Este jueves, miles de compañeros de los barrios más empobrecidos de todo el país ganarán la calle para volver a colocar en la agenda el reclamo contra el hambre que avanza en los barrios. Con epicentro en la movilización que partirá de Avellaneda para llegar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, será la respuesta de lucha a una situación gravísima, con índices de pobreza superando el 44% entre la totalidad de la población y con un 10% de la población bajo la línea de indigencia (sin tener para comer).  Con una crisis habitacional que va avanzando de la mano de los desalojos y de la gran masa de la población que perdió la capacidad de pagar un alquiler. Con el 60% de los niños y jóvenes menores a 17 años bajo la línea de pobreza, una realidad para la cual los gobiernos que se apuran a volver a las aulas sin garantizar las condiciones mínimas, no tienen ninguna salida.

Esta crisis se agrava. El aumento de precios de los alimentos en enero llegó al 4,8% y acumula desde enero del 2020 un 42,3%. Una parte de esta suba de los precios de los alimentos está empujada por el alza internacional de los precios de los productos que la argentina exporta, como el trigo, la soja, el maíz o la carne. El aumento en los cereales pega fuerte también en los precios del pollo. Es, entonces, una transferencia neta de ingresos de los más pobres a los sectores más concentrados del capital agrario. Después de cacarear con un alza minúscula de retenciones, el gobierno terminó por no tomar ninguna medida frente a la suba, convalidando este golpe a los trabajadores. Otra parte de los aumentos de precios es el resultado de la devaluación de la moneda, que el gobierno impulsa mes a mes, de los aumentos a la nafta que golpean en toda la cadena económica, y de la emisión monetaria para el pago de la deuda o las Leliqs que rinden tasas siderales en los bancos. Si a ello se le suma haber eliminado el IFE, tenemos un combo en el cual la política del gobierno es directamente responsable de la miseria social.

Por eso en los barrios y también entre las organizaciones sociales incluso oficialistas, se extiende el descontento. Este descontento abarca la medida de enviar a organizaciones sociales a controlar los precios, algo que estaría muy bien si se abrieran los libros y los costos al control popular las cuentas de todas las cadenas de comercialización. En cambio, disfrazar de control popular el acto de mirar los precios en las góndolas es una maniobra distraccionista que constituye una tomada de pelo a los compañeros.

Cepo a las paritarias

Hay que mirar en este cuadro el intento de encorsetar las paritarias en curso, que el propio gobierno y la burocracia sindical quieren cerrar entre cuatro paredes, sin participación alguna de los trabajadores. Por un lado, porque millones de trabajadores, incluso en blanco, están por debajo de la línea de pobreza, con salarios que arañan los 30 o 40 mil pesos, cuando la canasta básica superó en enero los $56.400. Los docentes tienen, por ejemplo, un salario inicial de $27.500, con lo cual no alcanzan dos cargos para llegar a la misma. Por otro, porque el decreto de prohibición de despidos no ha impedido la pérdida masiva de fuentes de trabajo, comenzando por los trabajadores en negro y siguiendo que los despidos de personal bajo convenio. Esto ocurre incluso bajo la órbita del La Cámpora, que despide personal en Aerolíneas sin empachos. Obviamente, con los despidos, las patronales pretenden extorsionar en función de aceptar rebajas salariales. 1,9 millones de trabajadores han perdido su puesto en 2020. Por los dos lados, desempleo y miseria salarial, se alimenta una situación social crítica.

El retroceso salarial en la Argentina es fenomenal. Tomando el índice Ripte, la caída acumula un 17% entre 2018 y 2021, pero de acuerdo a consultoras llega al 25%. En 2020, de acuerdo a Ecolatina, los privados bajo convenio perdieron un 1,6%, los estatales, 6,1 y los trabajadores en negro en torno al 8%, además de que en este sector hubo una caída del empleo del orden del 23%. La caída es mucho mayor a la del PBI, lo que indica que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional ha retrocedido en favor de las ganancias patronales.

Mirando este panorama general, las reuniones del gobierno con las representaciones sindicales y empresariales fue una muestra de cinismo completo. La burocracia sindical salió “conforme” con la promesa de apuntar a una recuperación de 4 puntos del salario, pero tomando una pauta inflacionaria del 29%, muy por debajo de las proyecciones que llegan al 45%. Aunque estos supuestos 4 puntos tampoco están. La paritaria de la Bancaria fue del 29%, no cubrirá la inflación y todos sabemos que las cláusulas de “revisión” en muchos casos no se cumplen, y por ejemplo, en el caso de Aceiteros requirió una huelga de 22 días para que se dieran los aumentos con retraso de la revisión 2020. CTERA y el resto de la burocracia sindical docente comienzan la discusión paritaria con el parámetro del 29% en la paritaria nacional docente ¡Sobre un sueldo inicial de 27.500 pesos! Una miseria que ningún docente podría convalidar en asamblea.

En la discusión salarial se cuela la cuestión de Ganancias, el bien llamado Impuesto al Salario. El gobierno presentó un proyecto que alivia el pago hasta salarios netos de 123.000 pesos. Deja en pie buena parte del pago de Ganancias por salarios, cuando está claro y lo hemos reclamado históricamente, que el salario no es ganancia y por lo tanto no debería tributar como tal. Pero además, la burocracia calcula la reducción de ganancias como un factor que pesará en las paritarias. De esta forma, se quita presión a las patronales, que se embolsarán parte de la suma de ganancias que dejará de pagarse por la vía de una rebaja en los aumentos. Nuestro reclamo en el movimiento obrero y en el parlamento (donde tenemos proyecto del Partido Obrero) es la abolición de Ganancias en los salarios.

Esta situación social golpea fuertemente en todos los aspectos. Afecta en primer lugar y especialmente a las mujeres, que con los trabajos más precarios vieron especialmente golpeados sus ingresos y agravada la brecha laboral de género. Las trabajadoras de casas particulares denunciaron los golpes de la crisis y la pandemia sobre las mujeres más explotadas. Este deterioro es inseparable del crecimiento de la violencia doméstica, amparada por el Estado y la Justicia, pero sostenida en la imposibilidad de millones de mujeres de emanciparse económicamente de relaciones violentas. Mujeres que, además sostienen con sus tareas de cuidado al 60% de la juventud y la infancia que no alcanza la línea de pobreza. Como se ve, el planteo de la responsabilidad del Estado en la violencia contra la mujer es de fondo. Es un problema que no es simplemente resoluble con una reforma de la Justicia, porque el Estado es sostén de relaciones de clases que son el pilar de este sometimiento.

La situación crítica afecta, por supuesto, al sistema educativo. Que marcha a comenzar las clases con docentes con salarios por debajo de la canasta familiar, recortes de infraestructura, y sin condiciones sanitarias para evitar los contagios. Sobre estos docentes, maltratados en cadena nacional por todas las fuerzas políticas del sistema y expuestos a los contagios por la falta de recursos y protocolos apropiados del gobierno nacional y los provinciales, se descarga la tarea de reescolarizar, sin recursos, a una masa de millones de niños y jóvenes que abandonaron sus estudios en 2020 sin ni siquiera el apoyo de conectividad gratuita, ni de computadoras para poder garantizar una continuidad mínima.

Los reclamos docentes se abren paso a pesar de la dirección oficialista de CTERA que avala toda esta política de destrucción de la escuela pública. En el paro de Ademys en Capital, en las asambleas de los SUTEBAs combativos, en las movilizaciones y asambleas en Chubut, Neuquén, Mendoza, Salta, Santa Cruz o Tucumán la docencia planta bandera y marcha a procesos de lucha en defensa del salario y las condiciones aptas para enseñar y aprender. Todos estos reclamos tendrán una expresión destacada en el próximo congreso de Tribuna Docente, en el cual centenares de delegados y activistas debatirán esta situación. Otro tanto ocurre con la salud pública, golpeada por recortes salariales contra los trabajadores que llevan adelante el trabajo más duro en la primera línea de combate a la pandemia. Marchamos el 27 de febrero al plenario nacional de Tribuna de Salud para organizar agrupaciones combativas en los hospitales y centros de salud en todo el país.

Los ajustes en salud o educación, la eliminación del magro IFE de tres pagos de 10.000 pesos en 2020, la falta de un plan de obra pública que sería parte elemental de una reactivación económica, responden a la intención, del gobierno, de ajustar el gasto público para llegar a un acuerdo con el FMI y generar las condiciones de repago a los bonistas. Mientras se hunden los trabajadores, los bonistas se embolsaron, en 2020, 700.000 millones de pesos de intereses de Leliq. Los reclamos de las masas son incompatibles con las exigencias del capital financiero, que el gobierno cumple al pie de la letra.

El otro aspecto central que hace a los ingresos masivos de la población trabajadora son las jubilaciones y la movilidad, que abarca a 18 millones de personas, puesto que alcanza la AUH, la prestación universal de adultos mayores, los planes sociales y otras prestaciones. Pues bien, en marzo, la próxima actualización, será del 8% cuando la inflación del primer trimestre del año se estima entre 10 y 12% (El Cronista, 17/2), confirmando que la nueva movilidad está al servicio del ajuste fiscal del FMI, agravando la pobreza en el país. Reclamamos que la base sea la inflación real, lo que constituye otra bandera fundamental del movimiento obrero abandonada por la burocracia.

Hay que quebrar esta política de miseria. El camino lo marca el SUTNA, con su paritaria en 2020 por sobre la inflación, o los aceiteros que con piquetes y huelga general conquistaron un básico de 96.000 pesos. Este es el valor de piso de la verdadera canasta familiar por estas horas, aunque un reciente cálculo en CABA la ubica en torno a los $120.000. El camino para quebrar este ajuste lo marca también, por supuesto, la jornada de lucha del movimiento piquetero.

Planteamos intervenir organizando asambleas en todos los lugares de trabajo para votar pliegos de reclamos, por un salario básico igual a la canasta familiar y actualización automática por costo de vida como máximo trimestralmente. Por asambleas generales de cada gremio y por paritarios electos en asamblea, y revocables para arrancarle a la burocracia el control de las negociaciones paritarias. Por paritarias libres, contra el cepo al salario. Contra los despidos, por la apertura de cuentas y el control obrero de las empresas que amenacen con despedir o cerrar y su ocupación por parte de los trabajadores. Por la eliminación del IVA y el impuesto al salario. Por la unidad entre los trabajadores ocupados y los desocupados: seguro al desocupado de $30000, salario mínimo vital y móvil, de alcance universal, cuyo monto no debe bajar de la línea de pobreza, plan de obra pública bajo control de los trabajadores para resolver las necesidades urgentes de los barrios y terminar con la desocupación, reparto, en cada gremio, de las horas de trabajo sin afectar el salario.

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