El próximo sábado 25 de febrero el Plenario de Trabajadoras de Córdoba llevará adelante una asamblea preparatoria hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La convocatoria se da en el marco de un notable crecimiento de la violencia de género en la provincia, donde en el último año aumentó un 70% el número de femicidios. Mientras que en enero las cifras no descansaron, con dos femicidios y un transfemicidio, y volvieron a poner en alerta al movimiento de mujeres y diversidades, que viene sosteniendo acciones de lucha junto a víctimas y familiares, reclamando justicia y señalando la responsabilidad del Estado.

Queda expuesta la inacción de los organismos, tanto con las denuncias previas por violencia, como al momento de aplicar los protocolos de búsqueda, cuando las denuncias son por desaparición. El caso de la docente Anahí Bulnes expresa de conjunto este problema: el Estado no la buscó inmediatamente (está desparecida desde el 5 de diciembre de 2022), solo lo hizo cuando la familia salió a las calles; y el hombre que finalmente terminó detenido por su femicidio tenía una denuncia sobre sus espaldas que la Justicia cajoneó, nada más y nada menos que por violar a una nena de 10 años.

En este contexto y sin empacho, Diego Concha, exfuncionario y peso pesado del gobierno de la provincia, quien se encuentra detenido por abuso sexual seguido de muerte y violencia de género -por diversas denuncias-, busca la impunidad colocándose como “víctima del fundamentalismo feminista que está entronizado dentro los Tribunales de Córdoba”, nada más alejado de la realidad que padecen miles de mujeres, cuyas denuncias caen en saco roto.

El Estado no nos protege, no aborda a los violentos y, peor aún, traslada la responsabilidad de cuidado sobre las víctimas de estas situaciones, toda vez que pone en sus manos un botón antipánico sin controlar siquiera que el artefacto funcione. Son reiterados los testimonios de compañeras que lo activan y no obtienen respuesta alguna.

Las víctimas también ponen de relieve otras demandas pendientes, como la del cupo laboral travesti-trans que tanto anhelaba Sofia Bravo para acceder a otras oportunidades y salir de la prostitución. A sus 26 años, terminó víctima de un crimen de odio. La joven desapareció el 6 de enero en la localidad cordobesa de La Carlota y su cuerpo fue encontrado el 14, en unos pastizales de las afueras.

Sofía ya componía otra cifra, la de cientos y miles de mujeres, diversidades y niñeces afectadxs por la pobreza que alcanza a 4 de cada 10 personas en la provincia, principalmente en este grupo. Se trata del mismo territorio donde 1 de cada 10 habitantes directamente no tiene para comer, es indigente.

No hay que olvidar que en la gestión de Martín Llaryora, quien pretende ser el próximo gobernador por el oficialismo, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se negó efectivamente a la aprobación del cupo, y esta Municipalidad es una de las primeras precarizadoras del colectivo, mediante los Servidores Urbanos.

Evidentemente siguen un mismo libreto. De esto pueden dar cuenta las camareras del Paicor que están en pie de lucha por la reincorporación de las 90 despedidas. Son mujeres que prestaron servicio durante años en Río Tercero y fueron echadas por Whatsapp, por el gobierno de Juan Schiaretti, para avanzar con la tercerización y el vaciamiento del servicio esencial de comedores en las escuelas.

A su turno, también se preparan las docentes, en asambleas autoconvocadas, para luchar contra el techo salarial que quieren imponer el gobierno y la burocracia sindical. Recordemos que una maestra actualmente cobra poco más de $120.000, contando el incentivo, y según el Centro de Almaceneros Córdoba una familia necesitó en enero $171.000 para no ser pobre. El gobierno es responsable de la feminización de la pobreza en todas sus caras.

Aquí no hay grieta, por más que el oficialismo cordobés busque delimitarse del gobierno nacional es claro el carácter ajustador y precarizador que posee toda la clase que gobierna. En este cuadro se ubica el operativo policial y judicial que se impulsó en la provincia contra la movilización de las organizaciones sociales el pasado miércoles 15, con el festejo de las cámaras patronales.

Schiaretti suscribe al ataque contra los que enfrentan en las calles los 100.000 despidos efectuados por el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, en el Potenciar Trabajo. Lo hace cuando la provincia sostiene uno de los índices más altos de pobreza en el país y de este programa dependen miles de mujeres y niñxs en situación de extrema vulnerabilidad.

La lapicera es del FMI y tiene escribas en todo el arco político capitalista, que compiten por quién aplica mejor el ajuste fiscal, con inflación y tarifazos, criminalizando la pobreza de la que todos ellos son responsables. Mientras crece el descontento popular y las variantes más recalcitrantes buscan canalizarlo fomentando el odio contra los que luchan y proponiendo salidas que ya fracasaron.

Del mismo modo Milei y compañía buscan emparentar al movimiento de mujeres con las funcionarias puestas a dedo por el gobierno para que hagan de correa de trasmisión del brutal ataque a las condiciones de vida e integridad de las mujeres y diversidades. Sin embargo, quienes encabezan los ministerios, que son ejemplo de explotación laboral para el resto de las dependencias del Estado, se ubican indiscutiblemente como enemigas de las jefas de familia que no llegan a fin de mes.

El día internacional de lucha de las mujeres trabajadoras tenemos una oportunidad para que las luchas que ya se expresan en la provincia se concentren en un solo puño, con independencia política de los verdugos. Para prepararnos, el Plenario de Trabajadoras realizará una asamblea abierta en Plaza de la Intendencia, este sábado 25, a las 17 horas. El próximo 8 de marzo vamos a enfrentar la violencia, la pobreza y el ajuste, en las calles.