Políticas
18/1/2025
Investigación
¿Un gobierno produmping? El combo que agrava la crisis industrial
Dólar barato y apertura importadora agravan la ola de cierres y despidos.
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La ofensiva antiobrera no resuelve la competitividad.
La decisión del gobierno de bajar la tasa de devaluación mensual al 1%, que en los hechos implica acelerar la apreciación del peso frente al dólar, ya era una mayor desventaja para la industria criolla ante la competencia de las importaciones. Pero Caputo le sumó otra: anunció la flexibilización del régimen antidumping.
Las patronales industriales habían cerrado el año emitiendo alertas sobre el agravamiento de la recesión resultante de la caída del consumo, el encarecimiento del peso, la devaluación del real brasileño y la apertura importadora. Desde la Casa Rosada no fueron muy contemplativos; la respuesta fue: adaptarse o morir.
No es una simple patoteada. Entre noviembre 2023 y septiembre 2024 bajaron la persiana 11.931 empleadores y se perdieron más de 215.000 puestos de trabajo registrado. Al menos ocho multinacionales dejaron de operar en Argentina. Desde Industriales Pymes Argentinos alertan que en 2025 podrían desaparecer más de 25.000 pymes y 300.000 empleos. Empresas emblemáticas en sus localidades, como Dass o Dánica, acaban de anunciar el cierre de sus plantas en Coronel Suárez y Llavallol, respectivamente.
Donde no hay cierre, hay ajuste. Según una encuesta, el 60% de los sindicatos industriales reportó despidos en el último trimestre y un tercio denunció atrasos en el pago de salarios. Además, el 82% dijo que hubo recortes en las horas extras y el 72% sufrió suspensiones, licencias o adelanto de vacaciones (Ámbito Financiero, 24/12/24).
Las últimas disposiciones oficiales subieron la tensión. La medidas antidumping son un resguardo de los países para proteger a empresas locales ante la «competencia desleal» de fabricantes extranjeros que vendan sus mercancías a bajo precio para desplazar a sus rivales. Pero Caputo dijo que eso «evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria», señalando que por esa vía estaba casi bloqueada hace décadas la importación desde bicicletas a electrodomésticos. Por eso redujeron a tres años la vigencia de esas medidas y eliminaron la posibilidad de prórrogas ilimitadas (solo podrán renovarse una vez, por dos años).
No hay muchas dudas de quién se beneficia con eso. De las 94 medidas antidumping vigentes en la actualidad 50 son contra China. Es un guiño al gigante asiático en momentos en que potencias como Estados Unidos y la Unión Europea están fijando aranceles para frenar las exportaciones chinas. Pekín viene de anunciar que en 2024 tuvo el mayor superávit comercial de la historia, cercano a un billón de dólares, y ahora devalúa el yuan para hacer frente a la guerra comercial de Trump.
Heavy metal
Efectivamente, junto con la fuerte depreciación del real, la entrada de importaciones provenientes de China es uno de los principales puntos que acusaron los industriales para implementar paradas en las fábricas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos. Un caso emblemático es el del acero, cuando la industria metalúrgica registró en 2024 una caída de 12,1% según los datos de la cámara patronal Adimra.
Los gigantes siderúrgicos venían advirtiendo sobre el combo fatal de menor demanda de la construcción y la industria, dólar barato y apertura de importaciones. En Ternium Siderar, la planta laminadora de Techint en San Nicolás, diciembre cerró con una producción de 125.000 toneladas cuando el promedio mensual es de 180.000, según la seccional de la UOM. Acindar, que forma parte del grupo indio ArcelorMittal -mayor fabricante de acero del mundo-, viene de 700 suspensiones y adelantamiento de vacaciones por una nueva parada en su planta de General Savio, tras concluir 2024 con una producción de 600.000 toneladas contra el millón que producía «en un año normal tirando a bajo», en palabras de sus gerentes.
Si este es el cuadro de los gigantes del rubro, no hace falta agregar que peor es el panorama de los talleres chicos o medianos que componen la gran mayoría de los empleadores. Ahora la mendocina Ferroglobe anunció que suspende sus operaciones desde febrero y hasta nuevo aviso. Un agravante son los tarifazos, que revirtieron buena parte de los menores costos relativos en una rama electrointensiva.
Pero los reclamos de Paolo Rocca al gobierno para que «nivele la cancha» frente a la competencia de acero de China y Brasil no tuvieron el efecto esperado. A contramano, el primer decreto de Sturzenegger de 2025 habilitó la exportación de chatarra, que es un insumo clave en la producción de acero laminado y ahora va a pasar a alinearse con el valor internacional. Para la fabricación local deriva en un aumento del precio de la materia prima, porque va a tener que importar hierro y carbón, mientras que la chatarra criolla ahora va a abaratar los costos de China.
Estamos ante una orientación de desmantelamiento productivo en beneficio de las casas comerciales exportadoras. En el rubro son muy pocos los que están en condiciones de exportar chatarra y las malas lenguas señalan que uno de ellos es la firma E-Scarp, para la cual hacía consultorías el actual titular de la Dirección Nacional de Residuos, Gustavo Protomastro (Perfil, 1/1). Se profundiza así la desinversión industrial: Rocca acaba de concentrar sus inversiones bastante lejos, en su planta siderúrgica en Nuevo León en el norte de México.
Va de suyo que los platos rotos los pagan los trabajadores, no solo con despidos. Mientras la Secretaría de Trabajo no homologa el ya pobre acuerdo paritario metalúrgico, en el sector siderúrgico sigue trabada la negociación porque las empresas llevan medio año sin moverse del 2% mensual. Una pauta alineada con el crawling peg para evitar que se encarezcan los salarios medidos en dólares. Tienen a su favor la entregada de la UOM que archivó todo plan de lucha después de los paros progresivos, que fueron de alto cumplimiento y movilización, cuando se planteaba la cuestión de la huelga general.
Es que la reforma laboral que impulsan los capitalistas y el gobierno como vía para reducir costos es literalmente criminal. El 24 de diciembre murieron dos operarios al estallar una cubierta de gran porte en Tenaris Siderca de Campana, y el sindicato denuncia que contabilizó en 2024 cinco fallecimientos por siniestros laborales solo entre Tenaris y Ternium, del grupo Techint.
Argentina for export
La crisis abarca a varios sectores importantes de la industria. La fuerte caída del consumo por el menor poder adquisitivo de los salarios está reconfigurando el parque productivo con negocios apuntados a la exportación y mayor concentración empresaria.
Bridgestone, el mayor fabricante mundial de neumáticos, anuncia 290 nuevos despidos con más flexibilización laboral y rebaja de adicionales, en una industria que ya se cobró 1.200 bajas en poco más de un año (casi la tercera parte de los obreros del sector). Mientras aduce crisis, la multinacional japonesa hace negocios importando sus propias cubiertas de Brasil u otros países.
Las automotrices tuvieron el año pasado una producción 17,1% menor a la de 2023. Las ventas a las concesionarias no cayeron, pero se colocaron 26,9% menos de vehículos nacionales, según la cámara Adefa. Tienen expectativas de incrementar la actividad en 2025, pero sobre la base de abaratar costos a fuerza de superexplotación laboral: Toyota tiene previsto un repunte en unidades fabricadas, pero con 180 operarios menos.
Lo mismo ocurre en ramas más ligadas al consumo masivo. 2025 arrancó con tres casos de despidos masivos en frigoríficos, de los cuales el más resonante es el del Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe. Según Cicra, la cámara del sector, el consumo interno retrocedió 9% el año pasado respecto de 2023, en una comparación con niveles que ya estaban en un piso histórico -hay que retroceder más de cien años para encontrar índices tan bajos. Como contrapartida, las exportaciones de carne vacuna fueron récord, con un aumento de 9,8% interanual, y ya equivalen al 29,5% de la producción total (proporción que duplica el promedio de una década atrás). Aún así, la apreciación del peso también aprieta y advierten que hoy el novillo argentino de exportación se transformó en el más caro del Mercosur, muy por encima del de Brasil y Uruguay.
Panorama similar vemos en las molineras. El grupo Pérez Companc afirma que va a concentrar sus apuestas en Molinos Agro, la pata que se dedica a la exportación de derivados de soja y cereales, y hasta en explorar una diversificación en otros rubros -volvieron al mundo del petróleo. Eso ante la menor rentabilidad de Molinos Río de la Plata, que contiene las principales marcas del país en cuanto a arroz, harinas, pastas y panificados (Gallo, Blancaflor, Matarazzo, Luchetti, La Salteña, entre muchas otras).
Como sea, ahí los interrogantes se plantean en la caída de cotización internacional de la soja. La tendencia puede seguir a la baja si con Trump se endurecen las tasas de interés (lo que influye negativamente sobre las commodities) y si China -que compra cerca del 90% del poroto de soja argentino- sigue devaluando el yuan. El aspecto interno también juega: en el campo dicen que el rendimiento promedio del este cultivo está estancado desde hace 20 años respecto a competidores como Brasil y Estados Unidos. La sequía podría ser una complicación adicional, en el sector que es el principal generador de divisas del país.
El capital agrario va subiendo de tono sus reclamos por una rebaja de las retenciones o alguna «corrección cambiaria», aunque sea solo para ellos; resulta que el blend exportador ya no ofrece grandes ganancias por el achatamiento de la brecha cambiaria, aunque sí implicó una pérdida de 12.000 millones de dólares de la oferta de divisas en el mercado oficial. En el gobierno no se muestran muy permeables a resignar recaudación ni dólares. El default de Los Grobo echa leña al fuego, y vuelve a mostrar la dependencia de los productores ante los acopiadores y sus maniobras financieras.
La ofensiva antiobrera no resuelve la competitividad
La crisis industrial y las presiones patronales contra el dólar barato ponen sobre la mesa, junto con la desidia del gobierno, el parasitismo de los capitalistas argentinos. No es mentira que durante las últimas décadas basaron su competitividad en la constante devaluación de la moneda, mientras primaba la desinversión y la fuga de capitales.
Los analistas estiman que en Argentina las inversiones llevan décadas estancadas en niveles promedio de 18% inversión/PBI, cuando para mejorar la productividad se calcula como mínimo una proporción de entre 25% y 30% del PBI (El Cronista, 7/1). Por eso cada vez que hablan de productividad los capitalistas apuntan únicamente contra el «costo laboral», buscando incrementar la rentabilidad por la vía de abaratar salarios y barrer con los convenios colectivos de trabajo. Es el motivo de la decadencia económica del país.
Este es el trasfondo de por qué la política de Milei de eliminación de medidas proteccionistas y la apreciación del peso está forzando el desmantelamiento de ramas enteras y una mayor concentración capitalista. El impacto lo sufrimos en primer lugar los trabajadores.
Según releva Cepa, el 99,5% de los cierres de empresas se dio en las que tienen plantillas menores a 500 empleados. Esto importa porque las pymes abarcan el 64% del empleo registrado, mientras que las grandes compañías emplean solo al 7% aunque representen la cuarta parte de todo el valor bruto de producción nacional (según la encuesta del Indec a las 500 mayores empresas en 2023). Los índices oficiales refutan los mitos patronales sobre la reforma laboral y la presión impositiva: medido contra el valor bruto producido, estos peces gordos mejoraron en los últimos años su margen de ganancia (9% en 2023 vs 7,2% promedio desde 2012), achicaron el costo laboral (13,6% vs promedio de 14,3%) y pagaron menos impuestos (7,7% en 2023 vs promedio de 10,7%).
Así las cosas, la ofensiva antiobrera del gobierno y las patronales no resuelve el problema de la competitividad de la industria argentina. Podrá mejorar la rentabilidad de sectores capitalistas concentrados, pero en todos los casos a costa de un retroceso significativo tanto del nivel de vida de las familias trabajadores como de la capacidad productiva del país.
La evolución de esta situación va a marcar el pulso de la configuración política «libertaria». Es que en la medida en que aparece como un vehículo para imponer una derrota estratégica a los trabajadores (incluido un cambio del régimen político), se refuerza el carácter bonapartista del gobierno. Pero en cuanto implica una reorganización económica que liquida un sector del capital puede derivar en crisis y choques dentro de la burguesía contra una camarilla que gobierna como agente del capital financiero internacional.
Solo la clase obrera puede defender un interés verdaderamente nacional, a costa del capital criollo y extranjero.