Las declaraciones a las que nos tuvo acostumbrado el gobernador Juan Manzur fueron las mismas durante todo el año: “estamos trabajando para los tucumanos”,  “juntos vamos a salir de esta” o “todos tenemos que hacer un esfuerzo”. Con este tipo de afirmaciones, el gobernador trató de desviar la atención de lo que fue un nuevo año de ajuste para los trabajadores tucumanos. Las promesas de un mejor futuro quedaron en la nada.

A fines del año pasado el gobierno anunció que no pagaría las últimas cuotas de la cláusula gatillo a los empleados estatales. Téngase en cuenta que a esas alturas no existía ninguna pandemia para justificar el ajuste en marcha: simplemente les reducía el sueldo a los docentes, al personal de salud y a demás trabajadores del Estado.

Como habíamos dicho en su momento, las cuentas provinciales empezaron a crujir y el gobierno decidió ajustar por los trabajadores. En ese momento comenzó a despuntar un proceso de organización de distintos sectores, con movilizaciones de relativa importancia y autoconvocatorias de docentes, de médicos y de algunas dependencias estatales.  En este punto el gobierno reculó parcialmente y reintegró lo que le estaba quitando a los trabajadores. Pero lo concreto es que Manzur emprendió un ataque en regla, que sólo pudo ser contrarrestado cuando los trabajadores (ocupados y desocupados) se organizaron para salir a la calle.

Las burocracias sindicales brillaron por su ausencia durante todo el proceso de lucha, es más, son unas de las principales sostenedoras del gobierno. Convalidaron la ausencia de paritarias, en un año donde la inflación rondará un 40%: los estatales sólo recibieron algunas sumas fijas.

En las semanas que restan del año oficialismo y oposición aprobarán un “consensuado” presupuesto 2021, que les ayude a garantizar la “paz social”. En realidad contempla una inflación de un 29% cuando el propio Banco Central de la República Argentina estima un 50%, habilita erogaciones por $ 215.000 millones y ajustes en salud y en educación, mientras  aumentan los millonarios subsidios patronales y se refuerza el aparato represivo que dirige el “Berni” tucumano, Claudio Maley.

Resulta claro que el fracaso del gobierno lo lleva a profundizar su política de endeudamiento interno (llegarían $ 5.000 millones de la Nación en los próximos días para los salarios de diciembre) y se habla de unos $ 4.000 millones -aún sin fecha-, de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los supuestos de crecimiento y de reactivación basados en el impulso de la obra pública anticipan un tendal de nuevas licitaciones truchas y de negociados con sobreprecios, que se quedaran en empresas ligadas al poder político. Manzur depende de la frágil economía nacional, que se encuentra con la soga al cuello por el FMI.

Será importante durante el año que viene prestar atención a los procesos de autoconvocatorias que se desarrollaron en distintos niveles en todo el país: personal de la salud, docentes desocupados y ocupados, trabajadores temporarios de ramas industriales, cosecheros y demás se organizaron por fuera de sus sindicatos, mientras veían cómo las burocracias impedían todo proceso de lucha.

El salario de los trabajadores estatales quedó aún más relegado que el de los privados; en ese punto las convocatorias independientes pueden tener un mayor empuje. Las burocracias permitieron el salteo de las paritarias y la pérdida alevosa del poder de compra de los trabajadores. Un partido obrero debe alentar la organización de los trabajadores sin perder de vista la recuperación de los sindicatos como herramienta de lucha.

Será fundamental durante el año que viene la organización de un plan de lucha para arrancar un paro nacional y el reclamo a las organizaciones obreras, para que rompan con el gobierno y se sumen a enfrentar sus políticas de ajuste.

Lo que dejó la pandemia

La cantidad de casos de Covid-19 en Tucumán aumentaron en la misma medida en que se dispararon los contagios a nivel nacional. Lo que al comienzo de la cuarentena parecía ser un correcto manejo de una situación compleja se terminó demostrando como un nuevo fracaso del gobierno. Los más de 65.000 contagiados son prueba de que las invocaciones de Manzur para que la gente se quede en su casa no constituyen un plan serio para combatir ninguna pandemia.

En realidad desde la Casa de Gobierno nunca quisieron tomar las medidas necesarias para contener los contagios; es decir, cerrar los lugares de trabajo no imprescindibles, entregar subsidios como para que los trabajadores no necesiten salir de sus casas, fijar protocolos estrictos para lugares imprescindibles. Manzur nunca hizo nada de esto. Permitió a ingenios, a citrícolas, a textiles y a una larga lista de excepciones que trabajen como si nada sucediera, lo que precipitó la curva de contagios.

El personal de la salud fue el más afectado por esta política de dejar hacer de Manzur y de su ministra del área, Rossana Chahla. Más de 80 trabajadores de la salud entre médicos,  enfermeros y otros agentes sanitarios murieron a causa del coronavirus. La bronca en los hospitales es mayúscula; bono miserable de $ 5.000, ninguna paritaria, vacaciones recortadas y condiciones de trabajo deplorables llevaron a que la ministra de salud sea insultada durante sus recorridas por hospitales. Los trabajadores de la salud, que estuvieron en la primera línea de la lucha contra la pandemia, fueron los más ninguneados por este gobierno.

 

La justicia

El aparato judicial fue uno de los epicentros de la crisis provincial y de las peleas al interior del gobierno. La denuncia del juez Enrique Pedicone sobre el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán Daniel Leiva sacó a la luz lo que ya todos sospechábamos: que la mayoría de los jueces y fiscales responden al poder político de turno y que carecen de independencia.

En el caso Pedicone-Leiva-Ricardo Bussi quedó claro que la Justicia funciona como un foco de aprietes según las necesidades de Manzur y de los vaivenes de su interna con el vicegobernador, Ovaldo Jaldo.

Las preocupaciones hacia el interior del PJ por saldar cuentas con jueces y fiscales son inversamente proporcionales a las que tienen para proteger a las mujeres víctimas de femicidios o a los ciudadanos más pobres y, por lo tanto, con mayores problemas para acceder a la Justicia.

Dos casos que involucraron al Poder Judicial y a la Policía fueron referencia este año. El primero fue el de Abigail Riquel, abusada y asesinada ante la inacción de la Policía. Su padre fue muy contundente con sus declaraciones, luego de que denunció que la Policía no quiso buscar a su hija: “los pobres somos abandonados por el gobierno y por la Justicia”.

En la comisaría le contestaron que no tomarían la denuncia y que no harían absolutamente nada. Las palabras del padre de Abigail condensan el estado de abandono en el que se encuentra un sector de la población.

El mismo abandono sufrió Paola Tacacho luego de hacer 22 denuncias por acoso contra el que finalmente fue su femicida. El caso de Paola demostró nuevamente que en Tucumán la Justicia y la Policía no están para proteger a las mujeres, sino todo lo contrario: según recientes investigaciones el asesino accedió a datos de la víctima desde las mismas entrañas del Poder Judicial, donde su familia tenía frondosos contactos.

2021

La principal fortaleza de Manzur es su capacidad de contener a las masas empobrecidas de la provincia. El gobierno mostró a la clase capitalista local que maneja las burocracias sindicales, evitando cualquier tipo de irrupción generalizada e independiente de las masas trabajadoras. También demostró claramente que privilegia los negocios capitalistas. Incluso durante el momento más álgido de la pandemia la economía funcionó casi a pleno, a pesar de llegar a un punto cercano al colapso del sistema sanitario provincial.

El tamaño de las crisis provincial y nacional y la necesidad de ir a un mayor ajuste no dejará exento a Manzur de tener que lidiar contra choques y nuevas revueltas de los trabajadores tucumanos. Su capacidad de contención choca contra las necesidades de la clase obrera provincial. Las burocracias están desprestigiadas y sobreviven sólo ante a la falta de organización de los trabajadores.

El Polo Obrero y otras organizaciones ya dieron muestras claras de que están dispuestos a dar la pelea para romper con las trabas impuestas. El desafío del Partido Obrero y del Frente de Izquierda para el año que viene será colaborar a la organización independiente de los trabajadores con un programa obrero y socialista, que tenga como ejes principales un salario igual al costo de la canasta familiar, paritarias libres para trabajadores públicos y privados, 82% móvil,  trabajo genuino para todos los desocupados y la defensa incondicional de los derechos de la mujer y de la juventud trabajadora.