La causa judicial contra el cura Raúl Sidders ha dado sus primeros pasos. El sacerdote fue denunciado por abuso sexual a una alumna del colegio San Vicente de Paul de La Plata, en el que oficiaba como capellán. A partir del pedido de los abogados patrocinantes de “Rocío”, la denunciante, el fiscal interviniente, Alvaro Garganta, fijó fecha de audiencia para el 15 de septiembre para tomarle testimonio.

“Rocío” sufrió acoso por parte del cura desde los 11 años y luego padeció situaciones de abuso. Fue a partir de la publicación de otros testimonios sobre el accionar de Sidders, que lo acusaban por su intento de influir en la vida sexual de los alumnos y por el trato denigrante hacia mujeres y homosexuales, que la joven dio el paso de radicar su denuncia penal en sede judicial.

El fiscal también hizo lugar rápidamente a la solicitud de prohibir la salida del país a Sidders, aceptando el planteo de que existe riesgo cierto de fuga, siendo que se encuentra sin función alguna en la ciudad misionera de Puerto Iguazú.

Al respecto, Juan Pablo Gallego, quien se incorporó como co-patrocinante en la causa que llevan adelante las abogadas de Apel, sostuvo que “la rápida reacción del fiscal Garganta al reciente pedido que efectuamos desde la querella puso al descubierto el errático rumbo seguido por el arzobispo Víctor Manuel Fernández, quien se apresuró a sustraer a Sidders de la jurisdicción de La Plata. Queda claro que ninguna necesidad de índole eclesiástica requería de los servicios del imputado en la Triple Frontera, y que su ubicación allí solo podía conducir a la frustración de la investigación penal que se le sigue en La Plata. Lo hoy dispuesto por el fiscal Garganta comienza a ordenar las cosas y a echar luz sobre el traslado que no fue”.

El funcionario judicial accedió también a un tercer pedido de los abogados de la denunciante, al cursar una solicitud al Arzobispado de La Plata para que remita “copia certificada del legajo eclesiástico de Raúl A. Sidders, toda información o recomendación que se hubiese dado a su respecto y las actuaciones que eventualmente se hayan labrado con motivo de esta denuncia”. Es un golpe al operativo de encubrimiento que, desde que se hicieran públicas las acusaciones, desplegó el arzobispo “Tucho” Fernández y las autoridades del colegio, que descartaron la veracidad de los testimonios y hasta llegó a enviar una carta documento amenazando a Prensa Obrera de iniciar acciones legales en su contra. Al operativo se sumó luego el Obispado de Puerto Iguazú, que emitió un comunicado para calificar como “fake news” las acusaciones contra Sidders.

A la par, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, presentó en el Congreso un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad de la Nación, para que dé cuenta de la situación de revista del cura, ya que fuera capellán de Gendarmería en el pasado y, según trascendió, esperaría ahora un nuevo nombramiento en la fuerza, en el Escuadrón XIII de Iguazú.

Juan Pablo Gallego se incorporó como co-patrocinante en la causa

Con el refuerzo del equipo de patrocinantes de “Rocío”, a partir de la sumatoria de un abogado de reconocimiento internacional y con las primeras medidas dictaminadas por el fiscal haciendo lugar al pedido de la víctima, se pone en marcha la causa judicial. Esto luego de la enorme repercusión que cobraran las denuncias públicas contra Sidders y de que la comunidad educativa del San Vicente de Paul se organizara para reclamar que se investigue su accionar y se lo separe de sus funciones, tanto públicas como eclesiásticas, lo cual se plasmó en una carta abierta firmada por unos 100 alumnos, exalumnos, familiares y docentes del colegio.

Con estos avances, se refuerza la lucha para que se haga justicia y quebrar definitivamente el operativo de encubrimiento.