido, recientemente la banca del PO-FIT en La Matanza rechazó el Presupuesto 2023 de ajuste, con el acompañamiento de cientos de compañeros en las calles.

Debemos luchar en cada municipio por salarios equivalentes a la canasta familiar y para que la carga impositiva recaiga íntegramente sobre los capitalistas y no sobre los trabajadores. Vamos por un 2023 de desarrollo de la izquierda en los distritos para enfrentar a a los políticos capitalistas de ambos bandos de la “grieta”, que desde sus intendencias aplican tasazos  y medidas de ajuste contra los sectores populares, encuadrándose en la hoja de ruta del FMI.