Daniel Solano fue desaparecido el 5 de noviembre del 2011 en Choele Choel, provincia de Río Negro, antes y luego de ser asesinado por policías. A 10 años, el cuerpo sigue sin aparecer y los siete policías condenados a perpetua hace 3 años se encuentran libres. Daniel pertenece a la comunidad guaraní Misión Cherenta y había llegado de su ciudad natal, Tartagal, provincia de Salta, a trabajar en la cosecha del valle medio, en la ciudad de Lamarque, para la multinacional Expofrut a través de la tercerizadora Agro Cosecha, propiedad de los hermanos Lapenta. Descubrió una estafa laboral y organizó el reclamo, por los derechos de todos y todas sus compañeras, y lo desaparecieron.

Desde aquel 5 de noviembre, algunos de quienes continuamos su lucha reclamando verdad y justicia señalamos la complicidad del Estado y, por lo tanto, de quienes gobernaban en aquel entonces, que son quienes gobiernan hoy tanto en el país como en la provincia. Por un lado los “nacionales y populares” del Frente de Todos, por aquel entonces Frente para la Victoria, “defensores de los derechos humanos”, y por otro los que dicen ser defensores de los rionegrinos, es decir Juntos Somos Río Negro. Ambos partidos han sostenido la impunidad de lo que señalamos desde el primer momento como un crimen contra la clase trabajadora.

La trata y la tercerización: pilares en la rentabilidad de la patronal frutícola

La rentabilidad de la producción frutícola es mucho más que los millones de dólares que se embolsilla la patronal frutícola producto de la eliminación de retenciones, el control del puerto de exportación y la comercialización de las toneladas de fruta que producen los y las trabajadoras rurales. Como lo confesó el propio secretario general de Uatre nacional, José Voytenco, los y las trabajadoras generan los dólares y la riqueza del país, pero se la llevan la deuda, la patronal y el Estado. Lo que nunca se dice es que mucha de la riqueza patronal se hace gracias a un régimen de trata y tercerización y precarización laboral extrema, todo sostenido por todo el aparato estatal.

La trata de personas, la explotación y la tercerización laboral que se ejecuta sobre todos los y las trabajadoras rurales en su conjunto, y particularmente sobre los mas de 60.000 golondrinas que llegan al valle todos los años “abarata” los costos laborales, y genera ganancias puras. Desde ser transportados como animales hasta hacinamientos y falta de servicios básicos durante su estadía, como comida y agua. Debemos sumar las jornadas laborales extenuantes y salarios en negro (evaden impuestos y aportes) y mucho menores que los estipulados por ley. En el caso de las mujeres esta situación se profundiza. Esto quedó evidenciado como nunca en los dos años de pandemia.

Daniel, en este sentido, organizó un reclamo por sus derechos laborales y los de miles de trabajadores golondrinas, y así denunció todo el sistema de explotación laboral capitalista, todo un régimen que se sostiene día a día y gobierno tras gobierno. Por supuesto que no podría existir un sistema de trata estatal-privado tan aceitado sin la complicidad de diferentes sectores.

La policía y la justicia

En toda esta trama la policía rionegrina y la justicia aparecen como un sostén primordial en toda la cadena. El juicio del caso Solano evidenció como nunca, detalle por detalle, cada momento de la trata y la explotación laboral y la función de la policía, que protegen y ocultan toda la situación. Recordemos que la policía custodiaba el pago de miles de golondrinas en las oficinas de Expofrut en Lamarque, ante la presencia de los hermanos Lapenta, la tercerizadora.

Nosotros agregamos que en realidad su función como parte del aparato represivo del Estado comienza mucho antes, cuando dejan correr la trata, que recorre miles de kilómetros, y los colectivos que transportan trabajadores/as y en infinidad de oportunidades algún tipo de estupefacientes. De hecho, gracias al gran trabajo de los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia, quienes comprobaron todo, la causa tiene decenas de otras denuncias surgidas del asesinato y desaparición de Daniel, pero la justicia no ha movido un solo papel. No extraña entonces que ante esta justicia y estos gobiernos, luego de sentenciar a perpetua a los 7 policías, sigan libres.

El 1 de agosto de 2018 finalizó el juicio contra los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel, Diego Vicente Cuello y Héctor César Martínez, condenados a perpetua. Aún siguen libres.

La función policial es la de asesinar y desaparecer, y la justicia desviar y cuando se la llama, garantizar la impunidad. Nada se sabe al día de hoy que hicieron los 7 policías con el cuerpo de Daniel, y la justicia nunca lo buscó. El pacto de silencio es tal que no puede dejar de pensarse que detrás de la desaparición del cuerpo de Daniel tenemos la defensa incondicional de la policía, de la justicia, de la burocracia y el poder político del negociado de la patronal frutícola, y la rentabilidad que esta genera de la trata y la tercerización laboral.

Recordemos que los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín pasado el mediodía de aquel miércoles 1 de agosto, a un año de la desaparición de Santiago Maldonado, pronunciaron las palabras luego de siete años de lucha: “Prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad”. Los 7 policías siguen libres y cobrando, sostenidos y amparados por todo el régimen.

Uatre

Un párrafo merece la burocratizada dirección de Uatre, a nivel nacional, pero principalmente a nivel regional. Las sucesivas direcciones se han encargado de taponear los reclamos de los y las rurales ante los atropellos patronales, y garantizan la primera contención. La dirección de este sindicato no desconoce, sino que articula interprovincialmente el traslado, su estadía y en que condiciones.

Las sucesivas direcciones sindicales de Uatre han intentado además tapar el caso de Daniel Solano, y poco se ha dicho del papel que jugó en su desaparición, y en la continuidad de todo este sistema. Dichas burocracias se han beneficiado, porque gozan de las millonarias cifras que manejan por las obras sociales, y privilegios como el 40% por zona, cuando los y las trabajadoras no la cobran, y el manejo del Programa Interzafra. Además se sabe cada vez más que muchos secretarios generales son dueños de cooperativas que funcionan como tercerizadoras, como hace 10 años.

Hay que mencionar que las relaciones de las burocracias con la patronal, como también con la justicia, la policía, el poder político y los “empresarios de la noche”, como ocurre con “tonelada” García, dueño del boliche Macuba, de donde se llevaron a Daniel, han quedado sobre la mesa. A la par del caso surgieron un sinfín de denuncias  durante toda esta década, que se encuentran cajoneadas, que descubrieron con pruebas que mostraron en el juicio. Lo hemos venido diciendo en nuestra prensa desde hace tiempo.

A dónde van los desaparecidos

“A dónde van los desaparecidos, buscan en aguas y los matorrales”, describe un verso de la canción Desapariciones, de Rubén Blades, popular en todo el continente, reversionada por Los Fabulosos Cadillac y Maná, que principalmente habla de los y las desaparecidos. El caso de Daniel Solano ha dejado claro lo que es la preparación, organización y ejecución de una desaparición forzada de personas, y del paso siguiente para que la víctima se mantenga siempre desaparecida. Los desaparecidos, como muestra la masividad del tema de Blades, ha ocurrido en toda Latinoamérica, en este país y en esta provincia.

Lo vemos en los 30.000 detenidos-desaparecidos, en Daniel, Julio López, Otoño Uriarte y Esteban Machuca. Tres de estos casos han ocurrido en Río Negro.

Exigimos cárcel ya para los 7 policías. Juicio y castigo a los demás responsables del asesinato y desaparición forzada de Daniel Solano. Entréguennos el cuerpo.

Este sábado 6 convocamos al acampe en Choele Choel, donde confluiremos luchadores y luchadoras exigiendo verdad, justicia y basta de impunidad. A las 19 hs se realizará una marcha por las calles de la localidad.

10 años sin Daniel. El Estado es responsable.

*En memoria de Gualberto Solano, papá de Daniel, quien muriera por la impunidad, buscando a su hijo.