En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández evidenció una orientación general de profundización de la depredación ambiental en el país, encubierto detrás de supuestos planes “verdes”.

En términos generales, manifestó un compromiso con el Acuerdo de París de mitigación del cambio climático. Pero este es incumplido de punto a punta por todas las mayores economías del mundo, según debió reconocer la propia ONU. De hecho, en el discurso el presidente manifestó la ambición oficial de incrementar la producción gasífera y petrolera en Vaca Muerta -para lo cual prometió una nueva ley de hidrocarburos de beneficios a las petroleras-, la cual también llevaría a nuestro país a incumplir las metas establecidas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, el Acuerdo de París es una lavada de cara del imperialismo, que monta cumbres por el clima mientras prosigue el saqueo de las naciones oprimidas y la guerra comercial frustra cualquier tipo de pacto productivo sustentable.

Luego anunció “el despliegue de un plan nacional para la erradicación de los basurales a cielo abierto” y de un “plan de ciudades sustentables”. Esto cuando desde 2004 existe una ley nacional (25.916) que fija lineamientos bastante rigurosos para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos, que no se cumple porque los municipios se ocupan de la recolección en las zonas residenciales y luego disponen gran parte de los residuos en basurales clandestinos. También comentó la conveniencia de mejorar las condiciones laborales de los recuperadores, a sabiendas de que finalmente depende de los intendentes -que sostienen la precarización. Los más de 1.200 municipios del país son, por lo demás, un universo inabarcable para un Ministerio de Ambiente carente de presupuesto.

El presidente también se jactó: “Consensuamos con todas las provincias mecanismos de gestión que permitan movilizar los recursos económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”. Pero la Ley de Bosques (26.331) establece que estas partidas “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior”; ítems que sumados deberían totalizar por lo menos de 30.000 millones de pesos, mientras que el gobierno solo asignó una partida de apenas 1.212 millones de pesos (www.bichosdecampo.com).

Los gobernadores, a su vez, tampoco respetan los inventarios y sistemáticamente modifican el ordenamiento territorial para pasar tierras de la categoría roja (imposibilidad de deforestar) a amarilla o verde, sin siquiera hacer audiencias publicas ni estudios de impacto ambiental. Los últimos años se registró un récord de tala de árboles, sobre todo en las provincias del Norte y en Córdoba.

En esta misma tónica de promoción de los desmontes, Alberto Fernández expresó que buscará una “solución de los problemas regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en zonas distintas del país” ¿Pretende modificar  la Ley de Bosques o la Ley de Extranjerización de la Tierra (26.737)? (las únicas leyes que ejercen restricción al dominio). Por lo pronto, desde 2018 que no se crea ningún parque nacional ni reserva natural. Lo cierto es que el discurso augura que seguiremos viendo las topadoras y los incendios forestales arrasando zonas enteras.

Lo que volvió a dejar claro la apertura de sesiones es que la política económica del gobierno está basada en la exportación de commodities, y su correspondiente ingreso de divisas para cumplir con el repago de la deuda a los bonistas y el FMI. Para ello anunció la creación de regímenes especiales de incentivos al complejo agropecuario, a los pulpos de Vaca Muerta y la explotación en megaminería metalífera.

Fernández destacó el diálogo con el Consejo Agroindustrial, con el cual se diseña un sistema de exenciones impositivas, amortización acelerada y créditos con tasas subsidiadas para incrementar la producción sojera. Es evidente por qué la preocupación por seguir avanzando en la frontera agrícola, fomentando el monocultivo y los agrotóxicos. Es lo que evidenció la habilitación del trigo transgénico HB4, rechazado por la comunidad científica.

El presidente anunció además el debate de un nuevo Acuerdo Federal Minero, para estimular al sector. Esto cuando se libra una batalla decisiva por el intento de entregar la provincia de Chubut a la Panamerican Silver, lo que es resistido por el pueblo de la provincia como antes sucedió en Mendoza contra la “ley cianuro”. La cuestión debe alertar a todo el movimiento ambiental, no solo porque respalda el lobby megaminero sino también porque tras la baja de un tercio de las retenciones a la exportación ahora se cocina una rebaja de las magras regalías mineras.

La promesa de una nueva ley de hidrocarburos para fomentar el fracking en la cuenca neuquina, donde los pulpos ya facturan subsidios millonarios en dólares en el marco del Plan Gas, suma otro capítulo clave en la depredación ambiental del país, que no conlleva desarrollo nacional alguno. La petroleras, que contaron con un esquema favorable de retenciones y gozaron del barril criollo cuando cayeron los precios internacionales del crudo, exigen un esquema que permita girar sus dividendo al exterior birlando el cepo cambiario -tal como establecía el leonino pacto secreto YPF-Chevron.

Lo dicho retrata a todo un régimen de depredación ambiental que es parte inherente de todo el régimen de saqueo del país. Vale mencionar por ello que mientras Alberto Fernández habla de una “federalización” de la Hidrovía Paraná-Paraguay, se comprometió a mantener privatizada la ruta por donde salen el 80% de estas exportaciones, con la consecuente fuga de divisas por subfacturación de las ventas, sobrefacturación de importaciones y contrabando.

La “argentina ambientalmente sustentable” es incompatible con esta entrega, y con el rumbo fondomonetarista del gobierno. El movimiento ambiental debe rechazar la cobertura de la depredación con discursos “verdes”, y reforzar la organización independiente del Estado para enfrentar al régimen de los depredadores.