Este 22 de agosto se cumple un nuevo aniversario, el número 50, del fusilamiento de 19 militantes conocido como la Masacre de Trelew. En tal ocasión la dictadura de Lanusse asesinó a 16 integrantes de Montoneros, el ERP y las FAR en la base aeronaval Almirante Zar de la ciudad chubutense, habiendo solamente tres que lograron sobrevivir. Desde entonces a esta parte, los masacradores han gozado de una vida de impunidad que les garantizaron todos los gobiernos democráticos posteriores, comenzando por Perón en su tercer gobierno, que tildaba a los militantes asesinados de “jóvenes adinerados” que actuaban bajo un “fatalismo biológico” propio de la juventud, sin tomar cartas contra la dictadura gorila que les arrebató la vida.

El acontecimiento se dio en el marco del período abierto por el Cordobazo, que fogoneó enormes rebeliones y levantamientos en el país como en Santa Fé, Mendoza, Tucumán, Salta, Corrientes, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Buenos Aires y, claro, Chubut. El fusilamiento en Trelew fue bajo los términos del terrorismo de Estado, sin ningún juzgamiento legal ni proceso previo. Iba prefigurando lo que empezaría a generalizar Perón con la Triple A, las bandadas parapoliciales y los grupos de tareas, y que tendría su máxima cosolidación con la sangrienta dictadura militar de 1976 para liquidar a la vanguardia militante de los obreros y los estudiantes.

En el día de los acontecimientos, Política Obrera, predecesor del Partido Obrero, escribió unas líneas desde su órgano de prensa, que llevaba el mismo nombre (y que fue a su turno la predecesora de este portal). Allí señalamos que nuestras advertencias sobre la creciente fascistización de la dictadura quedaban expresamente comprobadas, y denunciamos con nombre y apellido la colaboración de la CGT para desmovilizar al movimiento obrero y dejarlo estéril frente a las atrocidades de la “barbarie gorila”. Contra la pasividad de las centrales obreras, levantamos el planteo del paro activo nacional y un acto de masas por la liberación de los presos políticos, el fin del estado de sitio, la derogación de las leyes represivas y de las proscripciones a la izquierda. Una intervención consciente del movimiento obrero para derrotar a los golpistas.

Ni a la salida de la dictadura militar de 1976 los gobiernos consiguientes (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, los Kirchner, Macri y los Fernández) tuvieron empeño en abrir los archivos del Estado y escarbar en su gestación. Incluso se produjeron desapariciones posteriores, como el caso de Elvio Ángel Bel en 1976, integrante de los comités de solidaridad con los presos políticos de Trelew. Uno de los responsables, quien fuera entonces un alto mando policial, Tito Nichols, fue concejal del PJ desde 1999 hasta 2003, y fue elogiado públicamente en un acto de la policía chubutense del que participó en 2019 por el entonces Ministro de Seguridad provincial, el facho Federico Massoni.

Sobre él recayó luego una condena formal, pero tal cual pasó con varios de los masacradores, la sentencia llega cuando muchos de ellos están en la antesala de su muerte. Nichols falleció cuatro meses después de ser declarado culpable. Esto les permitió a los asesinos ensayar nuevas maniobras de impunidad (varios ¡resultaron absueltos! alegando problemas de salud). Pero en tanto algunos no gozaban de sentencia firme, pudieron seguir eludiendo la reclusión en la que tendrían que haber pasado sus días desde hace décadas. Pero es solo una cara de la moneda. El aparato represivo y conspiracional del Estado que actuó en aquel operativo nunca fue puesto bajo la lupa. Tanto es así que los nombres de los acusados por los delitos de lesa humanidad fueron aportados por la propia Marina en 2002 repitiendo el mismo argumento de los masacradores, que “actuaron en defensa propia”.

A 50 años de la Masacre de Trelew, la impunidad de todo el andamiaje estatal que conjuró aquellos asesinatos sigue impune. Se enquista en su propia naturaleza, siendo aquel episodio el recurso más cruento de la dictadura lanussista para intentar aplastar la oleada de rebeliones y enormes luchas que prendieron tras el Cordobazo, pero que fue el objetivo de todo un régimen político que colaboró e hizo silencio frente a sus tropelías. No habrá justicia hasta que no se abran todos los archivos del Estado bajo las dictaduras y se proceda a desmantelar todo el aparato represivo y de inteligencia al que incluso los gobiernos de las últimas décadas le echaron mano en democracia para perseguir, amedrentar, condenar e incluso asesinar a los luchadores.