A partir de hoy rige la restricción a la publicidad de actos de Gobierno previos a los comicios de noviembre. De este modo, se dio por finalizada la etapa de anuncios oficiales pos Paso, por medio de los cuales el Frente de Todos pretendía recuperar votos luego de su derrota electoral. Lo cierto es que las nuevas medidas estuvieron destinadas a beneficiar principalmente a los empresarios; para los trabajadores solo hubieron migajas.

En ese período se acordó el nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil, que lo vuelve a dejar en cifras de indigencia ya que llegará a los $33.000 recién en febrero 2022. Por otro lado, el gobierno dispuso un bono de $5.000 para aquellos jubilados que cobran la mínima -de apenas $26.000- mientras continúa la pérdida de poder adquisitivo de los haberes al mantenerse la movilidad actual, que desindexa las jubilaciones del índice de inflación. La jubilación anticipada, por su parte, viene con una quita del 20%, cuando estamos hablando de trabajadores con 30 años de aportes.

A su turno, la elevación del piso de Ganancias a $175.000 mantiene intacta la cuarta categoría, es decir, volverá a gravar a la misma cantidad de trabajadores que antes a medida que vayan aumentando los salarios con el correr de las discusiones paritarias.

También se ha destacado por su inocuidad el lanzamiento de Mi Pieza, programa que otorga entre $100 mil y $240 mil a las mujeres que habiten en una villa o asentamiento y necesiten realizar alguna obra de construcción en su vivienda. No hace falta poner de relieve lo irrisorio del monto en cuestión, considerando que con $240 mil no se puede construir ninguna pieza, al menos que el gobierno pretenda resolver la carencia habitacional de las mujeres con dinero que solo alcanza para construir dos metros cuadrados.

Por otra parte, el complemento anunciado de hasta $5.000 para las asignaciones familiares que cobran algunos trabajadores registrados (Suaf) apenas cubre un sexto del valor de la Canasta Alimentaria. La misma mezquindad podemos observar en los $5.000 por única vez que cobrarán los jóvenes de menos recursos para utilizarlos en consumos culturales.

El gobierno hasta último momento generó expectativas con la posibilidad de un nuevo IFE, sin embargo, terminó descartando la iniciativa, mostrando hasta qué punto está dispuesto a llevar adelante las pautas de ajuste delineadas por el FMI. A su vez, la versión de que se venía un aumento de la AUH tampoco se constató; en su lugar, el oficialismo habilitó que el monto de la Tarjeta Alimentar pudiera ser usado en la compra de otros productos, llevando al extremo su política de repartir la miseria.

Los grandes ganadores de los anuncios del gobierno fueron sin lugar a dudas los capitalistas. Para empezar, en el último mes se liberó el cepo a la carne para las ventas a China, en beneficio de los pulpos exportadores, y se eliminaron las retenciones a la exportación de servicios, donde interviene la denominada Economía del Conocimiento, y al incremental de las ventas al exterior de la industria automotriz a partir de 2022.

Por otra parte, se flexibilizó el cepo cambiario para aquellas firmas que “amplíen su unidad de negocios”, a la vez que los instrumentos financieros dejaron de tributar Ganancias y Bienes Personales. También se renovó en los últimos días el régimen de exenciones impositivas que rige en el complejo industrial de Tierra del Fuego, y, para agregar, el gobierno le acaba de conceder una zona franca en Santa Cruz a la empresa London Supply.

Entre los nuevos “incentivos” patronales figuraron subsidios de todo tipo, sin ir más lejos, el gobierno se acaba de comprometer a abonar parte de los salarios del sector gastronómico y de la construcción -y eximirlos por dos años de aportes patronales- en caso de que los empresarios de estos rubros contraten a beneficiarios de programas sociales, bajo el pretexto de “convertir planes en puestos de trabajo”. En la misma línea, la iniciativa “Registradas”, que fue presentada como una política para combatir la informalidad laboral de las trabajadoras de casas particulares, no hace más que beneficiar a los empleadores ya que el Estado absorbe parte de los salarios.

En el interín, Alberto Fernández le pagó casi USD 1.900 millones al FMI y presentó los proyectos de ley de Hidrocarburos y Agroindustria, que proporcionan enormes ventajas a los pulpos petroleros y al capital agrario respectivamente.

Como vemos, las medidas destinadas a “poner plata en el bolsillo popular” fueron insignificantes, mientras que se multiplicaron las prebendas para la clase capitalista. Una síntesis de cuáles son las prioridades del gobierno, responsable de hundir en la pobreza a la población trabajadora con sus políticas de ajuste. Ajuste que profundizará luego del acuerdo con el FMI al que pretende arribar próximamente, tal como adelanta el Presupuesto 2022, que contará con el voto favorable tanto del bloque oficial como de la oposición patronal, y únicamente los parlamentarios del Frente de Izquierda Unidad rechazarán esta embestida.

Debemos organizarnos para enfrentar esta orientación y construir una salida a la crisis por parte de los trabajadores. Esto implica luchar por un salario y jubilación mínima equivalente a $100.000, por paritarias indexadas a la inflación, trabajo genuino, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo. Romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y nacionalizar bajo control obrero la banca, la industria energética y el comercio exterior son planteos constitutivos de este programa de reorganización social sobre nuevas bases, que defendemos desde la izquierda.

 

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